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Aunque los gremios de transportistas formales optaron por no plegarse a las marchas y paros que ejecutaron grupos de informales durante el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), hoy ante la persistencia de condiciones de inseguridad y extorsiones que afectan su actividad, planean acatar acciones de fuerza.
Incluso, hoy el escenario es más crítico. En la actualidad, los gremios formales se han unido en busca de que se atiendan sus reclamos.
Así lo informó el presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones (UNT Perú), Javier Marchese, en diálogo con Gestión. Precisó que conformaron lo que denominan la Alianza Empresarial de Transporte Terrestre, junto a otros gremios de empresas formales de transporte urbano e interprovincial de pasajeros.
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Piden declaratoria de emergencia
Marchese refirió que, esta semana, dirigentes de dicha alianza sostuvieron una reunión con el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, solicitando que, ante la persistencia de las condiciones de inseguridad, el Gobierno declare en emergencia al transporte terrestre.
Su argumento es que, bajo tal declaratoria, el Ejecutivo podría dictar normas que busquen resolver el problema de las extorsiones. Esto, también considerando que al Congreso le puede tomar años discutir el tema y promulgar medidas para resolver esa situación.
Sin embargo, el dirigente refirió que también hay una plataforma de reclamos relacionadas al sector del transporte en sí, como son la devolución de parte del cobro de peajes, la revisión del esquema de sanciones a las normas de tránsito, entre otros.
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Devolución del peaje
En el primer punto, recordó que, en el 2022, el Gobierno suscribió actas de compromiso para que a los transportistas formales se les devuelva el 60% del cobro de los peajes. Pero, hasta el momento, no se concreta, apuntó.
El argumento para tal incumplimiento desde el Ejecutivo, indicó Marchese, es que tal ofrecimiento no está incluido en el presupuesto o que existiría oposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al respecto.
Solicitan, además, que se pueda “canjear” el actual beneficio tributario al que tienen derecho, como es la devolución de parte del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado al Diésel, por una exoneración de impuestos a la importación de vehículos a GNV, a fin de que puedan renovar su flota.
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Esquema de infracciones
Igualmente, requieren que se revise el esquema para la aplicación de infracciones al reglamento de tránsito basado en la pérdida de puntos, que llevan a la suspensión de sus licencias de conducir hasta por dos años.
“Bajo ese sistema, si a un chofer en seis meses le aplican dos papeletas, acumula 100 puntos (en contra) y se suspende su licencia, con lo cual va a estar año y medio sin trabajar, y así, o va a buscar trabajar de informal, o se va fuera del país”, argumentó.
En este caso, según el presidente de UNT Perú, su requerimiento es que las autoridades “bajen la valla” en la aplicación del referido puntaje, de manera que se evite que se suspenda la licencia de los infractores.
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El dirigente dio a entender que es tal el número de conductores con licencia suspendida que, actualmente, existe un déficit de choferes para la conducción de vehículos de carga pesada en el Callao. Esto llegó al punto de que muchos camiones permanecen varados en la vía pública por esa situación.
Incluso, esto está afectando la oferta de vehículos de transporte de carga terrestre para el periodo de pruebas o marcha blanca que está realizando el recién inaugurado megapuerto de Chancay.
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Deciden fecha para el paro
Marchese refirió que, si el Ejecutivo no atiende sus demandas en diciembre próximo, en ese mismo mes los gremios de la recién creada alianza acordaron reunirse para definir la fecha de un paro nacional. Se estima que la acatarían en enero del 2025, junto con transportistas informales.
De otro lado, Gestión supo que el Gremio de Transportes y Logística (GTL), que también agrupa a empresas de transporte terrestre de carga, no ha descartado acatar una medida de fuerza si no hay solución a las extorsiones de las que son víctima las empresas de ese sector.
Fuentes de ese gremio refirieron que, antes de tomar una decisión sobre alguna medida de fuerza, están a la espera de que el Gobierno emita una normativa relativa a los casos de flagrancia durante la comisión de delitos de extorsión, en los que las autoridades pueden detener a los delincuentes.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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