
Un informe de Vinatea & Toyama, elaborado con información de 111 líderes de Gestión Humana de grandes compañías, revela que tres de cada cuatro organizaciones han sufrido hechos delictivos recientes, desde robos hasta instalaciones hasta fraudes informáticos y extorsiones.
En varios casos, estos eventos han generado tensiones internas, reclamos por protección insuficiente y deterioro del clima organizacional.
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La conflictividad está contenida, pero con nuevos focos
El informe Conflictividad Laboral 2025-2026 muestra que más del 70% de empresas encuestadas percibe que la conflictividad actual es muy baja, baja o moderada. No se observan huelgas prolongadas, ni escalamiento generalizado de tensiones.
Sin embargo, el estudio advierte que, pese a esta aparente estabilidad, la conflictividad ha mutado: los reclamos ya no se concentran en los aumentos salariales, sino en temas internos como reclamos contra el jefe, la organización del tiempo de trabajo, la gestión del cambio y la percepción de trato justo. La estabilidad, por tanto, es más “contenida” que estructural.
Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, coincide con este diagnóstico y señala que lo particular del momento es que, por primera vez en un ciclo preelectoral, no se está registrando un aumento de conflictividad.
Para él, esto se explica por tres factores: la reducción de la conflictividad social general (reflejada en las cifras de la Defensoría del Pueblo), la menor radicalidad sindical —sin huelgas largas o masivas— y un entorno económico relativamente estable en la gran empresa.
“No se aprecia una crisis y eso reduce los conflictos materiales”, afirma. No obstante, recalca que los focos ahora están en la calidad de la gestión y el bienestar del trabajador, más que en las remuneraciones.

Lo anterior tiene un correlato en cuáles son las causas a las que se atribuye el origen de estos conflictos. Los factores internos, especialmente aquellos vinculados al liderazgo y la organización, han cobrado una relevancia cada vez mayor.
Los responsables de gestión humana coinciden en que la mala gestión de los jefes directos, la comunicación interna insuficiente o deficiente y la percepción de trato desigual son los principales detonantes de tensiones dentro de las empresas.
Estas situaciones, lejos de ser simples estadísticas, reflejan dinámicas cotidianas que afectan el ambiente laboral y la motivación de los equipos.
Es más, desde la perspectiva de los trabajadores, emergen con fuerza sentimientos de falta de reconocimiento y sobrecarga laboral, así como el impacto de las brechas culturales y generacionales.
En el plano colectivo, la presión ejercida por dirigentes sindicales sigue siendo un factor relevante, aunque no tan determinante como los aspectos internos mencionados.
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Delincuencia y trabajo: robos, fraudes, amenazas y extorsiones
El informe revela que tres de cada cuatro empresas han sufrido algún hecho delictivo reciente, ya sea robos a instalaciones, fraudes informáticos, amenazas o extorsiones.
Estos eventos están generando efectos directos en el clima laboral: incremento de la ansiedad entre los trabajadores, reclamos por medidas de protección, solicitudes de reubicación o teletrabajo, y ajustes en las operaciones.
Para varios sectores, especialmente retail, minería y energía, la delincuencia dejó de ser un factor externo y se incorporó al mapa de riesgos laborales.
Toyama complementa que la inseguridad ingresa a la empresa por dos vías: delitos internos —fraudes, hackeos, desvíos de fondos— y delincuencia externa que impacta emocional y operativamente en los trabajadores.
“Hoy vemos extorsiones, robos en desplazamientos, cierre de tiendas en ‘zonas rojas’ y más demanda de teletrabajo por temor”, señala.
Además, recuerda que los robos en comisión de servicios o traslado se consideran accidentes laborales, lo que obliga a las empresas a reforzar protocolos de seguridad, capacitaciones y soporte psicológico.
Incluso se ha observado que algunas compañías están otorgando retribuciones diferenciadas en zonas de alto riesgo, una práctica que recuerda los bonos de “zona roja” de décadas pasadas.

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Un 2026 con más tensiones internas y presión preelectoral
Según el estudio de Vinatea & Toyama, 35% de empresas prevé un aumento de la conflictividad en 2026, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y con mayor exposición a riesgos externos.
El ciclo electoral genera expectativas internas sobre cambios normativos, beneficios laborales, negociaciones colectivas y eventuales ajustes organizacionales.
Aunque la mayoría estima que la conflictividad se mantendrá estable, existe una alerta por posibles tensiones adicionales en un contexto político polarizado.
Toyama sostiene que la relación entre elecciones y conflictividad es un patrón histórico. “En época electoral siempre hay más agitación: manifestaciones, presión sindical y expectativas de beneficios”, afirma.
No obstante, subraya que este año hay un cambio respecto a encuestas previas: las empresas son más optimistas y creen que el conflicto no escalará al nivel observado en elecciones anteriores.
El especialista menciona que la gestión empresarial será clave: fortalecer a los mandos medios, trabajar el bienestar integral y mejorar la comunicación interna serán factores determinantes para evitar que tensiones aisladas se conviertan en conflictos estructurales.

¿Qué piden las empresas al próximo gobierno?
El informe identifica una agenda regulatoria clara de cara al próximo gobierno: flexibilizar reglas de contratación y despido (77%), reforzar la seguridad jurídica en juicios e inspecciones (53%), equilibrar las relaciones sindicato–empresa (41%) y revisar los costos laborales y contribuciones a la seguridad social.
Las empresas consideran que la normativa actual genera incertidumbre y que se requieren ajustes para enfrentar un entorno donde los riesgos laborales —incluidos los de seguridad ciudadana— son más complejos y transversales.
Toyama coincide en estos ejes y agrega que el bienestar integral será un componente cada vez más presente en la regulación laboral. “Hoy la empresa debe proteger integralmente al trabajador: seguridad física, ciberseguridad, salud mental y soporte familiar”, señala.
En su análisis, la política pública del próximo gobierno debería enfocarse en generar predictibilidad, fortalecer inspecciones con criterios claros y promover la productividad y capacitación del trabajador peruano.
También advierte que el país debe avanzar hacia estándares modernos de gestión laboral que integren seguridad, bienestar y estabilidad económica.


Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.








