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El alza del precio del pollo y de algunas verduras y hortalizas ha comenzado a atenuarse en los últimos días en Lima; sin embargo, el riesgo de que vuelvan a subir se mantiene por el impacto de más de dos meses de la invasión rusa a Ucrania en los insumos claves para la agricultura, como los fertilizantes, y para la alimentación, como el trigo.
Según datos oficiales, el precio del pollo en los mercados mayoristas se redujo en lo que va de abril (hasta el día 25) en 18%, la zanahoria en 59% (una de las hortalizas que más subió tras el paro de transportistas); el tomate en 23%; azúcar rubia en 9%; y el plátano de seda en 11.8%. Sin embargo, el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, menciona que la proyección es que recién en julio se desacelere el alza del precio de los alimentos.
Pese a ello, las presiones inflacionarias -también exacerbadas por el precio de los combustibles- se mantendrán hasta finales del 2023. En ese contexto, especialistas como la exministra Carolina Trivelli y la representante de la FAO en el Perú, Mariana Escobar (Gestión 21.04.22), hablaron recientemente sobre la posibilidad de que el Gobierno recurra a la entrega de un bono alimentario focalizado como medida urgente, siempre que se estudie la posibilidad fiscal del país.
¿Existe el espacio fiscal? Cabe indicar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya presentó al Congreso de la República el proyecto de ley para restablecer las reglas macro fiscales desde el 2023.
Entre las medidas, se busca que el déficit fiscal llegue a un nivel de 1% del Producto Bruto Interno (PBI) al 2026. Un gran reto considerando que para este año se estima que el déficit se amplíe a 3.7% del PBI (en el 2021 fue de 2.6%) debido al peso que representa exonerar del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos, así como a los diferentes tipos de diésel, aprobado a inicios de abril.
“Pese a que no tienen autorización de gasto (de impuestos), el Gobierno puede recurrir también a las malas prácticas de sacar nuevos decretos de urgencias como caramelos para seguir financiando proyectos con poco impacto sobre la población”, señaló por su parte el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, en diálogo con Gestión.pe, en referencia a las políticas de exoneración tributaria.
Y es que en las dos medidas que el gobierno de Pedro Castillo ha dado el visto bueno -exoneraciones al combustible y alimentos (pollo, huevos, azúcar, pastas sin cocer y el pan que estarán vigentes a partir del 1 de mayo)-, se estaría destinando cerca de S/ 400 millones al mes, según un estimado del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Thorne, además, calcula que solo en la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los cinco alimentos podría alcanzar los S/ 1,500 millones anuales si es que el gobierno decidiera ampliar la vigencia de la norma.
Por ello, Thorne se mostró a favor de que el gobierno entregue un bono alimentario focalizado y temporal -los anteriores subsidios costaron en promedio, cada uno, cerca de S/ 6.5 millones para 8.4 millones de hogares- pero con la condición de no renovar las reducciones de impuestos como el IGV y el ISC.
“Para ser bien honesto, preferiría que les den el apoyo focalizado a ocho millones de peruanos a que le den al 100% de peruanos una exoneración al IGV que no dará resultados”, señaló.
Segura también indicó que existe un espacio fiscal limitado para atender a las ollas comunes y beneficiarios de los programas sociales. “Pese a que la inversión privada no va a caminar este año si continúan los anuncios de incertidumbre política como el anuncio de una asamblea constituyente, podemos suponer que tendremos precios altos en los minerales, sobre todo en el cobre, eso le daría una mano al gobierno para cubrir el bono pero hay que tener cuidado porque el espacio fiscal no es mucho y debemos retomar la trayectoria de las reglas fiscales“, agregó.
Producto de los buenos precios de los minerales, Marcial García, socio de la consultoría EY, había estimado a finales del 2021 que la recaudación del sector minero podría alcanzar los S/ 18,000 millones. Para este año podría llegar a los S/ 13,000 millones, estima Thorne, el equivalente al 1.5% del PBI.
Apoyo recurrente
Ambos economistas también han señalado que el pedido del gobierno para que haya una asamblea constituyente pese a que el Congreso de la República podría no aceptarlo, sigue generando una reacción adversa en los inversionistas, lo que repercute negativamente en la generación de empleo que es, a la larga, la principal solución para mitigar el incremento de los precios de los productos.
“Hablar de una nueva Constitución es básicamente el tema más sensible y que más incertidumbre puede generar en estos momentos. Dicho esto, si el alza de precios persiste puedes pensar en entregar bonos no necesariamente permanentes pero sí recurrentes a comedores populares y programas sociales; pero antes de hacerlo, lo ideal sería el cambio de todo el gabinete por equipos más competentes que trabajen rápidamente en la entrega del apoyo”, señaló Segura.
Entre el 2020 y 2022, el gobierno aprobó la entrega de ocho subsidios económicos en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. A la fecha, sigue vigente la entrega del bono Yanapay dirigido a poblaciones en situación de pobreza y desempleo. La entrega del subsidio finalizará el 30 de abril próximo. También continúa el pago del bono Wanuchay de S/ 350 destinado a agricultores con menos de dos hectáreas, quienes podrán cobrar hasta el 31 de julio.
