En diciembre del 2024, la promulgación de la Ley N° 32181 eliminó la detención preliminar en casos de no flagrancia. Posteriormente, ante las críticas de la opinión pública, el Congreso de la República aprobó una nueva autógrafa para restablecer la herramienta, pero el Poder Ejecutivo optó por observarla en lugar de respaldarla. En esa línea, propuso restringir la medida legal a 10 delitos específicos.
Conforman la lista el feminicidio, sicariato, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, violación sexual, robo agravado, extorsión, organización criminal, tráfico ilícito de drogas y terrorismo.
Con el reflector sobre ellos, el Gobierno —con sus advertencias— plantea excluir 88 delitos; uno es el tráfico de productos forestales, lo que comprende la tala ilegal.
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La radiografía de la legalidad
En una conversación previa con este diario, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) brindó la data desde el 2017 y evidenció la tendencia de reducción de tala ilegal al menos hasta el 2021.
En detalle, Williams Arellano Olano, jefe de la entidad, adelantó que el próximo panorama presentaría un tinte adverso: “Entendemos que se ha incrementado un poco (la tala ilegal)”, estimó. Cabe resaltar que las cifras del 2023 se compartirán en el primer trimestre del 2025.
Añadió que los esfuerzos para frenarla se deben efectuar de manera conjunta. Por ello, uno de esos elementos cooperantes es la justica.
Daniel Ramos, socio del área Penal y Compliance de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), califica esta reducción a 10 delitos puntuales como un “establecimiento de un catálogo”. Por tanto, “tener que regular un catálogo es bien restrictivo y deja un espacio muy abierto para otras faltas graves que también son de interés funcional”, subraya.
Menciona, además, que, dentro de este breve inventario no aparece “el tráfico ilegal de productos maderables ni muchos otros que son de preocupación nacional, como la minería ilegal, la contaminación ambiental o la corrupción de funcionarios”.
Bajo su perspectiva, significaría “un retraso” considerar las observaciones del Poder Ejecutivo. Y no se refiere a dejar de imponer o no “un montón de detenciones preliminares”, sino a que, “cuando sea necesario y de manera excepcional se requiera una medida de este tipo, es importante tenerla, porque es una herramienta para averiguar la verdad y obtener una prueba”. En suma, “es perfectamente válida y útil para conocer la verdad, sin el abuso”, acota.
Ante ello, el especialista explica que el único camino que quedaría sería la detención preliminar en casos de flagrancia delictiva: “Son 48 horas dentro de las cuales se tendría que pedir la prisión preventiva o, en su defecto, otorgar la libertad, y no existiría otro mecanismo”, precisa.
Si bien la excepción a la regla es la privación a la libertad, porque prima la presunción de inocencia, cabe la posibilidad de que no contar con la detención preliminar en casos de no flagrancia termine “generando impunidad, que una persona se dé a la fuga u obstaculice la averiguación de la verdad”.
Coloca, así, el hiperfoco en el delito de tráfico ilegal de materias forestales maderables: “Es un delito grave porque la pena va hasta los 7 años. Una persona que se dedica a esto no actúa solo, siempre actúa con un grupo. [...] Se corre el riesgo de que se eliminen pruebas, registros y todo lo demás”.
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El amparo de la justicia, una tarea
Aunque el catálogo sea más amplio, la tala ilegal seguiría padeciendo de un mecanismo de justicia. En sus observaciones, el Poder Ejecutivo propuso elevar la valla y mover de 4 a 8 años el mínimo de la pena requerida para que se dicte la medida en casos de no flagrancia.
Ramos es tajante: “El tráfico de productos forestales no estaría contemplado en esta nueva regulación porque tiene una pena no menor a 4 y no mayor a 7 años”.
Así se establece en el artículo 310-A del Código Penal:
El que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 7 años y con 100 a 600 días-multa.
Frente a un escenario así, las personas estarían sometidas a su derecho de defensa de libertad; “lo cual no está mal, esa es la regla. Solo que, en circunstancias de este tipo, muchas veces se pierde la posibilidad de capturar la prueba”, describe el abogado.
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Tarea de Osinfor con menos respaldo legal
Pese a que el Osinfor no posee competencia en la aplicación legal con respecto a los casos de tráfico de productos forestales, sí se centra en la supervisión, fiscalización y monitoreo del aprovechamiento sostenible de este campo, y se asegura, así, que los permisos administrativos sean utilizados correctamente.
Por ello, la entidad pormenoriza para Gestión su cuota en la búsqueda de justicia en dicho sector económico: “Cuando en el ejercicio de nuestras funciones identificamos indicios de tala ilegal, informamos de inmediato a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, que es la entidad responsable de investigar y sancionar estos delitos”, inicia.
Dentro de su circuito de trabajo, resalta el papel de las alertas forestales, las cuales “permiten detectar y responder rápidamente ante actividades ilícitas en los bosques. Estas alertas facilitan la coordinación inmediata con las autoridades competentes, principalmente los fiscales ambientales, para tomar acciones que detengan el uso de documentos fraudulentos destinados a movilizar madera ilegal y para incautar productos forestales obtenidos ilícitamente”, sostiene.
Finalmente, el expediente generado se comparte en tiempo real con el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, lo que, en un camino normal, favorece las investigaciones penales.
Ramos concluye en la urgencia de que el Ejecutivo—con el objetivo de colaborar con el trabajo que las entidades especializadas como Osinfor ya despliegan— ponga los intereses de la sociedad por encima de los personales.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
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