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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) alertó el martes pasado, en una entrevista con Gestión, que el Decreto Legislativo (D.Leg.) 1620, que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento en Perú, elevaría seriamente las tarifas de agua. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) asegura que el regulador ha exagerado los alcances de la norma en cuestión.
En diálogo con este diario, Max Carbajal, Director General de Políticas y Regulación del ministerio, recalca que Sunass ha presentado la brecha tarifaria, es decir, el estadio ideal para que las 50 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) peruanas cubran sus costos operativos. Ello no significa necesariamente que se elevarán de golpe las tarifas de agua. Llegar a esos niveles deberá ser “progresivo”, afirma.
Según Carbajal, el Decreto Legislativo 1280, que es la ley que modifica el D.Leg. 1620 tan cuestionado, otorgó una independencia a Sunass sobre la definición de los subsidios y fórmulas tarifarias en el sector agua que no dio resultados. El propósito del MVCS sería recuperar el tiempo perdido.
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Análisis de la tarifa
Según Carbajal, el 55% de las EPS peruanas presentan un margen neto negativo, esto a pesar de que 20 de las 50 existentes están temporalmente bajo el brazo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) y que reciben hasta S/ 700 millones anuales en transferencias.
“Se dice que están quebradas por ineficientes, pero si la tarifa, que es su único ingreso para operar, no les alcanza para cubrir costos, difícilmente puedes hacer mucho en esas condiciones”, considera.
El funcionario del MVCS argumenta que las EPS han estado amarradas de manos, ya que la normativa que sigue Sunass hoy no permitía, por ejemplo, que se reconozca la totalidad de los activos operativos obtenidos mediante donaciones.
“En la tarifa se incluye una parte, pero cuánto, depende. Hay EPS que tienen reconocido el interés donado entre 10% o 40%, pero no hay estándar ni regla. Lo que hemos hecho es que la regla sea reconocer todo, pero Sunass puede sustentar excepciones”, explica Carbajal.
Subsidio cruzado
El presidente ejecutivo de Sunass, Mauro Gutiérrez, aseguró a Gestión que, dado que el D.Leg. 1620 y su futuro reglamento permitirían también que los criterios de las variables principales para el cálculo de los subsidios cruzados en Perú sean definidos por el MVCS y no su entidad, el ministerio estaría interfiriendo en sus funciones.
Al respecto, Carbajal señala que los subsidios son una política social y no tarifaria, por lo que siempre han debido corresponder al MVCS. Además, apunta que el D.L 1280, aprobado en 2016, entregó demasiadas potestades a Sunass.
“Se les delegó definir casi todo, pero no tuvo resultados positivos. Ellos dicen que les quitamos funciones, pero los subsidios no les corresponden”, agrega.
Carbajal también resalta que así funcionan los otros sectores regulados, como electricidad. La idea del MVCS es replicar ello en agua. “Tienen el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE). Osinergmin lo aplica, pero el monto y hasta dónde llega no corresponde al regulador. Buscamos algo parecido. Trabajaremos la mejor fórmula con el mismo Sunass y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)”, plantea.
Para el funcionario del MVCS la revisión de la aplicación de los subsidios es urgente. “Buscan un principio de equidad que no se está alcanzando. En provincias la diferencia entre usuarios ricos y pobres es de S/ 0.10 al mes, según los estudios tarifarios de los últimos dos años”, asegura.
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El incremento no será de golpe
Gutiérrez de la Sunass también manifestó a este diario que como el D.Leg. 1620 les exige hacer un rebalanceo tarifario con variables dadas desde el MVCS, las tarifas de agua se dispararían en todo el país. Este “ajuste” tendría que ser calculado en un periodo de dos años, plazo que vencerá a finales del 2025, para todas las EPS.
En lugares como Cotahuasi, Arequipa crecería hasta en ocho veces. En Casma Huarmey, Áncash, cinco. En Lima, el monto facturado por Sedapal pasaría de S/ 65 a S/ 128, un impacto del 97%, en base al consumo de 15 metros cúbicos de agua al mes de una familia promedio, afirmó.
Sin embargo, Carbajal del MVCS, asegura que la misma norma plantea que Sunass tiene dos años para calcular los nuevos costos, pero esto no significa que sean de aplicación inmediata.
“Lo que hizo Sunass está bien: nos mostraron la brecha de que la siempre hablamos sin cuantificar. Así podemos ver cómo aproximarnos, pero no será de un día para el otro. No será así. El MVCS no lo dice y no obligaremos a Sunass a que así sea” sostiene.
Lo que sí reitera Carbajal es que no es sorpresa que las cifras reveladas por Sunass hayan sido tan grandes. “Los niveles tarifarios de Perú son los más bajos de la región. Lo dijo la OCDE en 2021 y el Banco Mundial ha remarcado que aquí se aplica una tarifa promedio de US$ 0.62 céntimos por metro cúbico (m3) y que eso está muy por debajo del promedio regional”, refiere.
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MVCS pide al Congreso interpretar bien la norma
En medio de todo el revuelo generado por el rebalanceo tarifario, el Congreso de la República también se ha interesado en la aplicación del D.Leg. 1620. Sin embargo, su propósito es derogarlo. Según revisó Gestión hay hasta seis proyectos de ley que buscan desaparecer la ley de reforma.
El argumento, en todos los casos, es el mismo: los congresistas aseguran que el MVCS busca privatizar el agua. Carbajal cree que en el Legislativo han caído en la desinformación. “La idea es fortalecer empresas públicas, si hubiese un riesgo de privatización, los que deberían protestar primero serían las mismas EPS. Pero ellas han leído toda la norma y han dado respaldo al MVCS”, apunta.
Según Carbajal, los congresistas han interpretado mal el hecho de que la norma promueva las Asociaciones Público Privadas (APP) en el sector, lo que desconoce la realidad actual del mismo, ya que ya existen colaboraciones entre EPS y el empresariado.
“Una APP no es privatización, sino construcción de infraestructura. La brecha es tan grande que es necesario. Hay experiencias que funcionan, una de ellas es la PTAR Taboada de Sedapal, que es la más grande de Sudamérica. Procesa 14 m3 por segundo”, manifiesta.
Por ese motivo, el funcionario del MVCS recalca que asistirán al Congreso a defender el D.L 1620. “Es un trabajo por hacer a detalle, la idea es que todos los entiendan”, agrega.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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