Distintos analistas han llegado a la misma conclusión sobre el Poder Legislativo: hay una necesidad clara de que el Congreso de la República de Perú tenga una oficina fortalecida especializada en calidad regulatoria o legislativa. Para entender este acuerdo tácito, vale dar una mirada a los proyectos de ley (PL) que alberga el Parlamento.
En este contexto, desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) se ha realizado una evaluación de la calidad de los PL, que permite determinar si estos tienen las condiciones mínimas necesarias para ser considerados como propuestas justificadas.
Para esta evaluación el CPC ha analizado los PL de dos comisiones clave para la competitividad del país: la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (llamada “Comisión de Economía”), y la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (llamada “Comisión de Defensa del Consumidor”).
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Cabe precisar que, para delimitar los PL por evaluar, se seleccionaron solo aquellos con dictamen aprobatorio (o que incluso avanzaron en el pleno en los últimos días), pues centra el análisis a aquellos PL que ya han sido parte del debate de la comisión y cuentan con su aprobación. No se incluyen PL con dictamen aprobatorio pero rechazados por el pleno.
Algunas de las preguntas planteadas para evaluar la calidad legislativa fueron: ¿se ha diagnosticado adecuadamente el problema público?, ¿se han definido objetivos claros y consistentes con dicho problema?, ¿se han considerado y debatido alternativas de solución?, ¿se han medido los posibles impactos de la propuesta?
Estas interrogantes se sustentan en el Manual para el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, de aplicación obligatoria para el Poder Ejecutivo. Dicho manual busca asegurar un análisis previo, sistemático e integral que permita identificar, evaluar y medir los resultados, beneficios y costos de las distintas alternativas de solución a un problema público, con el fin de adoptar la opción de intervención más adecuada sobre la base de evidencia.
Para delimitar los PL por evaluar, se seleccionaron solo aquellos con dictamen aprobatorio (o que incluso avanzaron en el pleno en los últimos días). (Fuente: Andina)
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Resultados contundentes: proyectos “jalados”
Los resultados de la evaluación son contundentes: ninguno de los 48 PL evaluados (correspondientes al Periodo Legislativo 2024 – 2025, que concluyó en julio pasado) tiene una calidad aceptable.
De hecho, 45 de los PL tienen una calificación de “deficiente”, mientras que 3 PL tienen la calificación de “insuficiente”. Esta realidad es constante en todo el periodo parlamentario 2021 - 2026, pues en anteriores evaluaciones realizadas por el CPC para los Periodos Legislativos 2021 – 2022, 2022 – 2023 y 2023 – 2024, ninguno de los 33, 34 y 33 PL revisados, respectivamente, tuvo calidad aprobatoria.
Análisis regulatorio. Fuente: CPC
Estos resultados muestran una realidad preocupante: el sustento de los proyectos de ley es bastante débil y no permiten garantizar que las propuestas planteadas sean las óptimas para solucionar los problemas del país. Ninguno de los 48 PL analizados plantea objetivos específicos, medibles o alcanzables, pues la mayoría de las propuestas tienen objetivos generales.
Ninguno de los PL, a su vez, ha considerado qué pasaría si no se planteara la propuesta legislativa y cómo evolucionaría el problema de no realizarse la intervención. A su vez, solo uno de los PL ha monetizado los costos y beneficios de las alternativas propuestas. Finalmente, solo dos de los PL han identificado y cuantificado el valor actual de los impactos futuros de las alternativas de solución.
Así, la gran mayoría de los PL parte de una iniciativa o idea del grupo parlamentario que propone la norma sin que se haya realizado efectivamente si la propuesta es la mejor alternativa posible, o si es realmente necesario realizar algún cambio en la legislación, sin cuantificar los costos y beneficios en el presente ni los impactos futuros.
Análisis regulatorio. Fuente: CPC
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Aumento de pensiones a docentes
No es de sorprender, entonces, que PL como el que plantea aprobar pensiones ad hoc a docentes públicos puedan transformarse en ley en los próximos meses.
Al respecto, el Congreso tenía pendiente votar (en una segunda votación), un PL que consiste en asignar una pensión mínima equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de primera escala magisterial; es decir, a S/ 3,300.6. El último jueves, esto se concretó y ahora queda pendiente conocer si será observado por el Poder Ejecutivo.
Este tipo de propuestas evidencia la irresponsabilidad de los parlamentarios al promover iniciativas claramente inconstitucionales tanto por lo estipulado en cuanto a las limitaciones de cambios previsionales sin análisis actuariales como de la limitación de iniciativa de gasto por parte del Congreso.
Si se mantiene el número de beneficiarios indicados en el dictamen (162 mil docentes), y se incorporan las proyecciones sobre nuevos jubilados y defunciones, el CPC estima que el costo fiscal adicional de la propuesta ascendería a S/ 5,400 millones para el 2026, por encima de lo que ya calcula el Gobierno.
En términos de gasto en planilla (personal y obligaciones), dicho costo fiscal adicional representaría un incremento del 23% con respecto al nivel registrado al cierre del 2024. Sobre el gasto en pensiones para los docentes de la Carrera Pública Magisterial (CPM), equivaldría a un incremento de 349% frente al presupuesto que se asignó al cierre del 2024 (S/ 1,555 millones).
Es evidente que este PL no pasaría el análisis de calidad regulatoria, por cuanto carece de temas fundamentales como la definición técnica de los objetivos, la elaboración de soluciones alternativas y por último la alternativa seleccionada no contiene la metodología de análisis costo-beneficio (beneficios monetizados y contrastados con los costos presentes y futuros).
El Congreso tenía pendiente votar (en una segunda votación), un PL que consiste en asignar una pensión mínima equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de primera escala magisterial; es decir, a S/ 3,300.6. El último jueves, esto se concretó y ahora queda pendiente conocer si será observado por el Poder Ejecutivo.
“Normas improvisadas y sin diagnóstico de los problemas”
Por: Graciela Muñiz, economista principal del CPC
Aunque el “Análisis de Impacto Regulatorio” pueda sonar como una herramienta muy técnica, su ausencia se traduce en algo muy concreto: normas improvisadas, sin diagnóstico del problema ni evaluación de alternativas, que terminan siendo insostenibles e incluso inconstitucionales.
La evidencia sobre la calidad legislativa es clara: ninguno de los 48 proyectos de ley evaluados en dos comisiones clave del Congreso cumple estándares mínimos. Más aún, el caso del proyecto que fija una pensión mínima de S/ 3,300 para los docentes es un ejemplo nocivo: generaría un costo fiscal, según el CPC, de S/ 5,400 millones en el 2026, incrementando en 349% el gasto en pensiones del magisterio.
Se trata de una medida sin fuente de financiamiento, en abierta contradicción con las reglas de iniciativa de gasto y con el principio de universalidad, ya que la política previsional exige soluciones integrales y sostenibles, no beneficios parciales y aislados para determinados grupos.
Mientras tanto, el Congreso prioriza el aumento de sus gastos (en cinco años su presupuesto se ha duplicado), evidenciando un divorcio entre los intereses políticos y las verdaderas necesidades ciudadanas.
Ninguno de los PL, a su vez, ha considerado qué pasaría si no se planteara la propuesta legislativa y cómo evolucionaría el problema de no realizarse la intervención.
