La suspensión de los viajes por vía terrestre en nueve regiones ocasionaría un incremento de la oferta informal de los colectivos, advirtió Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus. Por ello, sostuvo que incrementar la fiscalización es la única forma de que la restricción adoptada por el Gobierno sea efectiva.
El último martes, el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció que desde el 31 de enero entrarán en cuarentena por 15 días los habitantes de Lima Metropolitana, Lima provincias, Callao y otras ocho siete regiones consideradas en riesgo sanitario extremo. Asimismo, se suspenderán los viajes interprovinciales vía terrestre y aérea en dichas zonas del país. Todas estas restricciones tienen por objetivo contener el avance de la segunda ola de contagios por COVID-19.
Pese a que Ojeda manifestó que el sector respalda las medidas del Gobierno orientadas a proteger la salud de los habitantes del país, también expresó su preocupación por el eventual avance de la informalidad.
“Con lo que estamos en desacuerdo es con que el transporte de colectivos informales se incremente y pueda circular de manera extrema, como sucedió en la anterior cuarentena. Invocamos a que la Sutran y la ATU supervisen, de la mano con el Ejército, que se respete la cuarentena en las regiones indicadas. Porque si no, solo la van a respetar los transportistas formales y la medida no va a tener ningún efecto”, dijo a gestion.pe.
Con respecto a los costos que tendrá esta medida para el sector, Ojeda indicó que hasta la fecha el flujo de pasajeros se había recuperado parcialmente, hasta al 35% o 40% de los niveles previos a la pandemia. El sector esperaba una recuperación más acelerada, pero los bloqueos de carreteras y las protestas sucedidas entre noviembre y diciembre la retrasaron.
A nivel nacional, el transporte interprovincial terrestre factura unos S/ 280 millones por día. La mayor parte de este flujo de vehículos (60% o 70%) pasaba por Lima, por lo cual la suspensión de estas rutas implica una pérdida diaria de unos S/ 210 millones, sostiene el representante gremial.
Para hacerle frente a la paralización, manifestó, el sector necesitará aplicar suspensión perfecta a su personal, pues de lo contrario la situación sería insostenible para la mayor parte de las empresas transportistas. Por esta razón, instó al Gobierno a aprobar nuevamente esta figura para las empresas del rubro.
Además, opinó que se deben modificar las condiciones establecidas en el programa Reactiva Perú, pues al endeudarse con estos créditos la mayor parte de los empresarios preveía una recuperación sostenida. Al permanecer inactivo el sector por al menos dos semanas, dichos empresarios no dispondrán del dinero para pagar a tiempo.
Desde que se inició la pandemia, al menos el 20% de las 650 empresas iniciales ha desaparecido debido a las grandes pérdidas sufridas durante el 2020, de acuerdo con información del gremio.