El colapso del techo en el patio de comidas de Real Plaza Trujillo ha generado preocupación sobre la seguridad del centro comercial y su cumplimiento normativo. Esto, con múltiples afectados, ha llevado a la intervención de las autoridades municipales, quienes evalúan la posible suspensión o revocación de su licencia de funcionamiento.
La situación plantea interrogantes sobre las implicancias para las empresas que operan en su interior, pues la licencia es clave para su continuidad y cualquier alteración podría tener consecuencias legales y económicas para el recinto y sus arrendatarios.
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Revocación de licencia y sanciones
Orlando Vignolo, socio en Lazo Abogados, explicó que existen dos mecanismos administrativos que la municipalidad podría emplear frente al incidente: la revocación de la licencia de funcionamiento y la aplicación de sanciones administrativas.
Si se determina que la infraestructura del centro comercial no cumple con las condiciones de seguridad exigidas, la municipalidad podría revocar la licencia de funcionamiento de Real Plaza.
De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General, la revocación de licencias procede cuando desaparecen las condiciones que justificaron su otorgamiento. En este escenario, el centro comercial tendría que cesar sus operaciones y desalojar a todos los negocios arrendatarios. Además, Real Plaza podría verse en la necesidad de transferir la operación del inmueble a un nuevo operador.
La municipalidad también podría iniciar un procedimiento sancionador por infracciones muy graves, lo que podría derivar en una multa y la clausura definitiva o temporal del establecimiento. En este caso, la sanción no implicaría necesariamente la revocación de la licencia, pero sí podría limitar la continuidad del negocio en el centro comercial.
Hasta el momento, la municipalidad ha aplicado una suspensión temporal de las operaciones en Real Plaza Trujillo, con base en la Ley Orgánica de Municipalidades. Esta medida restringe el acceso y las actividades comerciales hasta que se determine la responsabilidad y se adopten medidas definitivas.
Vignolo también mencionó la Ley de Clausuras Municipales (N° 31914), que regula el cierre de establecimientos por parte de las municipalidades en casos de incumplimientos. Según el abogado, esta norma generó un efecto en el que muchas municipalidades dejaron de fiscalizar centros comerciales, lo que habría permitido la acumulación de irregularidades.
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Impacto en locatarios y responsabilidad civil
Desde el ámbito civil, el abogado Roberto Shimabukuro, socio de Monroy & Shima Abogados, explicó que el colapso del techo en Real Plaza podría configurar un caso de incumplimiento contractual por imposibilidad sobreviniente de la prestación, según el artículo 1680 del Código Civil.
Se establece que el arrendador tiene la obligación de garantizar que el espacio arrendado sea apto para el uso pactado. En este contexto, los locatarios afectados podrían reclamar indemnización por los daños sufridos.
El abogado detalló que los comerciantes pueden solicitar compensaciones por distintos conceptos. En primer lugar, podrían reclamar daño emergente, que incluye las pérdidas patrimoniales sufridas, como la inversión en la adecuación del local y el valor de la mercadería afectada.
También podrían exigir lucro cesante, que corresponde a las ganancias que habrían obtenido si hubieran podido operar con normalidad.
Según Shimabukuro, la jurisprudencia en casos similares sugiere que las indemnizaciones podrían abarcar gastos en implementación del local, pérdida de mercadería, proyección de utilidades no generadas y perjuicio a la imagen comercial de los negocios afectados.
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Duración de la imposibilidad operativa y resolución contractual
El tiempo durante el cual el centro comercial no pueda operar es un factor clave en la situación de los locatarios.
Si la imposibilidad de operar se considera permanente, los arrendatarios podrían resolver sus contratos conforme al artículo 1428 del Código Civil, el cual establece que en los contratos con prestaciones recíprocas, si una de las partes incumple su prestación, la otra puede optar por exigir el cumplimiento o resolver el contrato con indemnización de daños y perjuicios.
Si la inhabilitación del centro comercial es temporal, la situación es más compleja. Shimabukuro explicó que en estos casos se debe evaluar la duración de la suspensión, el impacto en el modelo de negocio del locatario y las estipulaciones contractuales específicas.
Un periodo prolongado de cierre podría justificar la resolución contractual, especialmente en sectores que dependen de temporadas específicas. Algunos contratos contemplan cláusulas que regulan este tipo de situaciones, estableciendo plazos máximos, compensaciones o mecanismos alternativos de continuidad comercial.
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Limitaciones de responsabilidad y posibles demandas
El abogado también señaló que algunos contratos de arrendamiento en centros comerciales incluyen cláusulas que limitan la responsabilidad del arrendador. No obstante, el artículo 1328 del Código Civil establece que no pueden excluirse responsabilidades cuando existe dolo o negligencia grave.
Si se demuestra que Real Plaza no realizó el mantenimiento adecuado o ignoró advertencias sobre fallas estructurales, estas cláusulas podrían ser declaradas nulas.
Por otro lado, el plazo de prescripción para demandar por responsabilidad contractual es de diez años, según el artículo 2001, inciso 1, del Código Civil. Sin embargo, Shimabukuro recomendó iniciar acciones legales lo antes posible para preservar pruebas y evitar la dispersión de evidencias.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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