Durante 16 años marcados por destituciones presidenciales y escándalos políticos, Julio Velarde, el presidente del banco central de Perú, ha presidido una economía increíblemente resiliente. Pero la Constitución del país ahora amenaza con deshacer esos logros.
Esa Constitución, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, ayudó a salvar a la economía peruana del colapso en la década de 1990. Pero también introdujo una receta perfecta para la ingobernabilidad, permitiendo al Congreso del país remover presidentes casi sin obstáculos, mientras que también otorga poderes al presidente en turno para disolver el Congreso con facilidad.
El resultado es que desde el 2016, los peruanos han vivido seis presidencias, seis intentos de vacancia, una disolución del Congreso y un fallido intento de golpe de estado. Tres ex presidentes están en la cárcel, con denuncias que van desde rebelión hasta corrupción. En sus primeros 179 años, el Perú no vio ninguna destitución. Pero desde 1993, han habido siete procesos de vacancia.
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“Esas reglas de juego tienen que cambiar”, dijo Velarde en una entrevista con Bloomberg. “Hay cierto acuerdo que tienen que cambiarse pero, en verdad, ¿cómo se hace? En un caso el Congreso pierde algo de poder, en otro caso el presidente pierde algo de poder”.
La preocupación es que sin una reestructuración del sistema político peruano, se vuelve cada vez más difícil atraer inversiones a industrias que son vitales para el Perú y la economía global, desde el cobre hasta los arándanos.
El costo de esa inestabilidad ahora está muy claro, seis meses después de que el ex presidente Pedro Castillo intentara disolver el Congreso ilegalmente antes de ser vacado y arrestado.
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La volatilidad política que se generó llevó a la muerte de decenas de civiles y a la primera contracción económica que ve Perú desde la pandemia. Mientras los peruanos boicoteaban la economía en un intento de forzar la renuncia de la sucesora de Castillo, organizaciones de derechos humanos dicen que las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales en su intento de acallar las protestas y reiniciar la economía.
Desde entonces, el crecimiento económico se ha desplomado luego de estar en auge durante la mayor parte de este siglo. Las inversiones en la construcción de nuevas minas y la ampliación de las ya existentes han caído a un mínimo no visto en varios años. Se espera que Perú pierda su título como el segundo productor de cobre a nivel mundial para 2027. Las protestas contra el Gobierno destrozaron la economía a principios de año. El éxito económico del Perú a comienzos de este siglo no pudo prevenir que su sistema de salud colapsara durante la pandemia, llevando al país a la peor tasa de mortalidad per cápita del mundo. Hoy hay más de un millón de peruanos pobres que hace una década.
Los males de Perú son una advertencia para América Latina, donde los intentos de destitución se han vuelto más comunes en países como Chile, Ecuador y Paraguay. Ningún país ha vivido la catarsis peruana de cambiar de presidente seis veces en siete años. Pero esa experiencia sugiere que la inestabilidad política puede conllevar un costo para la economía y los más vulnerables.
Mirtha Vásquez, quien presidió el Congreso en el 2020 y ejerció como primera ministra en el 2021 dijo que el país es “ingobernable”, una crisis que cada vez tiene efectos económicos más tangibles. Después de las protestas masivas contra la presidenta Dina Boluarte, y en un país que ama dar la patada a sus jefes de estado, es imposible predecir cuánto tiempo durará en el cargo.
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“Un grito en el desierto”
En 1992, Alberto Fujimori, quien apenas llevaba dos años de 10 que duró en la presidencia, ordenó a los militares que cerraran el Congreso e intervinieran al poder judicial, luego de acusar a los legisladores de impedir reformas que consideraba cruciales. Esa conquista del poder fue ilegal pero muy popular, y Fujimori declaró que gobernaría por decreto y redactaría una nueva Constitución.
Meses después, Fujimori ganó una mayoría en la nueva Asamblea Constituyente. Ese nuevo Congreso empezó rápidamente a esbozar una nueva Constitución marcada por la visión de Fujimori, que incluía reformar el sistema político.
