En el Perú, la tributación de los servicios de consultoría digital ha generado un debate entre la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Corte Suprema. La controversia surge a partir de un informe emitido por Sunat y una casación resuelta por la Corte Suprema, los cuales presentan interpretaciones distintas sobre la aplicación del Impuesto a la Renta (IR) en este tipo de servicios.
Mientras una entidad considera que ciertos servicios deben estar sujetos a retención, la otra establece criterios específicos que determinan cuándo procede dicha obligación tributaria.
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Posición de Sunat
Sunat, en su informe, señala que los servicios de consultoría prestados en línea, como el soporte técnico y la asesoría brindada a través de videoconferencia o correo electrónico, califican como servicios digitales.
Según la entidad, estos servicios encajan dentro de lo establecido en el inciso b) del artículo 4-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, ya que son accesibles en línea y dependen del uso de tecnología para su prestación.
El informe enfatiza que, incluso cuando un servicio digital no es esencialmente automático, puede ser considerado como tal si se presta por medios electrónicos y se consume en el país. La entidad resalta que la normativa vigente no exige un grado absoluto de automatización, sino que se enfoque en la forma en que el servicio es brindado y utilizado en territorio peruano.
La entidad fiscalizadora sostiene que, bajo estos criterios, cualquier servicio profesional brindado a través de plataformas digitales debería considerarse digital, sin que sea necesario que cumpla con la condición de ser esencialmente automático o depender totalmente de la tecnología.
Sunat argumenta que la lista de servicios digitales en el reglamento no es taxativa y que no se requiere que estos sean automáticos para ser gravados. Según su interpretación, el hecho de que un servicio se preste a través de medios digitales es suficiente para que sea considerado digital y sujeto a retención del Impuesto a la Renta (IR).
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Decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema rechazó la interpretación de Sunat y confirmó el fallo del Tribunal Fiscal, el cual estableció que ciertos servicios de consultoría digital no calificaban como servicios digitales. Según la sentencia, para que un servicio sea considerado digital y sujeto a tributación en el Perú, debe cumplir con tres requisitos: ser esencialmente automático; depender completamente de la tecnología de la información; y no ser viable sin el uso de tecnología.
El Tribunal Fiscal y la Corte Suprema concluyeron que los servicios de consultoría analizados requerían una intervención humana significativa, lo que los diferenciaba de los servicios digitales propiamente dichos.
Se determinó que el uso de correo electrónico o videoconferencia era solo un medio de comunicación, pero no el canal esencial del servicio. En consecuencia, estos servicios no cumplían con los criterios para ser considerados digitales y, por tanto, no estaban sujetos a la retención del IR.
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Impacto Económico de la Controversia
Jorge Dávila Carbajal, socio del Estudio Rubio Leguía Normand, señala que esta discrepancia afecta a las empresas peruanas que requieren consultorías especializadas en sectores como el informático, tecnológico y legal. Explica que, en los contratos con prestadores de servicios no domiciliados, es común que la empresa peruana asuma el IR, lo que incrementa el costo de la consultoría.
Según la normativa vigente, las empresas locales no pueden deducir como gasto el IR asumido en estos casos, lo que representa una carga financiera adicional y afecta la competitividad empresarial en un contexto globalizado.
Carlos Moreano, director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, sostiene que la interpretación de Sunat no se ajusta a la normativa vigente y genera incertidumbre para los contribuyentes. Señala que la jurisprudencia actual del Tribunal Fiscal y la Corte Suprema debería ser suficiente para que la administración tributaria adecúe su criterio.
Por su parte, Dávila destaca que esta situación impone a las empresas un dilema: acogerse a la interpretación de Sunat y asumir el costo adicional del impuesto o enfrentar largos procesos contenciosos tributarios. Explica que esta falta de seguridad jurídica puede disuadir la contratación de consultorías del exterior, afectando la competitividad del sector privado.
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Necesidad de una aclaración
Moreano sostiene que la emisión de una jurisprudencia de observancia obligatoria por parte del Tribunal Fiscal es crucial para resolver la incertidumbre que enfrentan los contribuyentes respecto a la interpretación de la Sunat sobre los servicios digitales.
Explica que, aunque el Tribunal Fiscal y la Corte Suprema han determinado que las consultorías vía correo electrónico no califican como servicios digitales, la Sunat sigue aplicando su propio criterio basado en un informe interno que solo es vinculante para sus funcionarios.
Según Moreano, una jurisprudencia de observancia obligatoria haría que la interpretación del Tribunal Fiscal se convierta en un criterio vinculante para la Sunat, obligándola a respetarlo y evitar que continúe gravando servicios que, según la ley, no deberían estar sujetos al impuesto del 29.5%.
Dávila coincide en la necesidad de esta jurisprudencia, pero también considera que debería complementarse con una modificación normativa que aclare expresamente que los servicios incluidos en la lista de la ley deben cumplir con los criterios de automatización para ser considerados digitales.
Sin una jurisprudencia clara y obligatoria, los contribuyentes seguirán enfrentando procesos contenciosos largos y costosos para defender su posición, lo que afecta la seguridad jurídica y encarece la contratación de consultorías del exterior.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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