
Mientras el verano calienta California y la vida cotidiana busca su curso entre la incertidumbre, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) acaba de comunicar una noticia que remueve a muchas familias inmigrantes: el condado de Kern contará con un nuevo centro de detención, cuya capacidad será de hasta 2,500 personas. Este centro no será uno más en el estado, pues tiene previsto convertirse en el de mayor dimensión en California.
Esto no es un simple movimiento logístico. Este nuevo plan representa una intensificación clara del enfoque represivo de ICE, justo en un momento en que la comunidad latina en California está más vulnerable que nunca. La noticia ya ha desatado protestas, comunicados de organizaciones y preocupación genuina entre que viven o trabajan cerca de California City.

UN CONTRATO MILLONARIO QUE REAVIVA VIEJOS TEMORES
La instalación, una antigua cárcel estatal cerrada en marzo de 2024, será remodelada gracias a un contrato de US$10 millones firmado entre ICE y la empresa CoreCivic, conocida por administrar prisiones privadas en todo EE.UU. La remodelación no solo ampliaría la infraestructura migratoria de ICE, sino que pondría a esta ciudad, ubicada a unas 100 millas al norte de Los Ángeles, en el centro del mapa nacional en materia de detención de inmigrantes.
Con este nuevo centro, el condado de Kern pasaría a tener tres centros de detención, sumando a los ya existentes Golden State Annex y Mesa Verde. Muchos activistas lo ven como una amenaza directa a comunidades ya golpeadas por años de políticas migratorias agresivas.
LA COMUNIDAD ALZA LA VOZ
Desde el momento en que se hizo público el plan, comenzaron las reacciones. Organizaciones como la Red de Respuesta Rápida del Condado de Kern han salido al frente, pidiendo que las autoridades —locales, estatales y federales— frenen este proyecto y prioricen la salud, la seguridad pública y el bienestar comunitario.
Durante una rueda de prensa reciente, Marcela Hernández, directora de Fortalecimiento de Capacidades en Detention Watch Network, fue contundente:
“La detención migratoria alimenta más represión, desgarra familias y desestabiliza comunidades. En lugar de inyectar miles de millones en operaciones de ICE que siembran miedo, queremos educación, vivienda digna, salud y una infraestructura resiliente al clima. ¡Inviertan en comunidades, no en jaulas!”.
UNA EMPRESA CON UN HISTORIAL CUESTIONADO
Una de las grandes preocupaciones es que el nuevo centro estaría administrado por CoreCivic, una compañía que ya cuenta con 82 instalaciones en todo Estados Unidos. Aunque tiene contratos millonarios con el gobierno federal, líderes comunitarios recuerdan que esta empresa arrastra un historial de abusos, negligencia médica, falta de personal y condiciones laborales inseguras.
Rosa López, asesora política senior y organizadora con ACLU SoCal en Kern, expresó lo siguiente: “Estas instalaciones han sido vinculadas a muertes de internos, negligencia médica, condiciones laborales inseguras y trabajo forzado, todo en nombre de las ganancias”.
De acuerdo con Los Ángeles Times, se estima que un poco más de 13 personas han muerto este año en los centros de detención manejados por CoreCivic.
LAS VOCES DESDE DENTRO DE CALIFORNIA CITY
La tensión también se siente entre los propios residentes. Sarah Rodríguez, vecina de California City, fue tajante durante una manifestación: “Creo que esto es un mal uso del dinero de los contribuyentes y que los fondos deberían destinarse a nuestras escuelas y programas juveniles”.
Sin embargo, no todos están en contra. La promesa de 550 empleos y US$2 millones anuales en impuestos ha seducido a algunos sectores, incluyendo a la alcaldía local. Marquette Hawkins, alcalde de California City, reconoció que su gobierno no tiene jurisdicción directa para frenar el proyecto, aunque prometió mantenerse vigilante y actuar en defensa de la “amplia población latina” del área.
Una voz histórica que se ha sumado al rechazo es la de Dolores Huerta, ícono de los derechos civiles. En una declaración reciente, fue categórica al decir que lo urgente no es expandir centros de detención, sino “destinar recursos a infraestructura, salud y educación, no a encierros masivos que deshumanizan”.
UN MOVIMIENTO QUE CRECE EN TODO EL ESTADO
En los últimos días, las protestas se han intensificado. Las calles de California City han visto marchas, reuniones comunitarias y sesiones públicas en el ayuntamiento, donde la gente exige transparencia. Lo que más se cuestiona no es solo la presencia de ICE, sino la forma en que este contrato se firmó, sin consulta pública ni evaluaciones de impacto social.
Las organizaciones reiteran que no permitirán que comunidades rurales como California City se conviertan en laboratorios del lucro carcelario, solo por su aislamiento o necesidad económica. El llamado es claro: detener la construcción y abrir un diálogo real con la comunidad.
