El 2024 culminó con un total de 1,355,000 trabajadores en el sector público, solo a nivel nacional y regional, y considerando diferentes regímenes como el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), personal de salud, policías, régimen privado, servicio civil, entre otros, identificó un análisis del Instituto Pulso Fiscal.
Esto significó un crecimiento de más de 243,000 personas respecto a lo registrado en el 2015 o un equivalente de crecimiento del 20%. A nivel nacional, el incremento, en esta década, fue de 16%, mientras que de 28% en el regional. En términos absolutos, la tendencia mostró que, cada año, se sumaron 27,000 trabajadores nuevos solo en los dos niveles de gobierno analizados.
Respecto al 2023, la variación fue de 36,000 trabajadores, en similares proporciones en ambos segmentos de análisis. Sin embargo, el informe destacó que el principal cambio estuvo en los CAS, que aumentaron en más de 95,000 trabajadores. Le siguieron los docentes de educación básica (+75,145), personal de salud (+32,244), policías (+19,416), por mencionar algunos.
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El impacto de trabajadores en el Estado
Adrián Rodas, CEO del Instituto Pulso Fiscal, consideró que esta tendencia tiene tanto aspectos positivos como negativos. Del primer ámbito se despliega que un mayor número de trabajadores se refleja en el consumo, incrementándose la demanda agregada. Son diversas las entidades que remarcan la ecuación de que un mayor consumo genera un incremento del PBI. Sin embargo, tiene un costo importante.
Rodas señaló que estas cifras representan un gran reto para las finanzas públicas por el gasto en el que incurre el Estado y apuntó, en detalle, que este incremento viene asociado al fortalecimiento de la capacidad de las negociaciones colectivas.
“Hay un reto fuerte por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por administrar recursos para obligaciones [relacionadas a remuneraciones] y cuya capacidad [de gasto] es fuerte. En convenios colectivos hay variaciones de salarios, bonificaciones. Es un reto para las finanzas públicas porque se presionan las cuentas fiscales en el corto y mediano plazo”, subrayó en diálogo con Gestión.
Sumándose a esta observación, Diego Macera, director el Instituto Peruano de Economía (IPE) y del Consejo Fiscal, indicó que lo complicado de aumentar los recursos para remuneraciones es que, posteriormente, no se pueden efectuar ajustes. En este aspecto, alertó sobre el “presupuesto poco flexible del Gobierno”.
“Estos recursos han venido creciendo, en los últimos años, como proporción del gasto total. Eso significa que el margen que el Gobierno tiene para moverse y tomar decisiones de gasto viene siendo menor, en parte, porque justamente ha habido un crecimiento en remuneraciones y en contratación pública. Esto genera un gasto inflexible”, apuntó.
Otro aspecto que abordó Rodas es que un mayor presupuesto en personal del Estado debería traducirse en un mejor servicio a los ciudadanos, pero impulsado a su vez con políticas públicas. En la misma línea, Macera mencionó que una mayor orientación de recursos para personal debe ir acompañado de registros que evidencien una mejora del servicio.
“Se necesita mejor evidencia del gasto de entidad por entidad, de cómo redunda en mejores servicios. Lo que preocupa es que se tome el gasto público, muchas veces en remuneraciones, casi como un fin en sí mismo. En el sector público, la prioridad es, a veces, en lugar de darle al alumno, se le da al docente; en vez del paciente, al médico. Esos no son fines en sí mismo, sino el servicio público”, comentó Macera.
CAS son mayoría en el Estado
Otra característica que se destacó de este panorama es que casi el 40% de los trabajadores que ingresaron al sector público lo hicieron vía CAS y, aunque la carga de obligaciones no es como estar en planilla, en los siguientes meses la situación podría complicarse por los intentos reiterativos, mediante proyectos de ley, de sumarlos a regímenes “más estables”.
Gestión identificó que, desde julio del 2024, se presentaron, al menos, 20 proyectos de ley que buscan que trabajadores bajo CAS se incorporen a regímenes con mayor estabilidad (regímenes 276 y 728, por ejemplo), efectuar nombramientos, homologar salarios, otorgar bonificaciones, entre otros. Algunas de las entidades de estos trabajadores alcanzados son EsSalud, Senasa, Sunafil, Poder Judicial, Sunarp y Reniec.
“De aprobarse, el incremento de costos asociados de pasar de CAS al régimen 728 o 276 es significativo, por ejemplo. Se incrementa el costo fiscal”, apuntó Rodas.
Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, recordó que el CAS fue una importante herramienta para formalizar los servicios no personales en el Estado (principalmente, recibos por honorarios), pero se desnaturalizó en los últimos años.
“Hoy los empleadores corren el riesgo de que un trabajador CAS al que se le termina el vínculo sea reincorporado posteriormente porque se politizó [este régimen]”, indicó Lora.
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Agregó que el riesgo es enorme para el Estado de que se avancen las propuestas del Congreso sobre el grupo CAS. “Se cargará definitivamente de trabajadores al Estado cuando no lo necesita. Una empresa privada que contrata lo presupuesto, pero lo del Estado lo terminamos pagando todos nosotros”, observó.
Siguiendo esta línea, Macera señaló que el régimen CAS sirvió como una excepción para que el Estado contrate con un régimen más flexible del que se le exige al sector privado, pero hoy se ha desorientado.
“Otra vez, se concibe los beneficios de diferentes trabajadores, en este caso los CAS, como un fin en sí mismo, cuando en realidad lo que debería apuntarse a mejorar es el sector público. Se pone la carreta por delante de los caballos. Se tiene que mejorar el servicio público y luego diseñar una estrategia de gasto, no al revés”, apuntó.
Asimismo, Rodas mencionó que, si bien son evidentes las brechas en el país y que deben atenderse con mayor presupuesto para infraestructura física y trabajadores, esto debe realizarse de manera paulatina y gradual conforme al dinamismo de la economía. El riesgo con el panorama fiscal es alto.
Más aún en un contexto cuando el incremento del gasto para remuneraciones fue significativo en los últimos años y ya complicó el déficit fiscal del Perú. Para este 2025, varias proyecciones se orientan a que se registraría un tercer incumplimiento consecutivo.
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Panorama limitado
Cabe señalar que las variaciones a nivel de gobiernos locales (más de 1,800 municipios al cierre del 2024) y de empresas públicas no se registran en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), por lo que no se tiene transparencia de ello.
Rodas indicó que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se debería elevar los esfuerzos por publicar dicha información. “Es importante porque el MEF es el rector de la gestión fiscal de recursos humanos”, comentó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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