El inicio de octubre no solo tuvo como noticia un crecimiento de 11.3% de la recaudación tributaria en setiembre, su cuarto resultado positivo consecutivo; sino también novedades administrativas.
El Gobierno decidió dar por concluida la designación de Gerardo López, quien solo estuvo en el cargo durante siete meses, y lo reemplazó con Victor Mejía, sobre quien se destaca su experiencia en el Tribunal Fiscal (TF).
“Hemos visto conveniente sustituir a Gerardo (López) por una persona como Víctor Mejía que tiene experiencia, no solo en Sunat. Buscábamos a alguien que tenga experiencia en el Tribunal Fiscal (TF). Se ha visto conveniente para el desarrollo de la institución”, sustentó José Arista, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al respecto.
El cambio ocurre en un contexto donde el Perú incumplirá, por segundo año consecutivo, su regla de déficit fiscal, de acuerdo con la proyección del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y de diversos analistas, explicado principalmente es insuficientes ingresos al fisco.
Prioridades
Reducir la tasa de evasión tributaria, tratando del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto General a las Ventas (IGV), debe continuar siendo el foco de la nueva gestión, señaló Carlos Oliva, extitular del MEF.
“En particular, la tasa de incumplimiento del IGV es de como el 36%. Es un nivel mayor al del 2019, la prepandemia”, mencionó.
En esta línea, Oliva comentó que la administración tributaria ha ido recibiendo una serie de herramientas, en los últimos años, para elevar su capacidad de recaudación.
“Por ejemplo, se han dado algunos ajustes de marco legal para darle más poder a la Sunat y así pueda efectuar los cobros. También se ha tenido un apoyo sobre el sistema tecnológico. Se les ha dado un importante apoyo normativo y logístico, pero sorprende que no responda (con mayores resultados)”, observó Oliva.
A su turno y como primer apunte, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que existe un problema estructural en la tributación peruana que impide elevar las cifras.
“Los niveles de recaudación como PBI en los últimos 20 años respondió a los ciclos de los minerales. A un mayor precio del cobre, mayores ingresos. Esto va más allá del perfil del jefe de la Sunat”, señaló Gallardo.
El gerente del IPE indicó que una de las acciones que debe seguir impulsándose es la simplificación del sistema, a bien de que sea un incentivo para la formalización y facilite el intercambio de información.
“Aquí es importante el perfil de cumplimiento tributario que se anunció hace unas semanas, por ejemplo. Hay otras importantes que siguen pendientes y no deben descansar solo en el MEF. Continuar con la ampliación de la base tributaria y la formalización es de los más prioritario en la agenda pendiente”, precisó.
Para Oliva, una medida que debe continuarse con el mismo ánimo que se anunció es la regularización de la tributación de personas con alto patrimonio.
Como informó recientemente este Diario, más de 130,000 personas fueron identificadas por la Sunat en este campo. En la segunda parte de este año, se espera regularizar a 15.000, lo que resultaría hasta S/20 millones de ingresos adicionales al erario nacional.
“Esta clase de anuncios es importante, donde se identifican desbalances y se ejerce el poder de la Sunat, la cobranza coactiva”, comentó Oliva.
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Gallardo, además, apuntó que la Sunat puede explotar en mayor medida el uso de la información a la que tiene acceso.
“Allí identificas a quiénes evaden, a los completamente informales, a los semiformales y más. Hoy, a diferencia de años atrás, más del 90% del movimiento económico debe estar en boletas”, anotó el gerente del IPE.
“Una persona puede tener un restaurante, pero lo inscribió en otro rubro en el RUC. Pero si estás comprando cebolla, limones, otros alimentos, eres naturalmente un restaurante”, complementó.
Oliva también apuntó hacia la informalidad y señaló que, aunque es más difícil de actuar en este rubro, se cuentan con las herramientas, proveyendo y cruzando información, para actuar en cierto modo al respecto.
“La informalidad es un tema relacionado al mercado laboral, pero con la información a la que se tiene acceso puede actuarse un poco más”, sostuvo.
Para Gallardo, resulta clave que el Estado en conjunto (Sunat, Sunarp, OSCE, Sunafil) pueda solucionar lo que le impide trabajar como uno solo.
A esto añadió que la información también debe ponerse a disposición, por ejemplo, de la academia, salvando las protecciones a la confidencialidad correspondientes. Así se podría tener mayores y diferentes análisis que sumen a analizar el sistema y elevar los ingresos fiscales.
¿Retroceso legislativo?
A inicios de este mes, el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) presentó el PL 9115/2024-CR, que plantea derogar la norma que efectúa el cobro de Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la utilización de servicios digitales y la importación de bienes intangibles. Esto es la llamada “Tasa Netflix”.
Oliva señaló que esta norma no tiene sentido alguno, pues se genera un escenario de competencia desleal cuando empresas domiciliadas sí pagan y las extranjeras no.
“Es un sinsentido. Lo que corresponde es aplicarle este impuesto a las empresas de servicios digitales”, anotó.
Por su parte, Gallardo sostuvo que la posición del Congreso, mediante este tipo de propuestas, es contrario a buscar las mejoras de las finanzas públicas.
“Hoy, el Congreso no solo juega en contra del país elevando el gasto público, sino que también dificulta elevar la recaudación en casos donde siempre ha correspondido. A los servicios digitales les corresponde ser gravados, siempre le ha tocado, solo que antes no se podía por temas operativos. No hay justificación para que no se les cobre”, puntualizó.
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