Hoy miércoles 16 de abril entra en vigencia la reforma de la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, teniendo como componente principal la ampliación de su rol fiscalizador y supervisor.
Como se recuerda, la APCI está a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación internacional no reembolsable. Esta se gestiona a través del Estado y proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado.
Uno de los principales cambios es que, ahora, las entidades que gestionan cooperación técnica internacional “tienen la obligación de inscribir los proyectos, programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación técnica internacional”. También aplicará para quienes la gestionen sin la participación de los organismos del Estado.
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¿Qué rol tendrá la Sunat tras los cambios a la APCI?
Carlos Caro, socio fundador y CEO de Caro & Asociados, destacó que con esta reforma de las APCI se está estableciendo un registro obligatorio de inscripción para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) receptoras de este tipo de cooperación, así como también el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), entre otros similares.
Al respecto, se dispone la “implementación de un mecanismo de transferencia de información” de las APCI, junto con la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).
Para la administración tributaria, incluso, se establece evaluar la creación de una unidad para “efectivizar” sus competencias. Caro indicó que esto podría definirse con mayor claridad en su reglamento, aunque no hay un plazo establecido.
Asimismo, se menciona que la Sunat proporcionará mensualmente a la APCI la información detallada de “los bienes ingresados al Perú dentro del marco de la Cooperación Técnica Internacional.
la APCI está a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación internacional no reembolsable.
“Lo que hace esta ley es darle mayores facultades a la APCI, pues no venía ejerciendo plenamente su rol de supervisar. La APCI no tiene experiencia en estas tareas, por ello se apuntó, por ejemplo, a Sunat, que sabe vigilar gastos”, comentó Caro.
A su turno, Giorgio Balza, asociado principal de Cuatrecasas, mencionó que un aspecto clave es que las fiscalizaciones no solo serán sobre las donaciones, sino también de los donantes, quienes deberán completar su registro para no caer en una irregularidad.
Esto generaría que, por ejemplo, las ONG o ENIEX pierdan su carácter de estar exoneradas del Impuesto a la Renta (IR).
Balza agregó que, en la práctica, la Sunat no asumirá mayores funciones en la revisión sobre las APCI, pues sus competencias están “bien separadas”. Sin embargo, resaltó que con el nuevo registro la Sunat podrá hacer una mayor vigilancia al contar con mayores fuentes de información.
“¿Qué podría pasar? Que se identifique que una ONGD está desviando fondos, se le quite la inscripción [de exonerada de IR] y todo lo que perciba sea gravado”, apuntó.
De otro lado, en la norma se precisa que las sanciones son leves, graves y muy graves y van desde la amonestación hasta una multa de 500 UIT (S/ 2,675,000 al valor del 2025).
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¿Funcionará esta nueva medida?
Para Caro, aunque la ley entra en vigencia este miércoles, el principal reto para el cumplimiento de esta ley pasa por la disposición de recursos públicos.
“Sin recursos públicos no va a caminar esta ley. Ese presupuesto debe gestionarse desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pero hay interrogantes sobre su vigencia por la resistencia que ha generando una mayor supervisión. Se siente en vitrina [por el origen del financiamiento y su uso]”, comentó Caro.
En tanto, Balza observó que para esta propuesta no se ha considerado el costo que implicaría crear una nueva unidad en la Sunat. A esto sumó que estas competencias alrededor de las APCI no suman en su tarea de elevar la recaudación tributaria, pues las ONGD y otros no pagan impuestos.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
