La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos implementará un estricto cambio en la verificación de identidad a partir del 31 de marzo, buscando mitigar fraudes de depósito directo que han desviado más de $100 millones anuales de beneficios esenciales para miles de ciudadanos. Esto podría generar un aumento en el tráfico a las oficinas del Seguro Social y tiempos de espera más largos para los usuarios. La decisión ha generado tanto esperanza como preocupación entre los beneficiarios y las organizaciones que los representan.
Un cartel de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos se ve afuera de su sede en Woodlawn, Maryland (Foto: EFE)
UN GOLPE AL FRAUDE DE IDENTIDAD
La SSA ha sido víctima de una ola de fraudes relacionados con el depósito directo en la última década. Entre enero de 2013 y mayo de 2018, estafadores lograron desviar US$33,5 millones en beneficios de más de 20,000 beneficiarios mediante cambios no autorizados en la información de depósito directo.
A pesar de que la agencia logró interceptar US$23,9 millones adicionales antes de que fueran emitidos los pagos, las pérdidas continúan ascendiendo a más de US$100 millones por año. El comisionado interino de la SSA, Lee Dudek, afirmó haber presenciado de primera mano el impacto devastador de estos fraudes en los beneficiarios, muchos de los cuales dependen exclusivamente de esos ingresos para sobrevivir.
ADIÓS A LAS PREGUNTAS DE SEGURIDAD
Uno de los cambios más importantes será la eliminación de la autenticación basada en el conocimiento, que utiliza preguntas personales como el apellido de soltera de la madre o la dirección anterior para verificar la identidad. Dudek señaló que debido a múltiples filtraciones de datos de empresas privadas, esta información se ha vuelto demasiado accesible para los estafadores. La nueva verificación de identidad será más rigurosa y requerirá una combinación de métodos digitales y presenciales para garantizar la autenticidad de las solicitudes.
Es más probable que tengas que hacer una visita a tu oficina del Seguro Social para realizar ciertos trámites (Foto: AFP)
MÁS VISITAS A LAS OFICINAS LOCALES
La SSA estima que las nuevas medidas podrían aumentar el tráfico peatonal a las oficinas en todo el país entre 75,000 y 85,000 visitantes adicionales por semana. Para facilitar el proceso, la agencia recomienda que los beneficiarios programen una cita en persona para presentar nuevas solicitudes o realizar cambios en la información de depósito directo.
Aunque algunos procedimientos podrán realizarse por teléfono o en línea, la verificación final de identidad deberá hacerse en persona, lo que podría convertirse en una carga adicional para ciertos beneficiarios, especialmente aquellos que viven en zonas rurales o tienen problemas de movilidad.
La AARP, una organización que representa a los estadounidenses mayores de 50 años, expresó su preocupación por el impacto de estas nuevas medidas. Nancy LeaMond, directora de Defensa y Participación de la AARP, señaló que los cambios podrían generar “más problemas y tiempos de espera más largos para resolver las necesidades rutinarias de servicio al cliente”. También criticó la rapidez con la que se ha implementado la medida, calificándola de “sorpresa total” y acusando a la SSA de falta de transparencia al no consultar con los beneficiarios antes de tomar la decisión.
EL IMPACTO DEL CIERRE DE OFICINAS
La situación podría complicarse aún más debido a la decisión del Departamento de Eficiencia Gubernamental de cerrar aproximadamente 47 oficinas del Seguro Social en todo el país. Con menos oficinas disponibles y un aumento proyectado en la demanda de servicios presenciales, es probable que los tiempos de espera y las dificultades para obtener una cita aumenten significativamente. Además, el número de atención telefónica del Seguro Social ya ha estado experimentando largos tiempos de espera, lo que podría empeorar la experiencia de los beneficiarios.
No todo son malas noticias. La SSA también ha anunciado que el procesamiento de las solicitudes de cambio de depósito directo será más rápido, reduciéndose de los 30 días habituales a solo un día hábil. Esta medida busca garantizar que los beneficiarios reciban sus pagos de manera más eficiente y sin interrupciones, especialmente en casos de emergencia o necesidad urgente.
Dudek ha reconocido las preocupaciones de las organizaciones de defensa y de los beneficiarios. En una conferencia de prensa reciente, afirmó estar dispuesto a reunirse con los defensores de los beneficiarios para explorar formas de mejorar el acceso y la experiencia de los ciudadanos. “Si esto va en detrimento de los ciudadanos a quienes servimos, entonces tomaremos las medidas necesarias para mejorar esos servicios”, declaró Dudek.
