Donald Trump es el actual presidente de los Estados Unidos (Foto: AFP)
Donald Trump es el actual presidente de los Estados Unidos (Foto: AFP)
Donald Trump es el actual presidente de los Estados Unidos (Foto: AFP)

La incertidumbre y preocupación crecen entre numerosas personas ante la noticia reciente de que el gobierno de Donald Trump podría reactivar una medida con duras sanciones económicas para inmigrantes con órdenes de deportación. Esta situación afecta directamente a millones de inmigrantes que han vivido por años en Estados Unidos, muchos buscando regularizar su estatus y otros simplemente tratando de subsistir en un sistema que a menudo les resulta adverso. No sorprende, por tanto, que las políticas migratorias de Trump hayan sido siempre un foco constante de debate.

En este escenario, es importante entender qué implica realmente esta medida, cómo afectaría a aquellos que se encuentran en esa delicada situación y qué otras consecuencias podrían enfrentar. Lo más preocupante no solo es la cantidad que se podría llegar a pagar por día en concepto de multas, sino las implicaciones que tendría no poder cumplir con esas sanciones. Vamos a desglosarlo un poco más.

MULTAS DIARIAS

El gobierno de Trump, al parecer, estaría interesado en reactivar una política que ya se encuentra en la ley desde 1996, pero que se aplicó con más rigor en su administración en 2018. ¿De qué hablamos? De una multa diaria que podría llegar a ser de hasta US$998 para aquellos inmigrantes con órdenes de deportación que no se han ido del país. Lo más impresionante de todo es que estas se aplicarían retroactivamente. Es decir, una persona que haya tenido una orden de deportación desde 2020 podría terminar con una infracción que supera los US$1,8 millones. Sí, leíste bien: millones de dólares por no haber cumplido con una orden.

Es complicado imaginar el peso de una deuda como esa. Las multas diarias por permanecer en el país podrían generar una acumulación tan grande que se convertiría en una carga imposible de pagar. Para muchos inmigrantes, que ya viven en condiciones difíciles, esta medida podría ser devastadora.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene firme en sus políticas contra la migración ilegal en su país (Foto: AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene firme en sus políticas contra la migración ilegal en su país (Foto: AFP)

¿CONFISCACIÓN DE BIENES?

Pero las consecuencias no se quedarían solo en el tema de las cifras. En caso de que alguien no pueda pagar esas multas, hay una posible confiscación de bienes personales. Esto quiere decir que el gobierno podría embargar propiedades o bienes de valor para tratar de recuperar el dinero que no se pagó. Este proceso de cobro sería gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional y podría afectar a muchas familias que, en muchos casos, ya se encuentran en situaciones vulnerables.

La posibilidad de perder una casa, un automóvil o cualquier otra propiedad puede ser un golpe muy fuerte para aquellos que han estado en Estados Unidos durante años, trabajando, criando a sus hijos y construyendo una vida. Imagina lo difícil que sería para un núcleo de parentesco que no tiene acceso a recursos legales o financieros enfrentar algo así.

¿QUIÉNES ESTÁN EN LA MIRA?

Se estima que esta política podría impactar a unos 1,4 millones de inmigrantes indocumentados que tienen órdenes de deportación en todo el país. Esta es una cifra enorme, y demuestra la magnitud del problema que se podría generar si la política se reactiva. Para estos inmigrantes, el temor de ser alcanzados por esta medida es real, especialmente porque no existe una salida clara en muchos casos. La idea de vivir bajo la amenaza de una deuda tan alta o la pérdida de sus bienes podría ser una pesadilla.

Aunque el gobierno tiene buenas intenciones de implementar esta medida para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias, la realidad es que la situación es mucho más compleja de lo que parece en los papeles.

¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO?

Implementar una medida de esta envergadura no es tan sencillo como parece. Según informes, el gobierno necesitaría contar con al menos 1,000 auxiliares judiciales adicionales, ya que actualmente solo hay alrededor de 300 disponibles para gestionar todo el proceso. Esto plantea una dificultad logística significativa, ya que se tendría que movilizar una gran cantidad de recursos para aplicar la ley a una población tan extensa.

Es posible que se enfrenten a problemas para coordinar y aplicar las multas de manera efectiva. Además, ¿qué pasaría con las personas que no tienen acceso a recursos legales o que no pueden entender cómo funciona el sistema? La brecha entre quienes tienen medios para defenderse y quienes no, podría aumentar, generando aún más tensiones.

CONSEJOS PARA LOS AFECTADOS: ¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Si eres una persona que se encuentra en esta situación o conoces a alguien que podría verse afectado, lo más importante es actuar con prudencia. Consultar con un abogado especializado en inmigración es esencial para evitar tomar decisiones precipitadas que puedan empeorar la situación. Como dijo el abogado Avelino González, “si ya estás deportado con una orden final, no vas a tener vida en este país”, lo que resalta la importancia de buscar soluciones legales antes de hacer movimientos arriesgados.

Lo peor que podría suceder es tomar decisiones impulsivas, como sacar dinero del banco o vender propiedades sin tener claro el panorama legal. Siempre es mejor estar bien informado y asesorado por expertos antes de actuar.

Muchos inmigrantes están siendo deportados de Estados Unidos (Foto: AFP)
Muchos inmigrantes están siendo deportados de Estados Unidos (Foto: AFP)