Los impuestos a las bebidas carbonatadas parecenestar funcionando

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Alrededor del mundo, los gobiernos y los fabricantes de bebidas carbonatadas están enfrascados en batallas por la aplicación de impuestos a dichos productos de consumo masivo. Hungría los grava desde el 2011, Francia, desde el 2012 (US$ 0.08 por litro) y México, desde el año pasado (US$ 0.06 por litro).

Chile y la ciudad de Berkeley (California) tienen medidas similares desde enero, Barbados desde junio y Dominica desde setiembre. La industria ha tenido algunas victorias en varios estados de Estados Unidos, en Eslovenia y en Dinamarca, que en el 2013 derogó su impuesto sobre las gaseosas y abandonó sus planes de un impuesto al azúcar.

Los gobiernos están implementando tales impuestos con la esperanza de reducir la obesidad y la incidencia de la diabetes, que cuestan a los contribuyentes enormes gastos en salud. Por ejemplo, los mexicanos son los cuartos consumidores de estas bebidas en el mundo y en el 2012, más del 70% de adultos y el 34% de niños entre 5 y 11 años tenían sobrepeso. Y la diabetes afecta al 12% de la población y fue la causa del 14% de muertes en el 2009.

La industria argumenta que no corresponde a los gobiernos decidir lo que la gente debe comer y beber. Agrega que es injusto culpar a las bebidas carbonatadas por los crecientes sedentarismo y glotonería del mundo.

Un asunto distinto es comprobar si los impuestos están teniendo algún efecto. A algunos les preocupa que los minoristas absorban el impuesto, con lo que se distorsionaría la señal que los gobiernos quieren emitir; y a otros, que la elevación de los precios no genere un cambio de hábitos de consumo sino que mengüe los ingresos de los pobres.

Pero es poca la evidencia que respalda estos temores. En Francia, casi la totalidad del impuesto fue trasladada al precio, en tanto que en México, los minoristas fueron más lejos pues encarecieron las gaseosas 30% por encima del valor real del impuesto. A su turno, el aumento de los precios parece haber afectado la demanda.

La embotelladora de Coca-Cola en México, Femsa, justificó la caída de sus ventas en el 2014 en el alza del precio que siguió a la introducción del impuesto. Un reporte del sector industrial mexicano indica que las ventas totales de gaseosas cayeron 1.9% el año pasado, cuando en los tres años previos habían crecido 3.2% anual en promedio.

Otro estudio, basado en encuestas a hogares, muestra un efecto aún más fuerte: el consumo de gaseosas cayó 6% durante el primer año de la aplicación del impuesto. Algunos datos sugieren que los mexicanos han optado por alternativas más saludables —según el citado reporte industrial, las ventas de agua embotellada se expandieron 5.2% en el 2014—.

No toda la evidencia es a favor del impuesto. El Instituto Tecnológico Autónomo de México, que ha colaborado con las embotelladoras en un reporte sobre los efectos del impuesto, halló que la reducción del consumo de gaseosas solamente ahorró un promedio de cinco calorías diarias y, además, que los pobres han perdido una porción mayor de su ingreso que los ricos debido al impuesto.

Sin embargo, de acuerdo con Barry Popkin, de la Universidad de Carolina del Norte, las familias de bajos ingresos fueron las más sensibles al impuesto y redujeron su consumo en 17% durante el primer año de su vigencia. Esto significa que los pobres obtendrán mayores beneficios de salubridad, algo que es especialmente relevante porque son los más afectados por la obesidad y la diabetes, y tienen menos acceso a los servicios de salud.

Si bien la evidencia académica sugiere que los impuestos a las gaseosas están funcionando según lo previsto, también indica que un mal diseño puede socavar muchos de los beneficios. Para empezar, se requiere un impuesto relativamente alto si se busca cambiar hábitos de consumo. En Estados Unidos, varios estados gravaron las gaseosas con tasas entre 3% y 7%, que ayudaron a elevar la recaudación pero solo tuvieron un impacto marginal en el consumo.

También es difícil aplicar un impuesto a las gaseosas cuando los consumidores pueden comprarlas fácilmente en otro lugar. Los minoristas de Berkeley trasladaron al precio menos de la mitad del impuesto porque, supuestamente, temían que la gente iría a las ciudades vecinas para hacer sus compras.

Los impuestos funcionan mejor si distinguen entre diferentes niveles de contenido de azúcar. El de Hungría, que también es aplicado a la sal y materias grasas, varía de acuerdo con la cantidad utilizada de ingrediente nocivo para la salud. Una evaluación del tributo encontró que el 40% de los fabricantes había ajustado sus recetas.

Esto concuerda con la nueva tendencia de la industria, que ha estado experimentando con bebidas menos azucaradas. Por ejemplo, Coca-Cola lanzó recientemente "Coca-Cola Life", hecha con una mezcla de azúcar y estevia, un edulcorante libre de calorías. Pero Francia también grava las bebidas dietéticas y México, a cualquiera que contenga azúcar, lo cual brinda a la industria escaso incentivo para elaborar productos más saludables.

Tales ejemplos pueden ayudar a los gobiernos a diseñar impuestos a las gaseosas más efectivos. Hay que tener en cuenta que estos tributos todavía no tienen mucho tiempo de vigencia como para evaluar su impacto sobre la salud pública. Cuando algún beneficio sea probado apropiadamente, hasta los políticos recelosos podrían convencerse de su eficacia.

Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez

© The Economist Newspaper Ltd,

London, 2015