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El gobierno presentó su nueva propuesta de subsidio a las planillas, la cual plantea subvencionar parcialmente por un plazo de seis meses los sueldos de nuevos trabajadores de empresas que hayan sufrido una caída en sus ventas de 30% en el bimestre abril-mayo de 2020, respecto al mismo periodo de 2019 (Gestión 09.10.2020).
Si bien la propuesta fue recibida de manera positiva, expertos laborales opinan que la misma cuenta con fallas e insuficiencias, las cuales deberían ser corregidas si realmente se quiere fomentar el empleo formal a mediano y largo plazo.
“La norma excluye a las empresas que se hayan constituido a partir de mayo del 2019, así como a las empresas informales que ahora buscan formalizarse”, explicó Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama.
El experto indicó que para poder ser beneficiario de esta medida, una empresa debe tener historial de los meses de marzo y abril, lo cual excluye a varias compañías que necesitan ayuda.
Germán Lora, socio del estudio Damma, sostuvo que una alternativa podría ser que el gobierno otorgue este beneficio a toda empresa nueva que tenga facturación cero en los meses de abril y mayo del 2019, pero comenta que esto se podría prestar a abusos por parte de empresarios que podrían crear nuevas empresas con el objetivo de ser destinatarios de subsidios.
Fiscalización
Pamela Navarro, directora de Atalla Legal, advierte que como está estructurada la propuesta se presta a abusos por parte de las empresas.
“Si el subsidio se entrega a los tres y seis meses luego de contratado el trabajador, el empleador va a tratar de utilizar el periodo de prueba y despedirá a su trabajador a los 6 meses”, mencionó.
Como se sabe, un empleador puede despedir a un trabajador de manera lícita si este se encuentra dentro de su periodo de prueba, el cual puede ser extendido a 6 meses en cargos calificados.
Toyama indica que un empleador bien podría despedir a sus trabajadores actuales, reemplazarlos por un grupo de trabajadores subsidiados por el gobierno, y luego despedirlos cuando se vaya a terminar su periodo de prueba.
“El gobierno debería asegurarse de que el subsidio solo se entregue para puestos nuevos, o que no existían en meses anteriores. No se puede permitir una sustitución de trabajadores activos solo para beneficiarse”, anotó.
Lora opinó que el Estado no debería haber supeditado mayores beneficios a contratos a plazo indefinido, dado que, incluso antes de la pandemia, la mayoría de trabajadores tenía contratos a plazo fijo y que esto solo restringe a los posibles beneficiarios innecesariamente.
La Cifra
57.2% es la tasa de informalidad laboral en Lima a agosto, según el MTPE, quienes indican que hubo un incremento acelerado del empleo informal desde junio, mientras que el empleo formal crece de manera menos acelerada.