Un marco regulatorio eficiente es esencial para la competitividad. Sin embargo, en el Perú persisten normas excesivas y discrecionales, especialmente a nivel municipal, que elevan los costos de operar formalmente. En este contexto, fortalecer al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es clave.
Convertirlo en un organismo constitucionalmente autónomo sería un avance importante, pero también se requiere simplificar y estandarizar trámites, y reducir la discrecionalidad municipal para evitar nuevas barreras.
LEA TAMBIÉN: ¿Alerta en China por caso alambrón en Indecopi? Exportadores acusan que se vulneraría su TLC
Desempeño reciente
La labor del Indecopi en la eliminación de barreras burocráticas es fundamental para mejorar la competitividad y el entorno de negocios. El origen principal de estas barreras está en el ámbito municipal, donde la autonomía otorgada por la descentralización se ejerce sin estándares comunes, generando normas heterogéneas y difíciles de supervisar. A ello se suma el escaso avance en la estandarización de trámites administrativos, lo que agrava la dispersión de costos, plazos y requisitos.
Por ejemplo, según lo reportado por los propios municipios, un mismo trámite del sector construcción (para interferir temporalmente en el tránsito en la vía pública para la ejecución de diversos tipos de obras) puede costar hasta 40 veces más dependiendo de la región: S/ 250 en municipalidades de Madre de Dios frente a apenas S/ 6 en Lima.
Puede demorar 9 días en Lambayeque y solo 1 día en Amazonas; o exigir entre 8 documentos en Puno y apenas 2 en Madre de Dios. Así, entre 2019 y el primer semestre del 2025 las municipalidades concentraron el 76% de las barreras eliminadas por Indecopi.
Barreras burocráticas. Fuente: IPE
Estas trabas generan costos económicos significativos. Las barreras de requerimiento -exigencias de documentos, inversiones adicionales y cobros directos- representaron el 69% de las barreras eliminadas en el primer semestre de 2025. Por su parte, las barreras de impedimento -prohibiciones, restricciones horarias o plazos excesivos- generan costos de oportunidad, especialmente para las mype, según el Indecopi.
Según el Índice de Burocracia 2025, cumplir con las exigencias administrativas para operar formalmente en el Perú demanda 3,471 horas de trabajo al año (145 días), más del doble del promedio internacional. Frente a este escenario, la eliminación de barreras en los últimos cinco años ha permitido mitigar parte de estos costos, generando un ahorro económico para la sociedad superior a S/ 800 millones, según el Indecopi.
Barreras burocráticas. Fuente: IPE
LEA TAMBIÉN: Doe Run Perú: designan a nuevo liquidador pese a cuestionamiento de acreedores
Relevancia y retos
La contribución del Indecopi en la reducción de sobrecostos regulatorios evidencia la urgencia de fortalecer su institucionalidad. Aunque los avances en la eliminación de barreras son relevantes, su impacto seguirá siendo limitado si no se fortalece esta institucionalidad.
Un ejemplo de que esto es necesario es su presupuesto, que se ha reducido desde 2019 en 13% en términos reales (S/ 163 millones en 2025), y para 2026 sería incluso menor (S/ 154 millones, 18% menor que en 2019). Esto afecta su desempeño reciente: en el primer semestre de 2025 se eliminaron 1,893 barreras, 28% menos que el promedio semestral de los últimos cinco años.
Barreras burocráticas. Fuente: IPE
Según un análisis de la OCDE de 2018, el Indecopi requería mayores recursos y un diseño institucional más robusto para cumplir plenamente sus funciones. En línea con ello, recomendó una estructura presupuestaria más sólida y predecible, así como garantizar su autonomía a través de procesos de selección de directivos basados en criterios técnicos y concursos públicos. Sin embargo, estos avances siguen pendientes.
Hoy, las máximas autoridades del Indecopi continúan siendo designadas por el Poder Ejecutivo, lo que expone la estabilidad y la independencia técnica del organismo en un ámbito tan sensible como la supervisión de entidades públicas y privadas. Esta vulnerabilidad abre espacio para presiones políticas o económicas que podrían distorsionar su función reguladora.
En este contexto, las iniciativas legislativas orientadas a crear nuevas autoridades en materias de protección del consumidor o eliminación de barreras, separándolas del Indecopi, no atacan las causas del problema.
Por el contrario, la aprobación del proyecto de ley que convierte al Indecopi en un organismo constitucionalmente autónomo sería un avance en la medida que permita concursos públicos para la designación de autoridades, mayor autonomía presupuestaria y contratación de personal técnico competitivo.
Estos cambios reforzarían la capacidad de la entidad para atender las materias de su competencia tales como protección al consumidor, propiedad intelectual y defensa de la competencia. Y de esa forma, consolidar un entorno regulatorio más simple, predecible y favorable para la inversión privada. Cualquier shock desregulatorio que se impulse desde el Ejecutivo debe ser acompañado por un fortalecimiento institucional del Indecopi.
LEA TAMBIÉN: Disputa legal por alambrón chino: Indecopi resolvería pronto, pero caso seguiría abierto
Stephani Maita: “Fortalecer al Indecopi es una inversión en competitividad”
Stephani Maita Uría, economista senior del IPE. Fuente: IPE
“Fortalecer al Indecopi es una inversión en competitividad. En un país donde la carga administrativa continúa elevando los costos de operar formalmente, dotar al organismo de mayor estabilidad y capacidad técnica es clave para reducir la discrecionalidad y los sobrecostos que enfrentan ciudadanos y empresas. En un contexto de menor crecimiento, avanzar en esta agenda resulta indispensable para asegurar un entorno regulatorio más predecible y propicio para la inversión privada”.
