Por Monika Bütler, profesora de Economía y Políticas Públicas en la Universidad de St. Gallen, Suiza.
El trabajo y las pensiones siempre han estado intrínsecamente vinculados. Antes de la revolución industrial, el trabajo era la única fuente de pensión para la vejez además de la familia; y todavía lo es en muchos sectores informales de todo el mundo.
Los fuertes vínculos formales entre el empleo y los ingresos por pensiones han sido la columna vertebral de los esquemas de seguridad social en las últimas décadas. De manera reveladora, las pensiones ocupacionales incluso han precedido a los sistemas públicos de seguridad social.
Los motivos para proporcionar tales planes van desde razones paternalistas a otras más egoístas, como la retención de buenos trabajadores. La crisis financiera, las tasas de interés reales más bajas y el cambio demográfico han afectado la viabilidad financiera de los sistemas de seguridad social y han debilitado el vínculo entre el empleo y los ingresos de jubilación. Las empresas están abandonando sus planes de pensiones, a menudo por razones regulatorias, en tanto las normas contables imponen una carga impredecible en el balance de la empresa.
Hay otras razones que hacen que sea más difícil para los empleadores organizar las pensiones para la vejez: plazos más cortos, migración internacional, incompatibilidades de los planes de pensiones en otros países y, por último, pero no menos importante, la "uberización" de la fuerza laboral.
La pregunta es qué hacer: ¿Se debería desacoplar el trabajo y las pensiones, o se debería replantear el vínculo entre el trabajo y las pensiones y ponerlo en un terreno más sólido?
Una forma de cortar el vínculo sería un ingreso básico universal, una idea que se ha vuelto bastante popular en los últimos años. Sin embargo, la mayoría de los economistas lo consideran demasiado costoso, ya que no abordan realmente el problema de los ingresos inadecuados y perjudican los incentivos para trabajar y ahorrar.
Además, los recientes sucesos ocultan el hecho de que todavía existen fuertes vínculos entre el trabajo y las pensiones. La mayor parte del ingreso promedio de un individuo, y por lo tanto la fuente obvia no solo de ahorros para pensiones, sino también para financiar políticas redistributivas, sigue siendo la mano de obra.
¿Pero cómo replantear el vínculo? Poner la responsabilidad en manos de los empleadores ya no funcionará en un entorno laboral mucho más descentralizado. Necesitamos al estado como patrocinador, no solo como cofinanciador (un rol que llegó para quedarse), y más importante aún… como coorganizador. Se necesita un sistema que:
- proporcione un nivel básico de ingresos y prevenga la pobreza en la vejez;
- fortalezca los incentivos para trabajar y ahorrar;
- permita un entorno laboral cambiante con más trabajo por cuenta propia y descansos laborales intermitentes;
- incluya trabajo social como apoyo;
- se encargue de la heterogeneidad en términos de capacidad de ingresos y preferencias.
En resumen, se necesita un esquema flexible que establezca los incentivos correctos sin poner en peligro la protección de los necesitados, y viceversa.
Esta es una idea de cómo proceder: la protección de ingresos durante los períodos de trabajo podría combinarse con un pilar de ahorro privado que va más allá de las pensiones ocupacionales y ofrece un esquema de reemplazo de ingresos parcialmente (auto) financiado durante toda la vida de una persona. En un sistema contributivo universal, las contribuciones deben recaudarse sobre todos los ingresos, sin distinción entre el trabajo por cuenta propia y el empleo contractual, teniendo en cuenta el trabajo social, especialmente para los ciudadanos de edad avanzada.
Las contribuciones podrían dividirse entre las cuentas individuales de los contribuyentes y un fondo público de solidaridad (que también puede ser alimentado por los ingresos fiscales generales). Quienes no tienen trabajo (ya sea por desempleo o por un descanso voluntario) primero recurren a sus ahorros individuales y luego, al agotarlos, al fondo de solidaridad.
La misma lógica también se aplicaría a etapas posteriores de vida. Cualquier dinero que quede en la cuenta individual se puede utilizar para financiar una reposición del ingreso básico de jubilación que se paga con un esquema público. Dado que tanto el fondo de solidaridad como la cuenta de ahorro individual proporcionan un nivel básico de ingresos incluso para aquellos con menores oportunidades de ingresos y trabajo social, el plan de pensiones puede financiarse parsimoniosamente desde una edad posterior (también debe indexarse a la esperanza de vida).
¿Suena utópico? No del todo, hay una serie de políticas existentes que incluyen aspectos del esquema propuesto. Singapur ha financiado su esquema de protección social con cuentas individuales durante décadas. En menor escala, Chile introdujo un sistema similar para prever períodos de desempleo y la posibilidad de aumentar los ingresos de pensiones con fondos sobrantes en el 2002.
Ambos tienen sus inconvenientes, el esquema de Singapur está sobrecargado con gastos de salud y vivienda, el sistema chileno es demasiado bajo para bajos ingresos. Pero ambos demuestran que un vínculo trabajo-pensión durante el ciclo de vida no es imposible.
(Artículo de opinión extraído del reciente informe “Rethinking retirement” de Credit Suisse)