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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció que tomará medidas legales contra los funcionarios que se involucren en la entrega de medidas cautelares o similares a las empresas que soliciten una acción de amparo contra el decreto supremo que limita la tercerización laboral.
“(El MTPE) anuncia que accionará y responderá en la vía que sea necesaria para la defensa del Decreto Supremo N° 001-2022-TR (que limita la tercerización laboral), así como de toda norma que haya sido emitida en resguardo de los derechos fundamentales de los trabajadores, sin descartar drásticas acciones en la vía penal y disciplinaria para responder a los funcionarios que se involucren en otorgar indebidamente medidas cautelares o similares, además de los recursos del ámbito civil y constitucional”, señalaron en un comunicado el 11 de julio.
El pronunciamiento se da en un contexto en el que más de 300 empresas en total (Gestión 14.07.2022) han recurrido al Poder Judicial y a la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi para solicitar medidas cautelares a fin de resguardarse contra los cambios al reglamento que regula el servicio de tercerización, cuyo plazo para que las compañías de adecuen vence el 23 de agosto próximo.
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Ante el anuncio del MTPE, el Indecopi informó que sus órganos resolutivos son autónomos y actúan con estricta observancia del Principio de Legalidad, en particular, dentro del procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, sin injerencias de ninguna índole.
Las empresas, por otro lado, también están a la expectativa de que el Pleno del Congreso de la República vote este 14 de julio un dictamen de proyecto de ley que deroga el decreto supremo 001-2022-TR. Y es que según los diferentes gremios empresariales, la norma desaparecería los servicios de especialización que optimizan los procesos operativos de las empresas, reduciendo así, el número de empleos formales.
No obstante, el MTPE en su comunicado también ha rechazado los intentos de derogación de la norma por parte de algunos congresistas de la República, “ya que aquello implicaría un serio retroceso en materia laboral en perjuicio directo de la clase trabajadora, una falta a los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano y un serio obstáculo para la postulación del Perú a la OCDE, por lo que se exhorta a la representación nacional a priorizar los derechos de los trabajadores y ciudadanía por sobre intereses particulares”.
“El decreto supremo en mención no prohíbe la tercerización, sino que precisa que no se puede tercerizar el núcleo del negocio justamente en base a los términos de la Ley 29245 y el Decreto Legislativo 1038, corrigiendo la distorsión creada por el anterior reglamento”, finalizó.