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Hay un punto de partida que ayudaría a disminuir los conflictos entre las empresas extractivas y la población local: reconocer realmente que somos un país con una población indígena significativa. Que no es una realidad del pasado ni una invención interesada, y menos unos cuantos indigentes incivilizados. ¿Y qué es ser indígena? Desde hace tiempo, una serie de instrumentos jurídicos internacionales lo definen con criterios muy diferentes al color de la piel. Ya nada tiene que ver con el dicho de "todos tenemos de inga o de mandinga". Ahora el concepto se relaciona con un origen común, el territorio y la identidad cultural. Pero hay un elemento más que es clave: la autoidentificación (Convenio 169 de la OIT y Declaración sobre los Derechos Indígenas de NN.UU.).
En palabras de la Cepal, "son los pueblos y las personas que se consideran indígenas quienes deben autodefinirse como tales, como parte del derecho a la autodeterminación". Tan es esta la concepción moderna que en 16 de los 19 censos que se realizaron en América Latina desde el 2000, se buscó –a diferencia de antes– cuantificar a la población indígena, y en casi todos se usó la autoidentificación. El Perú fue el único que mantuvo el criterio lingüístico (censo del 2007), pero ya el INEI piensa hacer el cambio en el censo del 2017.
De acuerdo a dichos censos, la Cepal calcula que en 17 países de América Latina hay una población indígena cercana a 45 millones, el 8.3% del total (NN.UU. estima que es el 5% de la población mundial). El Perú aparece con más del 7%. Nacionalmente, tenemos 77 etnias indígenas y 18 familias lingüística. Qué más prueba, además, de esa presencia indígena que los terribles sucesos ocurridos en Bagua en el 2009 (se movilizaron cerca de 5,000 awajún wampis), o los constantes conflictos del mismo tipo.
Asumir nuestra realidad multicultural obliga a reconocer que en los conflictos sociales hay reivindicaciones muchas veces justificadas, porque se basan en derechos que hoy –guste o no– están contenidos en normas internacionales y nacionales. Derechos que tienen que ser armonizados con otros (inversión), pero no sacrificados en nombre de nada. En el caso de la propiedad, por ejemplo, debe lograrse compatibilizar la del Estado, la de las empresas y la de los pueblos indígenas. Más si en este último caso está asociada a la supervivencia física y cultural.No perdamos de vista que aún después de tantos años de bonanza y del shock de inversiones en actividades extractivas, la pobreza extrema entre los indígenas es el triple que el promedio nacional. Igual en mortalidad infantil, enfermedades graves y hasta en suicidio. No es gratuito que solo entre 1950 y 1997 se hayan extinguido 11 pueblos, con toda su riqueza cultural. De ahí la importancia del "derecho al beneficio", tanincomprendido.
Esta nueva visión implica desechar las explicaciones basadas en la teoría del complot del "curita rojo", perversas ONG o los rezagos de SL y el MRTA. Elementos que pueden darse en determinados casos, pero creer que es la causa principal, es falta de lucidez o querer pasar por encima de todo. Y es así que se pasaría a valorar mecanismos como la consulta (Convenio 169 de la OIT).
Hay un dato que puede ser interesante para ciertos sectores que se oponen a ella. Fue el ex primer ministro Alfonso de los Heros (quien por dignidad renunció a raíz del golpe del 5 de abril de 1992) el que impulsó inicialmente la aprobación del Convenio 169, y luego fue nada menos que Francisco Tudela quien lo sustentó ante el Congreso, consiguiendo su aprobación por unanimidad.