El Gobierno de Perú muestra haber entrado en un proceso grave de contradicciones sobre el manejo de las finanzas públicas y la prioridad en su asignación. La mañana del último miércoles, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez Reyes, señaló que uno de los ejes para reducir el déficit fiscal será que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) cobrará “todo el impuesto que puede cobrar”.
Sin embargo, apenas horas más tarde, se dio el anuncio de una nueva medida que engrosaría, aún más, el gasto público, lo que debería buscarse controlar.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, informó que el Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de ley para que los trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, que agrupa al esquema de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), accedan a una Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).
“En esta sesión de consejo hemos aprobado un proyecto de ley que regula el otorgamiento de una CTS a los trabajadores bajo el régimen del D.Leg. 1057”, señaló en conferencia. La medida será presenta ante el Congreso de la República, pero al cierre de esta edición aún no figuraba en el portal legislativo.
LEA TAMBIÉN: MEF: Déficit fiscal baja a un 2.4% del PBI en agosto
Costo fiscal millonario
Una de las principales preocupaciones que genera esta iniciativa entre especialistas es su costo fiscal, que sería millonario y presionaría la recaudación tributaria. Este grupo de trabajadores representa el grueso de la administración pública: uno de cada cuatro trabajadores estatales está bajo el régimen de CAS.
Según estadísticas del propio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el promedio mensual de trabajadores en este año, hasta mayo, supera los 360,000. En tanto, el salario promedio del sector público, en junio, ascendió a los S/ 3,855, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a partir de las planillas mensuales de la Sunat.
Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, sumó para este análisis la consideración de que los trabajadores bajo CAS son los que perciben, en promedio, las remuneraciones más altas en la administración pública.
Ahora bien, Paola Herrera, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), apuntó que, desagregando beneficios sociales sobre el salario bruto reportado por la Sunat, la remuneración mensual pública supera los S/ 3,100.
Cabe recordar, que la CTS es un beneficio social para los trabajadores que cumple una función de ahorro ante el desempleo. Su monto es similar al de un sueldo mensual y se deposita en dos partes: la primera mitad en mayo y la segunda en noviembre.
Considerando esta base, el IPE estimó que el costo fiscal de implementar, en su totalidad, que los trabajadores bajo CAS accedan a una CTS ascendería a más de S/ 1,100 millones.
Esta estimación se alinea con lo calculado también por el Instituto Pulso Fiscal. En el marco de un anterior intento en junio reciente, entonces desde el Legislativo, de aprobar que los trabajadores CAS tengan acceso a una gratificación y CTS equivalentes a su sueldo, se proyectó que este segundo concepto contemplaría el gasto, aproximado, de S/ 1,033 millones.
“Lo de la CTS, que es un sueldo al año, más o menos, en estimados gruesos, serían unos S/ 1,000 millones adicionales”, apuntó.
Gestión consultó con autoridades del Gobierno para conocer, de su lado, el impacto fiscal estimado de esta iniciativa y quedó pendiente el envío de la respuesta.
Un golpe más a Servir
Toyama recordó que el régimen CAS es uno que, actualmente, no ofrece muchos derechos y/o beneficios para sus trabajadores respecto a los otros vigentes, aunque es el que agrupa a la mayor cantidad de servidores públicos.
Creado durante el último Gobierno de Alan García, su objetivo era cubrir excepcionalmente un proceso de transición hacia otros regímenes que brindan mayor estabilidad.
“El régimen del D.Leg. 1057 se creó buscando que cubra la transición entre los gobiernos. No ofrece muchos derechos. Brinda una indemnización ante una salida, seguros sociales, acceso a EsSalud y temas previsionales, y una gratificación equivalente a un aguinaldo. La norma estaba orientada a actividades no permanentes, pero con el tiempo se fue prorrogando”, comentó Toyama.
El laboralista indicó que, precisamente, la CTS es el beneficio que les falta respecto a lo que brinda esquemas con mayor estabilidad.
Junto con Brian Ávalos, Socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados; coincidieron en que son varios los mensajes negativos que transmite el anuncio del Gobierno sobre esta iniciativa.
“Es un golpe para el régimen del Servicio Civil (Servir), que busca promover la contratación de trabajadores bajo el esquema de la meritocracia. No se encuentran argumentos a niveles técnicos. Parte, simplemente, de fomentar mayores ingresos en el sector público, un aspecto que suena bien con vista a las elecciones generales. ¿Quién va a oponerse a esto? Hablamos de alrededor de 360,000 mil votos”, sustentó Ávalos.
A su turno, Toyama criticó severamente este nuevo intento de “parche”, esta vez desde el Ejecutivo, entre los diferentes regímenes laborales en la administración pública.
“El mensaje es que desaparezca Servir porque vemos golpe tras golpe. En lugar de estar parchando y creando costos adicionales, ¿por qué no se potencia Servir? Se dice que es costoso, pero esto también implica una cantidad importante de recursos. ¿Por qué mejor no se manda un mensaje de transición hacia la meritocracia? Son cuatro regímenes laborales que se tienen y viven en paralelo”, aseveró.
Otra arista que observó Toyama, alineada al perjuicio a Servir, es que no se asegura un aumento de la eficiencia y productividad en la administración pública mediante esta propuesta gubernamental, pues mejoras salariales deberían asociarse a una mayor meritocracia.
“En el CAS regularmente están los trabajadores nuevos, no son los de carrera pública. Se está socavando, cada vez más, el sistema meritocrático en el Perú”, dijo.
Impactos adicionales por el CAS
Ávalos mencionó que no se trata de una medida aislada, sino de un intento más de aumentar el gasto público en remuneraciones. Al respecto, señaló que la participación del sector público en los salarios totales viene creciendo significativamente.
El socio de Payet indicó que, en 2014, representaba el 17% del total. En 2019, subió a un 19% y, para el 2026, se estima que signifique el 21% del total de la masa salarial.
“Los ingresos del sector público están creciendo significativamente. Este proyecto de ley desde el Ejecutivo es una prueba más de una tendencia con acciones coordinadas entre ambos poderes y que denotan el impulso de normas populistas. Ahora, este tipo de medidas viene desde todos los lados”, sostuvo.
El problema estructural radica en que, aunque se tiene una positiva primera impresión porque se fomentan los ingresos laborales, se entra a un escenario donde no resulta sostenible asumir todo este compromiso financiero y creciente.
“Se tiene una mejora en la formalidad, pero no está viviendo del sector privado y eso no es sostenible. En la práctica, se está quitando presupuesto, una parte del pastel, a impulsar otra política pública”, agregó Ávalos.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