Antes de 1992, Perú tenía una cámara de diputados con 180 miembros y un senado con 60 integrantes. Para vacar a cualquier presidente, las dos cámaras tenían que ponerse de acuerdo. Pero bajo la Asamblea Constituyente de Fujimori, los congresistas eliminaron el senado.
A partir de entonces, para remover a un presidente solo se requeriría de un único voto en el nuevo Congreso unicameral. Destituir al presidente necesitaría únicamente una mayoría simple (esto fue revisado a dos tercios poco después de la dramática vacancia del mismo Fujimori en el 2000). La nueva Constitución mantuvo una característica crucial: los congresistas solo debían certificar que el presidente había demostrado una “permanente incapacidad moral” para ser removido del cargo. Definir qué significa ese término es decisión de los congresistas cada vez que votan en un proceso de vacancia.
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La nueva Constitución puso al presidente en un curso de colisión con el Congreso. Bajo la anterior Constitución, el presidente podía disolver la cámara de diputados si ellos le negaban al Gobierno la “confianza” en tres ocasiones. La nueva Constitución redujo ese umbral a solo dos votos, y mantuvo la facultad del presidente para solicitarlos cuando quiera.
Como el Congreso era unicameral, la reforma constitucional significaba que a partir de entonces el presidente podía disolver la totalidad del parlamento al momento de deshacerse de la cámara baja. Fujimori había disuelto todo el Congreso en 1992, pero de manera ilegal. Ahora, la nueva constitución había hecho legal la disolución.
“Eran armas nucleares para no utilizarlas, pero comenzaron a utilizarse, y eso ha sido el origen de esta sucesión de presidentes”, dijo Velarde.
Algunos congresistas intentaron advertir los riesgos de consolidar al poder legislativo en una sola cámara y facilitar el proceso de destitución. “Al quedarse sin Congreso … quedamos frente a una dictadura”, advirtió el opositor Jorge Donayre Lozano en 1993 mientras aún se debatía la nueva constitución. Fujimori fue eventualmente vacado bajo esas nuevas reglas y luego sentenciado por violaciones de derechos humanos. Pero como en ese momento estaba en control de la Asamblea Constituyente, Donayre Lozano dijo que sus palabras se perderían “como un grito en el desierto”.
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Las reformas económicas que se hicieron en Perú probablemente ayudaron a ahogar sus advertencias. Además de la reforma política, la Constitución de Fujimori redujo drásticamente la participación del Estado en la economía. Se privatizaron muchas empresas estatales en sectores como el petróleo y la minería, cuyas pérdidas eran un gran lastre para las cuentas fiscales. Para 1994, el crecimiento económico estaba por encima del 10% anual. El país tenía una nueva moneda y la inflación caía decididamente. Entre 1993 y el 2015 la economía creció más rápidamente, en promedio, que entre el 2016 y el 2019, cuando empezó la debacle política actual y hasta antes de que la pandemia causara su propio impacto económico.
Expertos de todo el abanico político concuerdan en que las reformas económicas de la constitución de Fujimori ayudaron a salvar al país. “Eso ha sido de los pocos consensos que hay en el país”, dijo Luis Miguel Castilla, un ex ministro de Economía.
“Perdónalo, che”
En el 2017, Pedro Pablo Kuczynski fue el primer presidente en sentir la punzada de la ingobernabilidad en el Perú.
Kuczynski, quien tenía una vasta experiencia en Wall Street, ganó la presidencia en 2016 por un diminuto margen de 0.2 puntos porcentuales, por encima de Keiko Fujimori, la hija de Alberto. El partido de Keiko, sin embargo, ganó la mayoría en el Congreso.
Ese Congreso rápidamente despidió a los ministros de Educación y Economía elegidos por Kuczynski. En diciembre del 2017, algunos de sus congresistas comenzaron un proceso de vacancia contra el presidente, acusándolo de haber hecho negocios con la brasileña Odebrecht SA, una empresa de construcción conocida por sobornar políticos en Latinoamérica. Kuczynski aceptó que una empresa suya había hecho negocios con ellos, pero negó estar involucrado. Más allá de quién decía la verdad, la Constitución no estaba del lado de Kuczynski.
