En una zona remota de Panamá, donde la canoa motorizada es el principal medio de transporte, una inmaculada carretera asfaltada presagia la llegada de una infraestructura que muchos lugareños no desean. En febrero, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aprobó un proyecto de US$ 1,600 millones que contempla construir una presa en el río Indio e inundar las tierras de 630 familias que viven en la cuenca. En mayo, decenas de agricultores se lanzaron al río Indio en sus canoas, ondeando banderas panameñas, en protesta contra la decisión.
“Esta tierra es nuestro patrimonio y nuestro sustento”, expresó Olegario Cedeño, agricultor que cultiva café y plátanos. “No nos dieron ninguna oportunidad de debatir este proyecto”. Aunque Panamá es uno de los países más lluviosos del mundo, tiene un grave problema de abastecimiento de agua.
El lago Gatún, en el centro del país, fue creado en 1913 tras la construcción de una represa sobre el río Chagres y, junto con una serie de esclusas, forma parte del canal de Panamá, la vía navegable que utilizan los barcos para hacer el cruce en el istmo panameño entre el océano Pacífico y el mar Caribe.
Este lago no solo es la principal fuente de agua para las esclusas, sino también para las ciudades más grandes de Panamá, donde abastece a la mitad de la población. Durante las sequías, cuando baja el nivel de agua del lago Gatún (ha bajado más en los últimos años debido al cambio climático), se hace necesario reducir el número de cruces de barcos y cortar el flujo de agua hacia los grifos de los hogares panameños.
Panamá quedó en medio de un pulso internacional planteado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, por el control de su canal interoceánico.
Se supone que la construcción de una presa en el Indio solucionará estos problemas. Cedeño y los demás agricultores, que se oponen a ella, se enfrentan a adversarios muy poderosos.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, concuerda con la ACP en que la construcción de una presa en el Indio es la solución más eficaz. Este proyecto creará un nuevo embalse que reabastecerá el lago Gatún a través de un túnel de nueve kilómetros de longitud.
“Quienes se oponen a la presa del río Indio se oponen al progreso”, declaró Mulino. Además, el embalse beneficiará el comercio mundial. Alrededor del 40% del tráfico de contenedores hacia Estados Unidos pasa por el canal.
Cuando se interrumpen los cruces debido al nivel bajo de agua, los armadores deben decidir si prefieren esperar turno durante días, dar el largo rodeo por el cabo de Hornos o pagar la costosa prima de una subasta para poder atravesar.
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Las tarifas por esas franjas horarias son tan elevadas que, a pesar de la caída de un 29% en los tránsitos en 2024, los ingresos de la ACP se mantuvieron estables. Estados Unidos también quiere la presa. Los altísimos precios de las subastas son uno de los motivos que impulsaron la campaña de presión de Donald Trump a principios de este año.
El senador estadounidense Ted Cruz sintetizó esa preocupación en enero, cuando explicó que las elevadas tasas de tránsito en épocas de sequía afectan más a los estadounidenses que a nadie, ya que la mayor parte de la carga que pasa por el canal tiene como destino Estados Unidos.
Indicó que el único consuelo para los barcos retrasados sería que “Panamá invirtiera en más reservas de agua dulce en el futuro”. Ahora ese consuelo ha llegado. La ACP aprobó la presa poco después de la visita al canal en febrero de Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. La ACP niega que la presión de Estados Unidos haya influido en su decisión.
La presa era una prioridad mucho antes de que Trump fijara su mirada en Panamá. Al día siguiente de la toma de posesión de Mulino en julio de 2024, la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley de 2006 que había reducido los límites de la cuenca hidrográfica del canal administrado por la ACP. Con el Indio de nuevo bajo su control, la ACP puede invocar la Constitución de Panamá.
Trabajadores llevan a cabo labores de mantenimiento de rutina en las esclusas Pedro Miguel del Canal de Panamá, el viernes 30 de mayo de 2025, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)
“Según la Constitución, estamos obligados a proteger los recursos hídricos para el funcionamiento del canal y el agua potable para la población”, afirma Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la ACP. El reasentamiento de personas como Cedeño consumirá US$ 400 millones del presupuesto de la ACP para la presa. Espino de Marotta comenta que, durante el censo de la ACP en la región, el 85% de la población proporcionó información de forma voluntaria.
No obstante, tanto ella como sus colegas deben estar en guardia. Los panameños están nerviosos. El país se ha visto sacudido por protestas contra las reformas de seguridad social del gobierno, su tímida respuesta a la campaña de presión de Trump sobre el canal y su aparente plan de reabrir una gran mina de cobre.
Cedeño insiste en que la falta de participación de los locales en el proyecto constituye un incumplimiento del Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre derechos ambientales en América Latina del que Panamá es signatario.
Los agricultores sostienen que hay otra forma de satisfacer las necesidades del canal: un oleoducto de 100 kilómetros desde el embalse de Bayano, en el este del país. Con Trump encima de ellos, es poco probable que la ACP o Mulino les hagan caso.
