El primero de julio entra en vigor el Decreto Legislativo N° 1524, el cual establece que las empresas y personas naturales deben incluir su número de RUC y su nombre o denominación social en toda documentación mediante la cual se oferten bienes o servicios, es decir, en promociones que puedan hacer.
Este proyecto viene siendo materia de amplia crítica, por lo que ahora la congresista Adriana Tudela ha presentado un proyecto de ley para derogar esta norma antes de que surta efecto.
Según el proyecto de ley 5434/2021, el Decreto Legislativo “genera obstáculos a la publicidad digital”. “En concreto, la necesidad de estipular el número del RUC y la razón o denominación social dentro del material publicitario digital, constituye una desnaturalización del mismo, el cual tiene como única finalidad ofertar productos y servicios”, se recalca en los fundamentos del proyecto de ley.
Según Tudela, las nuevas obligaciones generadas por el Decreto Legislativo “vulneran la finalidad de publicitar los signos distintivos de la empresa, en desmedro de su reputación marcaria, lo cual constituye uno de los activos más importantes”.
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La razón detrás de la norma
Según explica Álvaro Arbulú, socio de EY Perú, esta norma se creó para controlar el pago de tributos por parte de influencers en redes sociales.
“En Colombia se promulgó una norma similar que los obliga a poner su razón social y su RUC en todas sus publicaciones. Sin embargo, cuando se “importó” esta norma, la Sunat dijo que esto aplicaba para todo tipo de contribuyente, no solo los influencers y que aplica a todo tipo de publicidad, no solo para las publicaciones que se hagan en redes sociales”, indica Arbulú.
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El problema detrás
Según Arbulú pese a que uno podría creer que esto tiene un impacto menor, la realidad es que esto afecta toda la publicidad existente, por lo que se tiene que modificar todos los panfletos, avisos y anuncios que están hoy en circulación.
“Es desproporcionado y está ‘rayando’ a las áreas de marketing de las empresas, más aún a las que cuentan con varios RUC o razones sociales, como las clínicas”, señala el abogado, quien agrega que asociaciones como el gremio de publicistas están indignados por esta norma.
El abogado además recalca que el D.Leg. atenta contra el arte de las publicidades, distorsionandolo innecesariamente.
Al respecto, Milagros Pastor, asociada principal del estudio PPU, indicó que esta norma trae consigo costos operativos innecesarios, puesto que impone una carga en empresas formales, cuando no son el enfoque de lo que se busca solucionar.
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Mal enfoque
“Lo que se quiere es que personas y pequeñas empresas que comercializan sus productos y servicios sin pagar impuestos se formalicen. Si esto es así, ¿por qué están incluyendo en el alcance de la norma a las empresas conocidas y formales y las hacen incurrir en el costo de modificar todas sus promociones y plataformas?”, pregunta la abogada.
Según Pastor, la norma sería más beneficiosa si se acota a un número de empresas que viene incumpliendo la normativa, en lugar de crear sobrecostos para las empresas que operan de manera regular.
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Peligro a la ciudadanía
Según explica Herman Patow, socio de Asesori, el D.Leg. además es “invasivo” puesto que puede resultar en que terceros accedan a datos personales de las personas naturales que oferten bienes o servicios, los cuales pueden ser usados de manera delictiva.
Patow además cuestiona si la Sunat tiene las capacidades para hacer cumplir la norma e indica que está en favor de su derogación.
