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En el 2001, el Tribunal Constitucional (TC) en el llamado caso Telefónica estableció que el derecho a la protección contra el despido arbitrario se entiende como la obligación de la empresa de sustentar los motivos para que cese al trabajador.
En caso contrario, el trabajador logrará su reposición o estabilidad laboral (Exp. N° 1124-2001-AA-TC).
Así, el TC desarrolló en sucesivos casos los tipos de despidos que daban lugar a la reposición: el despido incausado (sin motivo), el despido fraudulento (motivos inventados) o el despido nulo (embarazo y otros). (Exp. N° 0976-2001-AA/TC y otros).
Por esa razón, algunos laboralistas opinaron que el TC encareció el costo del despido, pues aun cuando la empresa pague la indemnización por despido el trabajador podía obtener su reposición judicial.
El año pasado, el TC cambió su conformación, y algunos expertos sostienen la posibilidad de iniciar un nuevo caso judicial, con el fin de modificar estos precedentes obligatorios y flexibilizar el despido solo con el pago de la indemnización.
Sin embargo, el laboralista Jorge Toyama considera que este camino es inviable, ya que la actual conformación del TC ratificó los precedentes anteriores (Exp. 3070-2013-PA-TC). En este fallo, el trabajador alegó la vulneración a una adecuada protección contra el despido, pero el TC no cambió de criterio validando la reposición, detalló.
Alternativa complicada
Para Toyama, la única posibilidad para retirar la reposición laboral (o estabilidad) en el país, es un cambio constitucional, pero esta es una tarea muy difícil ya que se requiere de dos legislaturas y un gran consenso.
La protección adecuada antes del caso Telefónica se entendía como el pago de una indemnización equivalente a 1.5 sueldos por año laborado con el tope de 12 remuneraciones (8 años).
LGT. Fuentes del sector revelaron que el informe técnico que analiza la viabilidad económica del proyecto de Ley General del Trabajo (LGT), y que el exministro de Trabajo Fredy Otárola aseguró remitió al Congreso, concluyó a favor de la aprobación de dicha ley, y que en los puntos críticos (20% de normas no consensuadas) es muy cercano al sector sindical, elevando el monto de la indemnización por despido (18 sueldos), entre otros.