La inseguridad ciudadana, reflejada por ejemplo en las extorsiones, continúa desbordándose en el país y alcanzando a diversos sectores económicos. En cinco distritos de la capital –Ancón, Puente Piedra, Los Olivos, San Martín de Porres (SMP) y San Juan de Lurigancho (SJL)–, empresas de transportes acataron un paro ayer, denunciando el incremento de las extorsiones y la poca capacidad de respuesta del Gobierno.
Fueron decenas de miles de personas que se afectaron ante esta medida durante todo el lunes. Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Integración de Transportistas se informó que este jueves 26 se replicaría debido a la inacción del Poder Ejecutivo. Solo en la capital, hasta el último fin de semana, sumaban tres fallecidos por este delito.
Radiografía
Desde el 2021, el número de víctimas de algún hecho delictivo ha crecido de manera constante hasta alcanzar al 27.7% de la población peruana de 15 años más, al cierre de este primer semestre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Al 2022, la incidencia fue de 22.9%, lo que quiere decir que, solo en los últimos 18 meses, casi 1.25 millones de personas se sumaron al grupo que reportó ser víctima de la delincuencia en los últimos 12 meses.
Sin embargo, en delitos como el secuestro y la extorsión las variaciones son mayores y resultan más preocupantes. En 2022, el 0.1% de la población reportó ser víctima de esta modalidad delictiva. Casi al cierre del 2023, la incidencia se duplicó hasta un 0.2% y, al cierre del primer semestre del 2024, ya subió a un 0.3%. Así, solo en el primer semestre del año, se tuvo un incremento del 50%, equivalente a 26,000 personas que se suman al grupo de agraviados.
Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), señaló que, a nivel nacional y en el 2024, el presupuesto per cápita en seguridad es de S/281. Las regiones de Lima y Callao son las que tienen el mayor valor con S/496 y S/313, respectivamente. En contraparte, Ayacucho y Cajamarca registran los más bajos con S/110 ambas.
Desde el CPC también reportaron que, entre las cinco regiones que tuvieron mayor gasto per cápita en seguridad, Tacna y Cusco evidenciaron una tasa de delincuencia superior a la cifra nacional (27.7%), con un 33,7% y un 36,7%, respectivamente.
Gustavo Meza, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), señaló que la mayor incidencia de extorsión y secuestro se ha dado en regiones como Madre de Dios, Ucayali y La Libertad. Esto se explica en que, en estas regiones, coexisten otras actividades ilegales, como la extracción de oro ilegal, explicó. “La extorsión viene acompañada de otros delitos”, agregó.
Costos
Meza recordó que, según datos de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en 2022 se realizaron alrededor de 2,400 millones de viajes en transporte público y solo el 20% se hizo mediante la red integrada (Metropolitano y Línea 1).
“Con estas paralizaciones, se observa un impacto inmediato en la productividad y el consumo. En Lima Metropolitana, tres de cada cuatro personas usan el transporte público. Con más de una paralización de los buses de transporte, se podría ver una afectación en el PBI de setiembre”, detalló.
El Banco Central de Reserva (BCR) recogió que, entre las principales consecuencias de la inseguridad, está el desánimo de las empresas, de la inversión privada, por expandirse, lo que frena directamente la generación de empleo. Por ejemplo, una encuesta realizada a bodegueros por el CPC, entre otros, reveló que casi el 84% apuntó a la inseguridad, los robos y la extorsión como el principal problema para hacer negocios y crecer.
En general, un reciente reporte del BCR señaló que los efectos económicos se evidencian en la pérdida de producción, el gasto de recursos públicos y privados para enfrentarlos y también en el debilitamiento de las instituciones y corrupción en el sistema.
“La relación entre la delincuencia y el crecimiento económico es bidireccional. Por un lado, el crimen puede reducir los incentivos a invertir, genera distorsiones en el consumo, reduce la productividad y genera costos al fisco. Por otro lado, el crecimiento económico en sí mismo puede ayudar a reducir los incentivos para las actividades criminales al crear más oportunidades económicas legítimas”, se mencionó en el documento.
De otro lado, un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró que un incremento del 30% en las tasas de homicidio reduce el crecimiento del PBI en 0,14 puntos porcentuales. El CPC recoge que las cinco regiones con el mayor incremento de victimización, en los últimos seis meses, mostró un crecimiento promedio de su Valor Agregado Bruto (VAB) de solo 0.3% entre 2019 y 2023.
Meza, de REDES, agregó que con un sistema formal integrado también se podría reducir los peligros en el ámbito vial.
Ante la inseguridad
Atendiendo la demanda de medidas para enfrentar la extorsión en el sector de transportes, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que se creará “un grupo especial” dedicado a atender este tipo de denuncias.
Al respecto, Rubén Vargas, experto en temas de crimen organizado, criticó este anuncio y señaló que evidencia la “miopía” del Gobierno para enfrentar una problemática que afecta a diversos sectores económicos.
“En general, nos hemos equivocado al analizar de manera aislada el fenómeno de la extorsión porque tiene que atenderse como un concepto de control territorial, en sus nuevas formas de delito, su nuevo modus operandi. Allí, además de la extorsión, hay secuestros, tráfico de drogas, trata de personas, entre otros”, observó.
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Vargas señaló que estos controles territoriales ocurren más cerca de lo que se podría creer. “En la Av. Javier Prado, Av. Universitaria, la carretera central, el distrito de Santa Anita, SJL, Ate, está presente”, comentó.
Para el experto en temas de crimen organizado, la real preocupación del Gobierno debería empezar porque el Ejecutivo presente una estrategia nacional y se fortalezca la capacidad y logística de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Cubas indicó que el cobro de cupos en el sector de transporte es una muestra del pobre manejo en la gestión de recursos para enfrentarla, evidenciando a su vez que no hay una priorización por combatir la delincuencia.
“En agosto del 2019 se gastaron S/5,000 millones y, en el mismo mes del 2024, la cifra fue de S/5,700 millones. Es decir, un incremento de 13%. Pero comparando con otros rubros es bajo. Por ejemplo, si vemos el incremento en el gasto de planillas del Congreso, en el mismo período de comparación, fue de 90%, casi se duplicó”, aseveró Cubas.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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