El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, insistió en la necesidad de mejorar la regulación del sector minero para impulsar la inversión y el crecimiento sostenible, y advirtió de las pérdidas que se generan para el país por el retraso en esas inversiones.
“Es necesario trabajar juntos en un marco que promueva la previsibilidad y la razonabilidad. La coordinación entre todas las partes interesadas es esencial para superar este desafío”, declaró al Instituto de Ingenieros de minas del Perú (IIMP), tras exponer en un seminario del Ministerio de Justicia.
Tramitología
El titular de la SNMPE explicó que han identificado 232 procesos administrativos que se deben realizar
a lo largo de la cadena de valor de la minería, y que sus actividades se encuentran reguladas por 470 normas aplicadas por 29 entidades públicas.
Además, observó, los procesos administrativos son largos y se caracterizan por un excesivo control previo.
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Barreras burocráticas
Detalló que hasta 12 entidades estatales pueden participar emitiendo opiniones técnicas a los IGA (instrumentos de gestión ambiental) y afirmó que existirían 60 procesos administrativos con posibles barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.
“Sabemos que cuando creamos más barreras burocráticas lo que estamos haciendo es promoviendo la informalidad. Y claramente la formalidad es la salida correcta, si queremos ser un país miembro de la OCDE, si queremos que nuestra población tenga empleo formal y la economía crezca de manera sostenible”, apuntó Góbitz.
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Consecuencias
Como resultado de la situación actual (de tramitología), Gobitz refirió que un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), ha identificado 23 proyectos mineros en cartera (del Minem) que enfrentan retrasos por causas ajenas a la voluntad de la empresa, con un monto de inversión de US$ 29,667 millones.
La pérdida acumulada de ingresos al PBI que podrían haber generado esos proyectos entre 2008 y 2022 -indicó, citando ese estudio-, asciende a S/ 698,000 millones, así como otros S/ 123,000 millones en ingresos (tributarios) dejados de recaudar.
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Empleo dejado de generar
A su vez, anoto, se dejaron de generar 125,000 empleos en fase de inversión; 541,000 empleos en fase de producción. La ejecución de esas inversiones, anotó, podría haber logrado un crecimiento para el país de 4.7% en lugar de 3.9% anual, en tanto que 1.7 millones de personas hubieran podido salir de la pobreza.
Así también, se extrapoló esta idea a un proyecto modelo que enfrenta un retraso de cuatro años, para ejemplificar las pérdidas, anotó.
Indicó que, considerando que el proyecto modelo (usado por IPE) presenta una inversión de US$1,400 millones, en dicho periodo (del 2008 al 2022) se habría perdido la oportunidad de percibir S/12,000 millones para el PBI y S/ 2,066 millones en recaudación.
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