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La promesa de la candidata Keiko Fujimori de repartir un 40% del canon directamente a la población, vuelve a poner los reflectores sobre cuánto y cómo se gastan esos recursos que aportan industrias extractivas como la minería.
Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), entre el 2012 y febrero del 2021, las transferencias de recursos generados por la minería (canon, regalías y derechos de vigencia) hacia los gobiernos regionales y locales, ascendieron a S/ 36,997 millones.
Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) calcula que la cifra es algo mayor y que llega a cerca de S/ 40,000 millones.
De acuerdo con ese gremio, de esa cantidad entregada en estos diez años, los gobiernos regionales y municipales solo han ejecutado un 67% (S/ 26,800 millones).
¿En qué se gastó?
Además, observa que de todo lo recibido, solo un 40% se destinó a necesidades básicas de las poblaciones en las zonas de influencia: un 13% a educación, un 15% a agricultura y 12% a agua y saneamiento, y el resto de esas transferencias se ha dirigido a proyectos distintos.
Por su parte, el economista Milton von Hesse, director de Videnza Consultores, al analizar el gasto del canon en los últimos veinte años, concluyó que las autoridades han dejado de gastar entre 2,400 y 5,000 millones de soles por año en ese periodo.
“Es decir, vemos muchas veces que la capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales ha sido bastante baja, y en muchos casos apenas han podido gastar poco más de la mitad de lo que recibían”, apuntó, durante Perumin.
Además, advirtió que en las regiones que más canon recibieron en estos años, la cobertura de servicios, como la de electrificación, aún es baja (40.2% en Cajamarca; 56% en Apurímac, 64.4% en Cusco, 69% en Pasco, 73.2% en Áncash).
No funciona
Por su parte, el economista Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult y ex ministro de Energía y Minas, reconoció que el esquema vigente de distribución del canon no funciona, pues en la mayoría de casos las transferencias se hacen tardíamente, recién a partir de mayo o junio de cada año, lo cual obliga a las autoridades subnacionales a tener que volver a presupuestar lo dejado de gastar con ese recurso en cada año.
Por ello, Tamayo, consideró viable la propuesta de transferencia directa de un 40% del canon a la población, aunque advirtió que ello requeriría modificaciones legales que no serían fáciles de aplicar (para modificar la distribución de ese ingreso).