El pasado 21 de marzo, el pleno del Congreso de la República -en primera votación- aprobó una iniciativa que plantea cambios en el reparto de utilidades a favor de los trabajadores, incluyendo a los de empresas eléctricas, pero que podría tener implicancias negativas en el mercado regulado del sector energético.
En concreto, se propone una nueva fórmula de distribución de utilidades en favor de los trabajadores de menores ingresos, de tal forma que -paulatinamente hacia el 2034- el 75% de ese beneficio se distribuya en función a los días laborados y el 25% según la remuneración percibida.
Actualmente, el 50% de dichas utilidades se reparten en función de los días trabajados y el otro 50% en base a las remuneraciones.
Esta iniciativa, argumenta el texto, buscaría beneficiar a más de 3 millones de trabajadores del sector privado formal que ganan menos de S/ 5,000 al mes.
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Buscan duplicar utilidades en sector eléctrico
El mismo texto propone incrementar, del actual 5%, al 10% el porcentaje de utilidades que deben repartir las empresas eléctricas a sus trabajadores, argumentando, entre otros, que hay dos compañías del ramo que las incrementaron a su personal.
En detalle, el foco es que el aumento de utilidades en el sector eléctrico se aplique de manera progresiva, a partir del año 2026, comenzando con un 6% de aumento de utilidades, hasta el 10% al año 2030.
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MTPE: Proyecto no es viable
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en carta dirigida a la Comisión de Trabajo -de donde salió el dictamen-, ya había emitido opinión en torno a ese proyecto de ley, señalando que considera que no era viable.
“Respecto al extremo referido a disponer de manera expresa que al sector de la industria eléctrica le corresponde un porcentaje del 10% por concepto de utilidades, esta dirección (del MTPE) no encuentra sustento suficiente en la exposición de motivos sobre ese extremo del proyecto, y por tanto recomienda al legislador detallar la justificación de su propuesta con data actualizada”, observó ese ministerio.
A su vez, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) había emitido un informe al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtiendo que la mencionada iniciativa legislativa podría tener una grave afectación a las 16 empresas eléctricas estatales (bajo el ámbito de ese holding estatal).
En ese informe había observado que -de aprobarse una ley en ese sentido- representaría un sobrecosto anual de S/129 millones (a esas empresas públicas) lo cual vería limitada su capacidad de inversión, afectando a proyectos clave que buscan llevar energía a zonas vulnerables del país.
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¿Se elevarían tarifas eléctricas?
Sobre el tema se pronunció también la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que refirió a Gestión que -de aprobarse ese dictamen- impactaría en la productividad de todos los sectores de la economía nacional.
En el caso del sector eléctrico, según la SNMPE, duplicar el reparto de utilidades a trabajadores del ramo llevaría a un incremento en el costo laboral de las empresas eléctricas, que tendría repercusión en los precios de la energía que consumen todos los peruanos.
Ese mayor precio, señala, según cálculos técnicos, afectará al 75% de la tarifa eléctrica para el consumidor final, con un impacto de alrededor de 4% de incremento tarifario para usuario doméstico a nivel nacional, así como de los comercios, industrias y otros sectores productivos.
“Sin lugar a duda, un beneficio acotado a un grupo de personas que ya reciben utilidades generará un grave perjuicio económico a 30 millones de peruanos y a la competitividad del país”, advirtió el gremio minero-energético.
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Pondría en riesgo ampliar la frontera eléctrica
El gremio añadió, esta medida pone en riesgo la ampliación de la frontera eléctrica en las regiones, ya que las empresas estatales de distribución de energía tendrán menores recursos para invertir en la expansión de las redes eléctricas, afectando así a casi dos millones de personas que aún no cuentan con el servicio.
“Desde la SNMPE consideramos que los esfuerzos de nuestras autoridades deben apuntar a reducir las brechas de desigualdad en lugar de incrementarlas, así como conseguir servicios de calidad a precios competitivos. Por ello, hacemos un llamado para que, en este caso, el Congreso corrija el rumbo tomado a la fecha”, exhortó.
En tanto, Mónica Pizarro Díaz, socia del Estudio Echecopar, coincidió en que el dictamen del proyecto no contiene ningún sustento técnico que lo respalde, y consideró que no se logrará beneficiar a más de 3 millones de trabajadores del sector privado, como plantea el texto.
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Menor incentivo para la reinversión
Pizarro observó que muchos de esos trabajadores trabajan en empresas de 20 o menos empleados, en firmas que no obtienen beneficios o en entidades sin fines de lucro; y que esos empleadores no reparten utilidades.
Objetó también la parte del proyecto referida a duplicar las utilidades para los trabajadores del sector eléctrico, señalando que el hecho que dos empresas de ese rubro hayan aumentado sus ingresos, no justifica que todos los trabajadores de esa industria perciban más utilidades.
En cambio, advierte, el propio dictamen reconoce como una desventaja que existirán menores incentivos económicos de reinversión privada en el ámbito eléctrico.
“Sería lamentable que se apruebe una iniciativa legislativa que no tiene sustento técnico y que tendrá un efecto negativo en un sector clave para la economía peruana”, anotó.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
