:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/2Y32JKTCDNHCNAEOMHV564LQGY.jpeg)
El Pleno del Congreso de la República debatirá el dictamen recaído en los proyectos de ley 1522, 1726 y 2129, que buscan derogar el decreto supremo que restringe la tercerización laboral, al prohibir su uso por parte de las empresas empleadoras en actividades consideradas “nucleares” y complementarias.
Dicho dictamen está listo desde julio, pero el Congreso pospuso su debate por razones nunca divulgadas. Aunque ha sido incluido en la agenda del Pleno de Parlamento de este jueves.
Anteriormente, en julio, la entonces presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Monteza, se comprometió a no poner a debate el proyecto de ley 2129, tras reunirse con representantes de la CGTP días antes.
El último martes, expertos y personas involucradas en el sector, incluyendo al ministro de trabajo, Alejandro Salas, se reunieron con varios congresistas para discutir sobre la tercerización laboral y el decreto supremo en cuestión.
Meses atrás, cuando el proyecto 2129 llegó al pleno, el mismo Ministerio de Trabajo advirtió que presentaría una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional si es que se aprobaba la iniciativa legislativa.
Ese despacho señaló que los reglamentos, como el que abordó el decreto supremo, son de exclusiva competencia del Ejecutivo, por lo que el Congreso no debería tocarlos.
LEA TAMBIÉN: Tercerización: Reputación internacional del Perú está en riesgo, advierte OIE
Críticas al decreto
El referido decreto supremo es una de las normas más controversiales de los últimos años y, en la actualidad, existen más de 800 acciones legales en su contra, divididas entre demandas ante el Poder Judicial y denuncias de barrera burocrática ante el Indecopi (Gestión 13.09.2022).
La norma es severamente criticada por su posible efecto nocivo en el empleo y en la productividad de las empresas ya que, se argumenta, afectará la rentabilidad de empresas tercerizadoras, llevando a la quiebra a muchas y generando desempleo. Además, no permitirá a las empresas contratar servicios altamente especializados para cubrir áreas en las que estas no tienen expertise.
