El Gobierno reveló que, de los más de 84,000 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), solo el 2.4% ha logrado formalizarse. Así lo informó el Alto Comisionado para el combate contra la minería ilegal, general FAP (r) Rodolfo García Esquerre, quien además preside la Comisión Multisectorial del Ejecutivo encargada de abordar esta problemática.
“El concepto que se maneja ahora es que, para erradicar la minería ilegal, las interdicciones deben continuar, pero la solución real pasa por la formalización”, subrayó García Esquerre durante una presentación oficial.
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En ese sentido, enfatizó que el foco del Estado está puesto en los 31,000 mineros que aún se mantienen en proceso de formalización, de los cuales más de 10,000 han sido suspendidos por menos de un año y aún tienen la posibilidad de regularizarse.
El comisionado señaló que el Ejecutivo trabaja en la elaboración de una nueva Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) que permita superar los obstáculos normativos actuales y facilite el tránsito a la legalidad. La idea, explicó, es dejar de centrarse únicamente en la erradicación violenta y apostar por una estrategia integral que incluya formalización, control estatal y desarrollo económico alternativo.
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García Esquerre destacó como ejemplo positivo el modelo Pataz, implementado en La Libertad, donde no solo se cierran bocaminas ilegales, sino que se han instalado puestos de control para monitorear el ingreso y salida de materiales, explosivos y maquinaria en zonas mineras. Además, se ha constituido una mesa de desarrollo que busca articular la presencia del Estado en la región con iniciativas de minería legal y sostenible.
Esta nueva visión está plasmada en la reciente “Estrategia para la reducción e interdicción de la minería ilegal”, aprobada por decreto supremo hace dos semanas. El plan plantea que la lucha contra esta actividad no se limite a destruir dragas o intervenir bocaminas, sino que se enfoquen esfuerzos en garantizar que el material minero provenga de fuentes autorizadas y que el uso de insumos sea debidamente fiscalizado.
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En 2024 se realizaron 745 operativos de interdicción, con una valorización de más de S/ 2,400 millones en material ilegal decomisado. Este año, hasta el 30 de junio, ya se han ejecutado 505 intervenciones, con un promedio mensual de 84 operativos y más de S/ 1,300 millones en bienes incautados. Además, más de 400 personas han sido detenidas por delitos relacionados, como tráfico de explosivos, uso de maquinaria no autorizada y comercialización ilegal de insumos químicos.
“El Estado no va a retroceder, pero tampoco va a combatir esta economía ilegal solo con fuerza. La clave es formalizar y ofrecer alternativas reales a quienes están atrapados en la minería informal”, concluyó el alto comisionado.
