En pleno debate por el presupuesto público, se ha presentado en el Congreso de la República del Perú un proyecto de ley que busca elevar los aguinaldos de los servidores del Estado de S/ 300 a S/ 1,130. La propuesta abarcaría a funcionarios, docentes, personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y pensionistas.
¿Podrán las entidades públicas financiar este incremento sin afectar otras prioridades de gasto?
¿Quiénes son los trabajadores del sector público que cobran este lunes en el Banco de la Nación?. (Fuente: El Peruano)
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La propuesta: aguinaldos iguales a una RMV
El proyecto de ley tiene como objetivo que los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad para el sector público dejen de ser montos fijos y pasen a equivaler a una Remuneración Mínima Vital (RMV), actualmente en S/ 1,130.
Con ello, los servidores del Estado recibirían un pago de igual monto en julio y diciembre, multiplicando por casi 4 la cifra vigente de S/ 300 por cada fecha. La iniciativa busca que el beneficio se mantenga actualizado en el tiempo, ya que se ajustaría automáticamente cada vez que se incremente la RMV.
El alcance de la propuesta es amplio. Comprende a los trabajadores de los regímenes de la Carrera Administrativa (D.L. 276), Contratación Administrativa de Servicios (CAS – D.L. 1057), Reforma Magisterial (Ley 29944) y Ley 30512 (docentes de institutos), así como a docentes universitarios de la Ley 30220, personal de salud regulado por el D.L. 1153, obreros del sector público, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, además de pensionistas de regímenes especiales.
Para acceder al aguinaldo, el texto establece que se debe haber laborado al 30 de junio y noviembre de cada año, o encontrarse en uso de vacaciones o licencia con goce de remuneraciones. También se exige una antigüedad mínima de tres meses en la entidad pública, con la posibilidad de un pago proporcional si el tiempo de servicios es menor.
El financiamiento, según el proyecto, se haría con cargo al presupuesto institucional de cada entidad, dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto.
En su exposición de motivos, el proyecto invoca artículos de la Constitución que reconocen la igualdad ante la ley y el derecho a una remuneración suficiente, y sostiene que los aguinaldos actuales resultan desproporcionados frente al costo de vida y a los beneficios que reciben altos funcionarios del Estado.
Además, argumenta que la medida no contraviene ninguna norma constitucional ni genera gasto adicional al erario, pues se cubriría con los recursos de las entidades públicas, en línea con las políticas de Estado que promueven igualdad de oportunidades y empleo digno.
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Impacto económico y sostenibilidad fiscal
David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, advirtió que el efecto presupuestal sería significativo.
“Actualmente el aguinaldo en el sector público es de S/ 300 por Fiestas Patrias y S/ 300 por Navidad, es decir S/ 600 al año. La propuesta lo elevaría a S/ 1,130 por cada fecha, llevando el total anual a S/ 2,260, casi cuatro veces más que el monto vigente”, explicó.
El economista precisó que la medida alcanzaría a cerca de 2.5 millones de personas, entre trabajadores y pensionistas, y que el costo anual rondaría los S/ 4,000 millones.
“Esto equivale a la mitad del presupuesto del programa ‘Juntos’ o al doble de lo destinado a ‘Beca 18′”, señaló, advirtiendo además que el aguinaldo se indexaría a la RMV, lo que generaría un gasto creciente a futuro.
Aguinaldos ligados a la RMV: la iniciativa que llega al Congreso y abre debate fiscal. (Fuente: El Peruano)
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Gestión pública
Desde el ámbito jurídico-laboral, Juan Valera, abogado laboralista, consideró que la propuesta es difícil de sostener financieramente. El especialista alertó que de aprobarse la norma algunas entidades podrían enfrentar incumplimientos de pago o verse obligadas a reducir plazas.
“Cuando los beneficiarios se jubilen podrían reclamar mantener el mismo beneficio, generando un costo permanente”, añadió.
Valera también resaltó el componente político de este tipo de medidas.
“Estamos cerca del cierre del año y de un nuevo proceso electoral. Este tipo de iniciativas refuerzan la popularidad de los proponentes, pero sin garantizar que sean sostenibles en el tiempo”, indicó.
Perspectiva constitucional
Para César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, la iniciativa presenta incluso un problema de competencia legislativa.
“El Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. Además, es antitécnico duplicar el costo del aguinaldo sin dimensionar su impacto real en el tesoro público. Quien debe definir si existe presupuesto para abonar este importe es el MEF, no el Congreso”, afirmó.
El abogado señaló que el proyecto mantiene la tendencia de propuestas legislativas con motivación electoral. “Lamentablemente seguimos viendo proyectos populistas en un contexto preelectoral”, apuntó.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
