Hoy, martes 22 de abril, ha entrado en vigencia la Nueva Ley General de Contrataciones Públicas (LGCP), el renovado marco regulatorio que regirá para todas las adquisiciones del Estado peruano. Con más de 380 artículos, la norma introduce varias novedades para la inversión pública. Pero, ¿están listos los funcionarios públicos para utilizarla?
Hay una forma de responderlo con datos oficiales. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) permite conocer cómo avanza el Sistema Informático de Certificación de Acuerdo a Niveles (SICAN).
Este es un requisito para todos los profesionales y técnicos que desean laborar en las dependencias de contrataciones en cualquier entidad pública del Perú. Las informaciones más recientes alertan que son pocos los servidores públicos que estarían listos para sacar el mayor provecho a la nueva LGCP.
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Pocas certificaciones en el nivel más alto
Los SICAN pueden ser de tres niveles (básico, intermedio o avanzado) y son renovables. Cada dos años, los funcionarios públicos deben rendir un examen de capacidades para mantener su grado o mejorarlo. Esto, además de presentar documentos para acreditar su experiencia laboral (general y específica).
Para el nivel más alto, el avanzado, los funcionarios deben obtener al menos 58 puntos en la prueba. Aparte, deben acreditar siete años de experiencia laboral general y cuatro en contrataciones públicas.
Hoy, según datos del OSCE, que con la nueva ley se rebautizará como “Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes-OECE”, solo el 2% de los funcionarios públicos con SICAN vigente están en el nivel avanzado.
Este es el mismo porcentaje de funcionarios en nivel avanzado que el OECE reportaba en agosto del 2024, cuando la LGCP acababa de ser publicada y Gestión hizo un informe al respecto.
Lo que sí creció fue el total de servidores estatales con un SICAN activo. Al 18 de agosto del año pasado eran 18,940. Ahora son 20,010. Sin embargo, la mayoría de ellos sigue en el nivel básico (74% del total).
Además, por modalidad de trabajo, gran parte de los funcionarios con SICAN vigente en Perú laboran bajo órdenes de servicios o trabajan como CAS.
Si eso no fuese suficientemente alarmante, los datos por departamentos indican que hay 21 regiones del país donde no existen más de 10 servidores con un SICAN avanzado. En Loreto, según el OECE, hay cero.
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Relevancia de las certificaciones en la nueva Ley de Contrataciones
En el reglamento de la nueva LGCP, que también entra en vigencia desde hoy, se establece que todo comprador público debe estar certificado por el OECE.
Así, se señala que para que un funcionario público pueda ser designado como oficial de compra o integre un comité de selección debe tener el grado SICAN intermedio o avanzado.
Para ser directamente el “responsable” de la dependencia encargada de las contrataciones en una entidad pública solo vale el nivel avanzado.
El problema, a raíz de los datos que ofrece el OECE, es que no hay sanción alguna de no cumplir estos requisitos, remarcó Juan Carlos Morón, socio del Estudio Echecopar, en diálogo con Gestión. Esto sería inevitable en regiones como Loreto.
“El propio sistema crea un estándar, pero no incentiva a su cumplimiento porque no hay ninguna consecuencia jurídica al respecto. No hay interés en las entidades por hacerlo cumplir, solo que las compras se liciten, adjudiquen y que se ejecuten bien”, lamentó.
La nueva LGCP también habla de un proceso de “profesionalización de la contratación pública”, uno que para Morón debe ir más allá de los SICAN. Sobre todo porque, al ser renovables, los datos que ofrece hoy el OECE sobre estos certificados serían en base al marco regulatorio previo, es decir, no la versión que entra en vigencia ahora.
“Lo que tenemos hoy es una certificación a pedido de parte. Pero una profesionalización responde a identificar dónde se necesita más gente capacitada, de forma estratégica. No solo por departamentos, sino por proyectos, en las entidades públicas que más compran”, afirmó.
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¿Inversión pública podría ralentizarse con nueva Ley de Contrataciones?
En marzo, cuando el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su estimación de crecimiento para el sector construcción de 3.2% a 3.8% en 2025, la entidad resaltó que ello se debía principalmente al impulso de la inversión pública.
Una “lenta curva de aprendizaje” de los funcionarios públicos sobre sus nuevos alcances es la mayor preocupación, ya que podría ralentizar la ejecución de la inversión pública. Este análisis ahora es compartido por otro gremio: la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).
“Lo ideal hubiese sido que la norma entre en vigencia a partir de enero (del 2026). Fue un error que arranque tan pronto, es imposible dominarla en tan poco tiempo. Ahora podría haber una contracción en la ejecución presupuestal”, dijo César Candela, director ejecutivo de la SNCI, a Gestión.
El también exmiembro del Consejo Directivo del OECE (cuando era OSCE) criticó la campaña de capacitación anunciada por este organismo en el marco de la nueva ley.
Para Candela, esto no es suficiente a raíz de realidades como las de Loreto y otras regiones con menos de 10 funcionarios con SICAN avanzados.
“Se están conformando con la virtualidad. Seguro están haciendo un buen trabajo allí, pero entonces para qué tienen oficinas desconcentradas. Charlas presenciales son cruciales en temas tan técnicos”, puntualizó.
Morón sumó a estas apreciaciones un hecho que, sin duda, afectó también el proceso de capacitación. La nueva LGCP se publicó a finales del junio del 2024. Su reglamento, el 22 de enero de este año.
En el medio, las cabezas del OECE y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cambiaron. De organismos fiscalizadores como la Contraloría también. En otras palabras, los cuadros de funcionarios a cargo de las capacitaciones masivas se renovaron en medio de este proceso.
“Tienes una pérdida de capacidad en los órganos rectores de las compras públicas para generar capacitación y aprendizaje. Entonces tienes un problema de riesgo y error muy alto. Estás generando una inseguridad jurídica muy grave para que, entre otros efectos, se afecte la capacidad de ejecución de gasto”, sostuvo.
Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.