Con el futuro de su Gobierno pendiendo de un hilo, Kuczynski dijo a Bloomberg que la idea de indultar a Alberto (en un aparente quid pro quo para salvarse de la destitución) cruzó su mente. Kuczynski dijo que, antes del proceso de vacancia, ya había consultado el asunto con el Papa Francisco. “Le conté un poco la cosa y le dije ‘su Santidad, ¿qué piensa usted?’”, Kuczynski recordó. “‘Perdónalo, che’”, dice que le dijo el papa argentino. (El Vaticano no respondió a una solicitud de comentario al respecto).
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Kuczynski se salvó de ser removido del cargo por una facción de fujimoristas que, sorprendentemente, lo apoyaron durante la votación de la vacancia el 21 de diciembre. En plena Nochebuena, Kuczynski liberó a Fujimori. (Una corte peruana eventualmente revocó el indulto a Fujimori, declarándolo ilegal). Tres meses después, algunos congresistas lanzaron un nuevo proceso de vacancia contra Kuczynski, esta vez acusándolo de haber tenido una relación más amplia que la conocida con Odebrecht. En Marzo del 2018, Kuczynski renunció.
El sucesor de Kuczynski, Martín Vizcarra, tampoco tuvo mucho éxito. En el 2019 disolvió el Congreso, en lo que parecía ser una victoria en medio de una controversia sobre nombramientos judiciales. Pero el nuevo Congreso lo removió del cargo en el 2020. Su sucesor duró solo seis días como presidente, renunciando en medio de un rechazo masivo en las calles.
Kuczynski dijo que se arrepiente de no haber disuelto el Congreso, lo que habría evitado su moción de vacancia. Pero él no piensa que los presidentes deberían tener el poder de disolver el Congreso, “pero el Congreso debería, para bajarse a un presidente, hacer un impeachment bien hecho”. Sus negocios con Odebrecht son ahora materia de una investigación de lavado de dinero.
“Completamente chiflado”
Desde que Kuczynski asumió la presidencia en 2016, la duración promedio de los tres ministros más importantes (el Primer Ministro, el ministro de Economía y el ministro de Minería) se han reducido a la mitad. Entre el 2001 y el 2016, en medio de una era de expansión histórica de la producción de cobre peruana, los ministros de minería duraron en promedio 11 meses en el cargo. Desde el 2016, esa duración promedio se ha reducido a cinco meses.
Tanta rotación significa que un “inversionista internacional pierde a su contraparte y todo lo que se había avanzado se tiene que empezar de nuevo”, dijo Gonzalo Tamayo, un ex ministro de Minería. Este año, las inversiones en la construcción y expansión de minas peruanas ha caído a su nivel más bajo en muchos años. El país tiene una cartera de proyectos mineros en potencia que vale US$ 53,000 millones, pero casi ninguno se acerca a la etapa más lucrativa, que es la construcción y la puesta en marcha. Esas fases son las que traen consigo grandes inversiones de capital, nuevos puestos de trabajo y el pago de impuestos.
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Jaime Reusche, un analista de Moody’s que cubre Perú, dijo que el sector minero del país es bastante diferente de lo que era hace siete años. “El riesgo político y la incertidumbre política y ahora las protestas han puesto en pausa a los proyectos mineros más grandes”, dijo.
El Gobierno de Boluarte debe terminar en 2026, pero ahora enfrenta la primera contracción económica desde la pandemia, causada por las protestas contra su administración. La vacancia siempre es una posibilidad pero, dada la historia reciente, ¿quién se animaría a tomar las riendas de Perú? Esa es una pregunta que Kuczynski se ha hecho. “Hay que estar completamente chiflado para lanzarse a la presidencia de Perú”, dijo.
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