En los últimos años, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha cambiado su manera de supervisar el cumplimiento de las normas laborales. En lugar de enfocarse únicamente en abrir procedimientos formales de investigación y sanción, ahora prioriza acciones preventivas y el uso de tecnologías de la información para advertir a los empleadores sobre posibles incumplimientos.
La evolución en el número de acciones previas frente a las inspecciones tradicionales confirma este cambio de enfoque, tal como muestra el informe “Inspecciones Laborales 2025: Situación actual, retos y tendencias”, elaborado por Vinatea & Toyama.
Según Renato Mejía, socio de Vinatea & Toyama, el impacto concreto de estas acciones preventivas no ha sido una reducción del número de fiscalizaciones formales, sino una ampliación de la cobertura de actuación de la Sunafil.
Explica que las cartas inductivas, al no iniciar procedimientos de inspección formales, permiten a la entidad acercarse a más empleadores con sus limitados recursos. Además, señala que este enfoque genera una mayor presión de cumplimiento, ya que los empleadores perciben una fiscalización más cercana y constante.
Predominio de inspecciones por denuncias
A pesar de la implementación de acciones preventivas, el origen de las órdenes de inspección sigue concentrándose en las denuncias realizadas por trabajadores. Esta tendencia se ha mantenido constante en los últimos años y, de acuerdo con los datos del informe, cerca del 74% de las inspecciones de 2024 se originaron por esta vía.
Mejía señala que la Sunafil debería fortalecer la ejecución de sus planes anuales de fiscalización para reducir su dependencia de las denuncias. Advierte que la alta dependencia de denuncias impide que pueda actuar estratégicamente en la lucha contra la informalidad, dado que quienes denuncian suelen ser trabajadores del sector formal.
Propone que la entidad privilegie la identificación de materias prioritarias y dé más peso a su planificación preventiva, enfocándose en el problema estructural del mercado laboral: la informalidad.
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Principales materias fiscalizadas
De acuerdo con el informe de Vinatea & Toyama, las fiscalizaciones iniciadas mediante órdenes de inspección durante 2024 se concentraron principalmente en cinco materias. Las inspecciones por remuneraciones representaron el 14.7% del total, seguidas por jornada, horario y descansos (13.8%), CTS (10.0%), planillas o registros que la sustituyan (9.0%) y bonificación no remunerativa (7.4%).
Estas cinco materias en conjunto concentraron aproximadamente el 55% de las inspecciones realizadas. El informe destaca que, pese al impulso de acciones preventivas, las fiscalizaciones formales continúan enfocándose en verificar el cumplimiento de obligaciones económicas esenciales del contrato de trabajo, como la correcta liquidación de beneficios laborales y la formalización de trabajadores.
Respecto a posibles cambios en las materias prioritarias para este año, Mejía indica que mientras las inspecciones sigan originándose mayoritariamente en denuncias, la distribución de materias difícilmente cambiará.
“Seguirán predominando remuneraciones, jornada laboral, despido y seguridad en el trabajo, que son los temas que más preocupan a los trabajadores formales”, precisa.
Resultado de las inspecciones: alta incidencia de actas por obstrucción
En 2024 cerca de uno de cada tres procedimientos de inspección terminó con una propuesta de sanción. El análisis muestra que las inspecciones por denuncia mantuvieron una incidencia alta de actas de infracción (33.6%), mientras que las inspecciones operativas descendieron hasta 11.5%.
Esto evidencia que las intervenciones derivadas de denuncias tienen una mayor probabilidad de detectar incumplimientos respecto a las acciones planificadas. Además, el informe destaca que el 40% de las sanciones fueron por obstrucción a la labor inspectiva, no por infracciones de fondo.
Renato Mejía, socio de Vinatea & Toyama, explica que la alta incidencia de obstrucciones refleja la necesidad de promover una cultura de colaboración entre los empleadores y la autoridad inspectiva, con un enfoque más preventivo y menos sancionador.
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Proyecciones para el 2025
Para este año, la Sunafil proyecta realizar más de 15,000 inspecciones laborales, consolidando así un crecimiento moderado respecto a las acciones ejecutadas en 2024. El informe de Vinatea & Toyama señala que esta meta contempla la combinación de acciones preventivas, como cartas disuasivas y módulos de gestión de cumplimiento, junto con procedimientos formales de inspección en campo.
Además de la meta en volumen de acciones, el plan de trabajo de Sunafil para 2025 prevé enfocar la fiscalización en micro y pequeñas empresas (MYPES), destinando alrededor del 25% de las acciones programadas a este segmento. También priorizará sectores de alto riesgo como construcción, minería, industria y comercio, manteniendo el principio de cobertura nacional en todas las regiones del país.
El informe destaca que la estrategia preventiva continuará siendo el eje de la actuación inspectiva, impulsando el uso de plataformas virtuales y acciones documentales para ampliar la cobertura sin depender exclusivamente de inspecciones presenciales.
No obstante, alcanzar esta meta enfrenta varios desafíos. Mejía advierte que la falta de recursos suficientes, una distribución desigual del personal inspectivo entre regiones y la alta rotación en la dirección de la Sunafil son factores que podrían comprometer el cumplimiento de los objetivos.
“La rotación constante de superintendentes y la precariedad laboral del personal de soporte afectan la continuidad de los planes de fiscalización y reducen la predictibilidad de las decisiones administrativas”, señala.
Adicionalmente, Mejía subraya que la concentración de acciones en el sector formal podría limitar el impacto de las estrategias de prevención, ya que la informalidad sigue representando el principal reto estructural del mercado laboral peruano.
Así, aunque la proyección de 15,000 inspecciones representa un esfuerzo significativo, su efectividad dependerá de la capacidad de Sunafil para fortalecer su infraestructura institucional, mejorar su planificación estratégica y orientar sus intervenciones hacia los sectores más vulnerables y de menor formalidad.
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Cambios normativos en evaluación
Uno de los cambios más relevantes, según Renato Mejía, sería la conversión de las resoluciones de Sunafil en títulos ejecutivos cuando se trate de obligaciones económicas a favor de trabajadores. Esto permitiría que los trabajadores, tras obtener una resolución favorable, puedan exigir el pago directamente ante un juez, sin necesidad de iniciar un nuevo proceso judicial sobre el fondo del derecho. Mejía explica que esto facilitaría el acceso a la justicia laboral para los trabajadores, reduciendo costos y tiempos, dado que la vía inspectiva es más accesible que el litigio judicial.
Otro proyecto busca ampliar los mecanismos de reducción de multas, permitiendo que los empleadores puedan acreditar el cumplimiento de sus obligaciones para obtener una disminución del monto final a pagar. Según Mejía, esto podría incentivar una corrección temprana de incumplimientos y descongestionar el sistema sancionador.
Finalmente, se discute la propuesta de incorporar al personal de soporte de Sunafil al régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo 728), otorgándoles mayor estabilidad. Mejía advierte que esta medida podría mejorar la organización interna y darle continuidad a su labor técnica, pero también subraya que sería fundamental mantener mecanismos de meritocracia para el acceso a estos puestos estables, evitando que la reforma afecte la calidad técnica de la institución.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
