En el marco del shock desregulatorio lanzado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en marzo de este año, entre la larga lista de medidas que fueron compartidas a los medios, figuraba la eventual derogación de dos normas clave en materia laboral.
Estas son el Decreto Supremo (Nº 001-2022), que restringe la tercerización en el núcleo del negocio, y el Decreto Supremo (Nº 014-2022), que amplía los alcances del derecho de huelga y modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
Estas propuestas forman parte de un paquete de 402 medidas orientadas a reactivar la inversión privada y reducir trabas administrativas en distintos sectores económicos, incluido el laboral. La inclusión de estos temas ha generado tensiones entre gremios empresariales y sindicatos, debido a su impacto directo en la regulación de las relaciones laborales.
Si bien esta acción estaba en la lista del MEF, aún tomará un tiempo más que vea la luz.
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Durante una reunión con la prensa realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para presentar el Registro de Información de Trabajadores de la Informalidad Laboral, el ministro Daniel Maurate fue consultado sobre el futuro de dichas normas en el contexto del shock desregulatorio.
El titular del sector indicó que no se tiene previsto derogar estas disposiciones sin una consulta previa en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), espacio tripartito de diálogo entre el Estado, los empleadores y los trabajadores.
“Estos temas deben ser vistos en el diálogo social. No tenemos previsto derogarlos sin consulta. Si no hay consenso en la agenda, el Consejo Nacional del Trabajo no puede tratarlos”, sostuvo.
El ministro explicó que ambas normas han generado posturas enfrentadas entre empleadores y trabajadores, lo que ha impedido hasta ahora su inclusión formal en la agenda del CNT, órgano que opera bajo el principio de consenso tripartito.
Añadió que su cartera ha solicitado apoyo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fortalecer la institucionalidad del Consejo y evitar que su funcionamiento dependa únicamente de la voluntad de las partes.
“Debemos institucionalizar el diálogo social. Que no se suspenda si una parte se retira. Sentarnos a dialogar no significa acordar, pero sí mantener el proceso abierto”, señaló.
Consultado sobre la posibilidad de una derogación directa por parte del Ejecutivo, Maurate insistió que el Ministerio de Trabajo no contempla emitir un decreto supremo para anular las normas vigentes sin antes pasar por un proceso de consulta.
“En el sector, por lo menos, no tenemos pensado hacerlo sin consultar previamente con los trabajadores y los empleadores”, afirmó.
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Estado actual de las normas y la postura del Ejecutivo
Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, explicó que el Decreto Supremo N.º 001-2022-TR, que restringe la tercerización del núcleo del negocio, ya no se aplica en la práctica, aunque no ha sido formalmente derogado. Señaló que el Indecopi la declaró barrera burocrática, y que existen fallos judiciales favorables a empresas que invocaron el derecho a la libertad de contratación.
“No se puede decir que está derogado porque Indecopi no lo puede derogar, pero sí lo ha inaplicado. Es como una muerte civil de la norma”, indicó. A su juicio, al Ejecutivo solo le corresponde formalizar su eliminación como un trámite administrativo pendiente.
En contraste, el Decreto Supremo (Nº 014-2022), que amplió facultades sindicales y modificó las condiciones para ejercer el derecho de huelga, sí se encuentra vigente. Toyama considera que podría discutirse en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), pero ve poco margen de avance, ya que las organizaciones sindicales difícilmente negociarían una reducción de derechos.
“Aunque sea deseable dialogar sobre reformas laborales, en la práctica no hay espacio para que los sindicatos negocien hacia abajo”, indicó.
Impacto operativo del reglamento sindical y estrategia del MTPE
Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, coincidió en que el reglamento de relaciones colectivas tiene una incidencia más activa que la norma sobre tercerización, sobre todo en aspectos como el tratamiento de huelgas, la calificación de puestos indispensables, la entrega obligatoria de información financiera y el arbitraje.
Según explicó, el Ministerio de Trabajo estaría evitando asumir un costo político directo, y preferiría que sea el Poder Judicial quien eventualmente desactive esta norma mediante sentencias que declaren su ilegalidad. A su juicio, remitir el tema al CNT no representa una solución real, ya que las partes no han mostrado disposición para incluirlo en la agenda.
“El Ejecutivo está esperando que otro poder resuelva el conflicto. Y el CNT difícilmente tratará el tema porque no hay voluntad política ni consenso entre los actores”, señaló.
Falta de acción y propuesta de derogación técnica
Por su parte, César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, consideró que ambas normas deberían ser derogadas de forma expresa. En el caso del D.S. (N° 01-2022), señaló que se trata de una norma incompatible con la ley de tercerización y que ha sido descalificada por el propio Indecopi.
Respecto al reglamento sindical, cuestionó disposiciones como la prohibición de extender beneficios pactados con sindicatos minoritarios a trabajadores no afiliados, lo cual —afirma— dificulta la negociación colectiva y crea segmentación entre trabajadores.
Asimismo, criticó que el Ministerio de Trabajo condicione decisiones normativas a un eventual consenso en el Consejo Nacional del Trabajo, un espacio que —dijo— no ha tenido un rol efectivo en materia legislativa en los últimos años.
“Apelar al CNT es una forma de deslindar responsabilidad. Si estas normas son ilegales o inconstitucionales, el Ejecutivo debería asumir el costo técnico de derogarlas, más aún si fueron emitidas por una administración anterior”, sostuvo.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
