Superada la recesión del año pasado, este 2024 nos depara un escenario con mejores condiciones para el crecimiento de la economía. El Producto Bruto Interno (PBI) ha crecido en cuatro de los cinco primeros meses, lo que se traduce en un 2.94% de crecimiento hasta fines de mayo. Las previsiones oficiales y el consenso de los analistas económicos han mejorado.
El reto está en ir más allá del rebote estadístico para lograr que la economía tome una mayor viada y consolide una recuperación más vigorosa que permita reducir en menor tiempo la pobreza y vulnerabilidad.
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Factores de crecimiento
El desempeño del primer semestre del año sugiere que hay tres principales factores que permitirán un mayor crecimiento económico este 2024: disipación de shocks de oferta, inflación dentro del rango meta y mayor ejecución del presupuesto de gobiernos subnacionales.
El primero, la disipación de shocks de oferta (ausencia de fenómenos climatológicos), va a permitir que la pesca y la agricultura crezcan a mayores ritmos. De hecho, el último Marco Macroeconómico Multianual destaca a estas dos actividades como las que generarán mayor impulso en el periodo 2025-2027.
En sus proyecciones consideran que el sector agropecuario alcanzará niveles de 3.7% y la pesca de hasta el 7% el próximo año. A mayo, crecieron en 5.35% y 43.24%, respectivamente.
Segundo, en abril la inflación retornó a su rango meta después de más de dos años de presiones inflacionarias que la llevaron a un máximo de 8.8% en julio del 2022. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) la sitúa en 2.22% este año y en 2% el próximo.
Debido a la convergencia de la inflación al rango meta, las familias mejorarán su nivel adquisitivo y recuperarán su capacidad de gasto, considerando que entre los años 2019 y 2023 el ingreso real disminuyó en 10.2%.
Además, las reducciones de la tasa de interés de referencia (ocho desde agosto del 2023) fueron claves para empezar a reactivar el ciclo crediticio al sector privado. De hecho, en el primer trimestre de este año, el gasto privado creció 1.25% respecto del año anterior.
Las autoridades de los gobiernos locales y regionales ya transitaron por la curva de aprendizaje del primer año de gestión y tienen mayor experiencia, lo que les permite una mayor ejecución del presupuesto de inversión pública. Al cierre del primer semestre, la ejecución bordeó el 33% en los gobiernos locales y 36% en los regionales; una mejora sustancial respecto al 2023, donde al primer semestre del año apenas alcanzaron el 26% y 23%, respectivamente.
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Impulsar inversión privada
El nivel de confianza empresarial muestra claras señales de recuperación. A junio, cada indicador medido por el BCRP presenta una mejora respecto a junio del 2023, y cuatro de los siete indicadores ya están en el tramo optimista.
El desarrollo de proyectos emblemáticos como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el puerto de Chancay impulsan la recuperación de la inversión privada. De igual forma, los destrabes programados en minería e infraestructura que viene monitoreando el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este año (33 proyectos en total).
A julio, en el sector minero se planea un destrabe de inversión de US$ 4,719 millones en los proyectos de Mina Justa, Zafranal, San Gabriel, UM Raura y Cerro Corona. En infraestructura, los destrabes de la Línea 2, Chancay, Jorge Chávez, Salaverry y Enlace La Niña suman una inversión de US$ 6,724 millones.
Conspira contra esta recuperación la creciente vulneración de la seguridad jurídica ante acciones unilaterales de algunas autoridades, especialmente en el ámbito municipal y la elección de una mesa directiva del Congreso cuestionada.
Así, el BCRP espera que la inversión privada crezca en 2.3% este año. No obstante, esta tasa de crecimiento, aún insuficiente, puede verse afectada por la alta inestabilidad política y los constantes enfrentamientos entre los poderes del Estado.
Un indicador del Observatorio del Bicentenario de Videnza que evidencia lo anterior es el número de proyectos de ley aprobados por insistencia. Entre julio del 2021 y junio de este año, el Congreso aprobó 124 leyes por insistencia, un ratio de casi 42 por año. En todo el periodo anterior, entre el 2016 y 2021 se aprobaron 125 leyes por insistencia, 25 por año. Esto, en la práctica, evidencia un rompimiento del equilibrio de poderes. Se suma el debilitamiento de la institucionalidad democrática.
No es de extrañar que, según la encuesta “Desafíos y tendencias 2024 para las empresas de Latinoamérica”, elaborada por EY, casi la mitad de los empresarios en el Perú sitúen a la incertidumbre política local como el principal riesgo para los próximos años.
Si miramos al sector minero, se prevé una tasa de crecimiento de 6% para este año y de 3%, en promedio, para 2025-2027. Un proyecto de gran envergadura como Tía María, con una inversión potencial de US$ 1,400 millones, resulta bisagra también como una señal clave para la imagen del país como destino de la inversión privada en general, y para el destrabe de otros proyectos mineros en particular.
Retos pendientes
Pese al relativo optimismo actual en cuanto al crecimiento de la economía para este año, no pueden dejarse de lado aspectos económicos que preocupan. Uno es el innecesario gasto público y el populismo congresal que empiezan a afectar una de las principales fortalezas de nuestro modelo económico: la estabilidad de nuestras cuentas fiscales.
Sin ir más lejos, este mes se promulgó el Decreto Legislativo, con el que el MEF elevó la meta de déficit fiscal de 2% a 2.8% del PBI, y el de la deuda pública del sector público no financiero de 30% a 38% del PBI.
Con esto, el país posterga su consolidación fiscal al 2035. Además, se expone nuevamente a ver una caída en la clasificación de riesgo. El haber tramitado un crédito suplementario por S/ 3,000 millones al día después del relajamiento de las reglas fiscales no ayuda a recuperar el compromiso con la disciplina fiscal.
El desafío de cerrar brechas sociales no será posible con los actuales niveles de crecimiento. Persisten condiciones estructurales desfavorables de empleo que caracterizan al mercado: altos niveles de informalidad y un mayor subempleo. Los niveles de pobreza y pobreza extrema han aumentado por dos años consecutivos, un hecho sin precedentes en las últimas dos décadas.
A medida que nos vayamos acercando al proceso electoral, se debe mejorar la calidad de vida de la población para que esté menos dispuesta a ceder ante promesas electorales extremistas que claramente no resuelven los problemas de fondo.
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“Menos anuncios, más gestión”
Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto
El discurso presidencial debería enforcarse en implementar el marco normativo que aprobará con las nuevas facultades legislativas, y en priorizar la gestión de proyectos de inversión que estén en riesgo de paralizarse o sufrir retrasos.
Otro aspecto crucial será restablecer la credibilidad del manejo fiscal del país. Ofrecer mayor apoyo a la disciplina en el manejo de las cuentas públicas y blindar a la tecnocracia pública del populismo que prevalece en el país.
Por último, urge una acción más decidida para frenar el avance de la minería ilegal. Liderar una cruzada que plantee una estrategia integral que encare el fracaso de la formalización. Reformular las competencias que tienen las autoridades regionales sería un primer paso en la dirección correcta.
Todo lo anterior demanda un Ejecutivo menos permisivo con el Congreso. Que al menos opte por comprarse ciertos pleitos y no solo priorice su permanencia en el poder a cualquier costo.
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