El Poder Judicial decidió reprogramar la audiencia para evaluar la suspensión del cobro de peajes en la Línea Amarilla, como medida preventiva en el marco de las investigaciones llevadas a cabo contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, así como contra las empresas OAS y Lima Expresa S.A.C.
El juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, quien es el encargado de evaluar el pedido del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, estableció que los nuevos días de audiencia son el martes 10 y miércoles 11 de diciembre.
Al inicio de la audiencia, la Fiscalía presentó nuevos elementos de convicción. Esto es documentación relacionada a la estimación actual de la tarifa del peaje en dicha zona, proporcionada por la Gerencia de la Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la Municipalidad de Lima, que será vital en la investigación. También se presentó una pericia.
Ante esta situación, el magistrado alegó una carga de trabajo importante, ya que también debe atender otros casos y recursos. Sin embargo, dijo que sesionará dos días seguido para poder avanzar en resolver el pedido.
“Estimo, que la decisión judicial puede emitirse entre el jueves 19 de diciembre o después de la Navidad, tengo mucha carga para tener solvencia en resolver estos temas”, acotó.
Esta solicitud del Equipo Especial Lava Jato abarca los peajes ubicados en la Sección 1: Vía Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramiro Prialé; y la Sección 2: Peajes Estadio, Ejército y Huánuco.
El Ministerio Público también solicitó el nombramiento de la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo de Proyectos Estratégicos (EMAPE), como administradora judicial de los peajes, a fin que custodie los bienes de la concesión.
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Acusaciones
De acuerdo a la tesis fiscal, la empresa OAS, antes Concesionario Línea Amarilla, realizó aportes ilícitos a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, para financiar su campaña contra el pedido de revocatoria en su contra. A cambio, según la Fiscalía, Villarán favoreció a la constructora brasileña con una extensión del contrato de concesión del proyecto vial Línea Amarilla.
Lima Expresa, subsidiaria de la empresa Vinci Highways y actual concesionaria de Línea Amarilla, sostuvo que opera bajo un contrato de concesión vigente y legítimo firmado con la Municipalidad de Lima.
Agregó que la solicitud del Ministerio Público responde a un caso que se encuentra en proceso de investigación por las instancias correspondientes. Además, invocó a las autoridades del sistema de justicia a adoptar decisiones en respeto de las garantías constitucionales.
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Opiniones
En un informe previo elaborado por Gestión, respecto a los posibles escenarios en caso de la suspensión de los peajes, Andy Carrión, abogado penalista, consideró que si el juez le otorga a la Fiscalía el pedido señalado, la empresa afectada podría apelar a una segunda instancia y luego de la apelación, en caso confirmen la decisión y no le sigan dando la razón a la concesionaria, podría entablar un recurso de casación. Este último debería ser evaluado en la Corte Suprema.
“Lo que ha hecho la empresa es también previamente entablar arbitrajes internacionales. También lo hizo la municipalidad. El problema es que estos arbitrajes internacionales colisionarían con la decisión judicial tomada en Perú y ante ello tendría que preferirse la decisión judicial que se aborde”, complementó.
Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional y en su momento contratado como experto por Rutas de Lima para elaborar un informe sobre el habeas corpus ante el alza de tarifa de peajes, consideró que el peor escenario posible -en caso de ser aceptado este pedido de suspensión- es ahuyentar la inversión extranjera, lo cual sería lesivo para la economía del país.
“Ninguna acción del Estado, incluso ninguna ley, puede suspender el convenio de un contrato de estabilidad jurídica. Hacerlo, como ha ocurrido en el caso de Rutas de Lima, daña la imagen del Perú y no da la seguridad a los inversionistas extranjeros, que ha sido el propósito del constituyente vigente hasta hoy. Es un mensaje negativo para los inversionistas”, dijo en entrevista con Gestión.
Además, sostuvo que los incumplimientos por parte del Estado, contraviniendo disposiciones constitucionales, nos exponen a un riesgo de ser emplazados ante arbitrajes internacionales con consecuencias negativas para el país.
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