La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República de Perú aprobó un dictamen que amplía los derechos laborales de los trabajadores bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en el sector público.
El dictamen establece que los empleados CAS tendrán derecho a recibir aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, equivalentes cada uno a una remuneración mensual completa.
Asimismo, se indica el otorgamiento de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), calculada sobre el total de la remuneración mensual percibida. Este beneficio será entregado en un solo pago al término de la relación laboral entre el trabajador y la entidad estatal.
Otro de los derechos incorporados es el subsidio por fallecimiento y por gastos de sepelio. Con estas modificaciones, se busca acercar las condiciones laborales de los trabajadores CAS a las de otros regímenes del sector público.
Para la implementación de estos beneficios, el dictamen contempla una disposición complementaria que autoriza las entidades públicas del Gobierno Nacional, así como a los gobiernos regionales y locales, a efectuar modificaciones presupuestarias internas. Esto, afirman, se financiará con recursos del presupuesto institucional, “sin generar demanda adicional al Tesoro Público”.
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Desde la parte laboral, Germán Lora y Jorge Toyama, abogados laboralistas, cuestionaron el avance de un proyecto como esto, sobre todo, por la desnaturalización del regimen. Pero, esta no es la única observación que se hacen otros analistas. El costo fiscal “les asusta”.
¿Qué dice el MEF sobre darle más beneficios laborales a los trabajadores CAS?
Antes de esta aprobación, la iniciativa había sido cuestionada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debido a que contraviene los principios establecidos por la Ley del Servicio Civil.
Según indicó el MEF, toda medida relacionada con el régimen del servicio civil debe estar sujeta a disponibilidad presupuestaria y sostenibilidad fiscal. Por ello, la iniciativa legislativa no solo genera desorden en la gestión del personal público, sino que compromete la sostenibilidad de las compensaciones económicas a los trabajadores estatales.
Asimismo, advierte que no hay evidencia ni un análisis técnico que sustente no vayan a afectar el Tesoro Público. Por el contrario, el impacto fiscal estimado por gratificaciones superaría los S/ 2,000 millones anuales, lo que contravendría el principio de equilibrio presupuestario y las reglas fiscales vigentes.
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Más beneficios, pero ¿a qué costo?
El proyecto ahora avanza para ser evaluado y debatido en el pleno del Congreso, donde se definirá su aprobación final. Hoy en día, con un Parlamento fortalecido y un MEF que ya no observa o lleva al Tribunal Constitucional los proyectos que le preocupan, pareciera “inminente” que tendrá luz verde.
Sin embargo, diversos especialistas, al igual que el MEF, advierten los efectos negativos que implicaría.
Solo hasta el 2023, acorde a los datos de Servir, la contratación CAS generaba un costo de S/ 13,105 millones al año. Si tenemos en cuenta solo el aumento por gratificaciones estimado por el MEF -de S/ 2,000 millones-, el monto de planilla superaría los S/ 15,000 millones anuales, eso sin tener sumar lo que implicaría la CTS y los derechos por fallecimiento.
Justamente, Adrián Rodas, director de Instituto Pulso Fiscal, consideró que incluso el monto estimado por el MEF podría escalar hasta los S/ 3,000 millones.
“Hay un problema de transparencia en que el MEF tiene números de CAS y Servir tiene otros números (...) Sumando lo de CTS, que es un sueldo al año, más o menos, en estimados gruesos, serían unos S/ 1,000 millones adicionales”, señaló.
En detalle, el Instituto Pulso Fiscal calcula que el costo extra por el pago de gratificaciones sería de S/ 2,065 millones y por el de CTS se sumarían otros S/ 1,033 millones.
Trabajadores CAS. Fuente: Instituto Pulso Fiscal.
Rodas apuntó que el gasto en remuneraciones del sector público ya ha crecido de manera acelerada en los últimos años. En los años 2023 y 2024, este gasto se elevó en S/ 12,000 millones, algo que no se había visto antes, superando incluso al gasto en inversión pública, que solo creció S/ 11,000 millones.
En 2025, la tendencia se estaría manteniendo, con recursos de inversión pública siendo reorientados hacia gastos rígidos, lo cual empeora con este tipo de iniciativas, indicó el especialista.
Aunque el proyecto asegura que su implementación no demandará recursos adicionales del erario nacional, Rodas calificó esto de “una falacia técnica” pues todo gasto en remuneraciones se financia con ingresos permanentes.
“Esto implica quitarle espacio al tesoro público porque va a priorizar este gasto rígido. Le va restando espacio y va a generar problemas fiscales, problemas de la atención de urgencias, de emergencias por naturales, por crisis financieras y también de sostenibilidad en el largo plazo”, explicó.
En tanto, Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), consideró que esta situación refleja un deterioro institucional en el que se institucionaliza la indisciplina fiscal.
El experto del IPE recuerda que ya se han incumplido las metas fiscales durante dos años consecutivos y que 2025 podría seguir el mismo camino, incluso si el MEF decide relajar la meta fiscal, como lo mencionó recientemente.
“Todo ese conjunto de políticas fiscales equivocadas tiene un costo para el ciudadano enorme. No lo estamos viendo de manera material todavía, pero después le va a tocar la puerta al ciudadano porque suben impuestos o se toma más deuda”, sostuvo.
Aunque la norma ha sido presentada como una ampliación de derechos, Fuentes consideró que la iniciativa no solo es antitécnica sino también populista, a poco de iniciar la campaña electoral 2026.
En ese sentido, consideró que el Congreso viene abriendo una “caja de Pandora” donde todos los sectores buscan obtener beneficios especiales, dejando de lado criterios técnicos o de sostenibilidad.
“A punta de excepciones no hay manera de avanzar en una política pública. Estamos viendo un conjunto de iniciativas del Congreso con impacto fiscal, pero con claros intereses políticos”, afirmó.
Además, alertó este tipo de medidas perpetúan la precariedad y rigidez del mercado laboral público y representa un retroceso en la consolidación de una verdadera reforma del servicio civil.
Ante esta situación, añadió que el siguiente gobierno podría enfrentar no solo un escenario político más fragmentado, sino también un panorama de más gastos y con menos ingresos.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
