El Decreto Legislativo (D.L) 1620, que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento en Perú, aprobado el 21 de diciembre del 2023 por propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha generado, desde su promulgación, un rechazo firme del regulador del sector: la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). La crítica es que sus artículos elevarían seriamente las tarifas de agua.
Ese es el “riesgo potencial” más serio que identifica está entidad. Según la quinta disposición complementaria transitoria del D.L, Sunass debe hacer un rebalanceo tarifario durante dos años para todas las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que supervisa.
En exclusiva con Gestión, Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo del regulador de agua y alcantarillado, presenta en números, cómo la aplicación de esta modalidad generará un “shock” de incrementos en los recibos por este servicio en diversas localidades del país. La presión, asegura, sobre el nivel de pobreza en Perú, sería considerable.
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Nuevos criterios
El MVCS está actualmente socializado el reglamento del D.L, es decir, se encuentra en etapa de prepublicación. El plazo para recibir comentarios vence este 6 de junio.
Entre las aclaraciones que hace este documento están los criterios que Sunass debe seguir para el rebalanceo tarifario, cuyo plazo de dos años arrancó desde la publicación de la norma, es decir, en diciembre del 2023.
Gutiérrez explica a Gestión que el D.L 1620 también plantea que los criterios de las variables principales para el cálculo de la tarifa de agua serán definidos por el MVCS y no por Sunass.
“Si bien el D.L dice que somos la autoridad regulatoria, en la ley y el prereglamento se deja claro que los componentes para determinar la tarifa directa o indirectamente corresponden al ministerio. Seríamos una calculadora tarifaria, ingresaría la receta y los comandos a un Excel y listo”, considera.
Entre estos están los costos de operación y mantenimiento, como la expectativa de recuperación de las inversiones realizadas. Hoy en día, los esquemas que aprueba Sunass tienen una vigencia de cinco años para cada EPS.
También se establece el reconocimiento de la “totalidad de la base del capital” como una variable. Según Gutiérrez, ello implicaría sumar a la fórmula de la tarifa figuras que antes no se incluían como parte de los costos operativos, entre ellas préstamos.
“El costo de capital, que hoy está en alrededor del 5.5% se debe llevar a 8% con el D.L 1620, como una tasa de actualización. Solo por ese cambio metodológico, para una familia promedio que consume 15 metros cúbicos (m3), su costo medio subirá considerablemente”, asegura.
Debido a la vigencia del D.L, la Sunass tiene como fecha límite para implementar estos nuevos esquemas el 21 de diciembre del 2025. De acuerdo a Gutiérrez, apenas se emita el reglamento, cuyo plazo de aprobación no debe exceder del 18 de junio, irán aprobando estas nuevos costos por cada EPS.
Por ese motivo, precisa el presidente ejecutivo, ya han traducido las nuevas exigencias del MVCS en números. El resultado es que en algunas localidades del Perú, las tarifas promedio para el agua potable se incrementarían hasta en tres veces su valor actual (ver tabla).
“En Lima, es decir, Sedapal, una familia promedio que consume 15 metros cúbicos (m3) paga S/ 65 al mes. Por el cambio metodológico, su facturación potencialmente llegaría a S/128. Es un incremento del 97%”, advierte Gutiérrez.
Sin embargo, según el cálculo de Sunass, el aumento será aún mayor en otras EPS del Perú. El más fuerte de todos será en dos localidades de Arequipa, que hoy están a cargo de Sedapar, donde el impacto será de hasta 729%.
En ciudades como Piura, donde la EPS Grau se mantiene en administración temporal del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) por deudas contraídas con el Fonavi, habría un aumento de hasta 266% del costo promedio actual.
A Gutiérrez le preocupa seriamente el golpe que esto podría generar en las personas vulnerables, es decir, aquellas que están al borde de caer en pobreza. Hasta el cierre del 2023, son 10.6 millones los peruanos en esta condición y el grueso están en zonas urbanas, donde operan las EPS, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con el cambio metodológico, Sunass calcula que aproximadamente 300 mil personas caerían en la pobreza.
“No es un tema menor. Hoy no tenemos el crecimiento económico de antes. La pregunta es qué pasará si los vulnerables deben pagar S/ 50 más. Estaban al borde de la pobreza, con esto caerán en ella. Le hemos pedido al MVCS que lo analice: que pase lo cualitativo a lo cuantitativo”, resalta el titular de Sunass.
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Otras observaciones
Si bien lo anterior es lo más alarmante, no es todo lo que Sunass, con Gutiérrez a la cabeza, han tratado que el MVCS replantee. Aparte está el hecho de que el D.L 1620 plantea en su artículo 71.3 que se desvinculen las metas de gestión de las EPS a las condiciones de los incrementos tarifarios.
“No está en el prereglamento, sino a rango de ley. Para asegurar la sostenibilidad del servicio de agua potable hoy la aplicación de los aumentos tarifarios se sujetan al cumplimiento de condiciones, es decir, metas. Con el cambio, se aprobarán los aumentos sin considerar ello”, lamenta el presidente ejecutivo de Sunass.
Otro aspecto que le preocupa a la entidad reguladora también está referido al nivel tarifario, cuyas consideraciones están presentes en el artículo 168 del prereglamento. Este ahora plantea que, además de los costos económicos, reposición de activos fijos y costo de oportunidad de capital, se puedan reconocer “reconoce laudos, procesos judiciales, sanciones administrativas y otros costos inevitables”.
Según Sunass, ello implicaría que cualquier EPS, al momento de pedir una subida de tarifa, traslade sus ineficiencias operativas a sus usuarios.
“Si la multan, no solo Sunass, sino cualquier entidad como Sunafil o una municipalidad, podrán acercarse y pedir aumentos incluyendo esas sanciones como parte de sus costos. Será un traslado directo a la tarifa”, recalca Gutiérrez.
Por estos riesgos potenciales, el presidente ejecutivo de Sunass sostiene que, junto a los consejos de usuarios han solicitado al MVCS que extiendan el plazo de discusión del prereglamento, ya que la cartera solo dio 10 días. Aparte, están pidiendo que se sustenten mejor los impactos.
“Un tema importante en esta regulación es que requiere legitimidad. Evidentemente se necesita inversión, pero toca ver cómo implementarlo. No puede ser un shock, una sorpresa, porque eso generará rechazo en la población”, manifiesta Gutiérrez.
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Dudan de la derogación
Como contó Gestión, el congresista Luis Aragón ha presentado un proyecto de ley para derogar lo planteado en el D.L 1620 hace unos días. A pesar de sus críticas, Gutiérrez confiesa que Sunass aún no revisa la iniciativa legislativa.
“No lo hemos analizado, pero lo cierto es que un riesgo es que derogando no se vuelve al D.L 1280 (ley marco del sector anterior). Tendría que estar especificado cómo se llenaría el vacío porque la 1620 reemplazó la 1280. Cuál sería el marco legal”, recalca el titular de Sunass.
Gutiérrez también pide no confundir su cuestionamiento al D.L 1620, al que por sus siglas llama “LSU” con la Ley de Acceso Universal al Agua Potable (llamada LAU) que el Congreso aprobó la semana pasada, sobre la que “no requieren ser convencidos sobre su necesidad”, plantea.
“La LAU da la posibilidad de realizar transferencias para que se hagan instalaciones de agua a los que no tienen el servicio con recursos que provienen de los usuarios conectados. La LSU regula la relación entre los ya conectados”, agrega.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.
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