Gobierno sobre conflicto social en mina Cuajone: primará el principio de autoridad

El Consejo de Ministros decidió este miércoles aprobar la declaratoria de Estado de Emergencia en la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, donde ocurre desde hace más de 50 días el conflicto social en torno a la mina Cuajone, operado por la empresa Southern Perú.

La ministra de Trabajo, Betssy Sánchez, aclaró que con la decisión del Ejecutivo no se ha terminado el diálogo con los comuneros pero que, a fin de salvaguardar la integridad física de los trabajadores mineros y comuneros, y evitar enfrentamientos, “tiene que ingresar el principio de autoridad, en esas líneas, se declara el Estado de Emergencia”, dijo en conferencia de prensa.

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De acuerdo al Ejecutivo, entre el 10 y 12 de abril se trató de instalar una mesa de diálogo con los más de 400 comuneros que pertenecen a las comunidades campesinas de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, sin embargo, " a la fecha, los señores comuneros no se han logrado poner de acuerdo, causando un perjuicio a 5,000 personas que están en el campamento minero”.

Desde inicios de marzo, los trabajadores de Southern en Moquegua reportan el corte de agua en el campamento. La ministra Chávez también informó que el hospital en la zona está casi colapsado y los niños se han quedado sin acceso a clases.

“Valoramos el pedido de todos los peruanos y no podemos diferenciar unos de otros peruanos. Hoy el Consejo de Ministros tomó esta decisión a fin de instar al diálogo. Deben saber que existe un acta del 12 de febrero aprobado unilateralmente donde la comunidad pide US$ 5,000 millones y la cantidad de comuneros es 470″, anotó la titular del MTPE.

Por su parte, el ministro de Justicia calificó de irracional el pedido de los comuneros. “La declaratoria de emergencia responde a razones de seguridad e invocación al diálogo y que, además, lo irracional del pedido de los comuneros hace inviable el diálogo. (Piden) 5,000 millones sin sustento técnico que no resuelve el problema y creo que a través del Ejecutivo debe restablecerse el principio de autoridad