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Desde el 1 de enero, el sueldo mínimo en el Perú ascenderá a los S/1,130, al efectuarse un incremento de S/105 (casi un 10%), anunció la presidenta de la República, Dina Boluarte.
“Hoy anuncio que, a partir del 1 de enero del 2025, la Remuneración Mínima Vital (RMV) se incrementará en S/ 105, alcanzando un monto de S/1,130. Esta decisión la tomamos con responsabilidad y pensando en el bienestar de los peruanos y de las peruanas. No lo hacemos pensando en el populismo barato ni el oportunismo político”, informó la mandataria, la mañana de este viernes 27 de diciembre.
Sin embargo, el anuncio, que ya venía previsto desde hace meses, causó diversas impresiones entre gremios empresariales y sindicatos.
Posiciones distintas
El secretario general adjunto de la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP), Gustavo Minaya, se mostró en contra del anuncio presidencial con esta variación de más S/100.
“Rechazamos categóricamente el anuncio de la presidenta Boluarte de incrementar a S/105 más el salario mínimo porque hemos demostrado, en la mesa de diálogo del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), que se podía soportar un incremento de S/305 adicionales para que así llegue la RMV hasta los S/1,330″, comentó.
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El vocero sindical indicó que el anuncio de Boluarte responde a “atender presiones” del poder empresarial, ámbito desde el que se propuso -según dijo- que no haya un incremento.
Minaya también criticó que la variación efectuada sobre el salario mínimo tampoco le permitirá a los trabajadores “ni siquiera” recuperar el poder adquisitivo perdido, luego del impacto de las altas tasas de inflación ocurridas en el 2023.
Añadió que, en la mesa de diálogo del CNT (que agrupó a gremios empresariales, sindicatos y representantes del Gobierno), mostraron “capacidad de flexibilizar” su postura. Esta proponía un incremento de S/550, pero la ajustaron a poco más de S/300.
“No hablamos de cifras aleatorias. [Nuestra propuesta] fue en base a estadísticas. Hoy, la canasta básica para cuatro personas está en alrededor de S/1,750″, comentó a Canal N.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Carlos Morales, lamentó que, finalmente, la variación del sueldo mínimo se haya dado sin la participación directa de los gremios empresariales y sindicatos.
“La RMV se regula por el Estado, pero con la participación de gremios y sindicatos. Es un incremento de poco más del 10%. Y es importante recordar que todo incremento remunerativo tiene que basarse en criterios técnicos y objetivos, no solo en decisiones políticas. Por eso está el CNT”, apuntó Morales. Como se recuerda, fue a fines de octubre cuando se informó oficialmente que terminaban las reuniones en el CNT al no llegar a acuerdos.
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El vocero empresarial recordó que este incremento tendrá un impacto en las microempresas y pequeñas empresas. “Más del 90% de las empresas, en el Perú, lo son. Además, se tiene un impacto en la informalidad”, subrayó.
Sobre este último punto, Morales indicó que esta variación incrementará la informalidad en el país, aún considerando ya que más del 75% de la fuerza laboral nacional está en dicha condición.
“Lejos de beneficiar a los trabajadores, muchos trabajadores de las empresas van a pasar de la formalidad a la informalidad”, comentó.
En este contexto, Morales destacó que desde el Gobierno se tiene que impulsar una política laboral que fomente una mayor productividad en la economía.
“Lo primero [que tiene que pasar] es asociar [el alza del sueldo mínimo] a los incrementos en la productividad, en cómo se hacen y brindan los bienes y servicios. Se debe tener una política laboral que fomente la contratación”, subrayó.
Más temprano, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamante, también indicó que la decisión del incremento de la RMV no responde a factores técnicos.
“La fórmula decía que no estaban dadas las condiciones. Recordemos que, en su discurso de 28 de julio, la presidenta anunció un incremento en la Remuneración Mínima Vital, pero no tenía sustento técnico para esto”, declaró el ejecutivo, añadiendo que esto se vincularía a una respuesta a la baja aprobación presidencial que tiene, según diversas encuestas.
También señaló que, contrario a lo que se busca, el impacto será más perjudicial, precisamente, en los trabajadores con mayor vulnerabilidad respecto a su estabilidad laboral.
“El 99.5% de todas las empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas. Y el 75% de estas es informal. El efecto para ellos [es de un incremento de la informalidad]”, comentó.
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