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A pesar de las denuncias de los transportistas de carga nacionales sobre la competencia desleal que les generarían camioneros ecuatorianos y bolivianos por ingresar -subrayan- combustible de contrabando de menor calidad y precio, esa actividad al margen de la ley aún se mantiene.
Esta situación se produce, aún cuando el 29 de noviembre del 2022 se aprobó la Ley N° 31646 que regula el uso de combustibles de transporte terrestre internacional que circulen en territorio peruano, que justamente buscaba frenar la acción ilícita antes mencionada.
Los transportistas locales denuncian que sus pares extranjeros conducen camiones con sus tanques de combustibles especialmente acondicionados para almacenar incluso el doble de diésel, y que prestan servicios de transporte de carga en el Perú, ofreciendo menor flete que sus contrapartes peruanas.
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¿Regulación incumplida?
La norma antes mencionada precisamente establecía las condiciones que debían tener los tanques de combustibles de vehículos de carga extranjeros, de forma que ingresaran con combustible suficiente para recargar en el grifo más próximo a la frontera tras su ingreso al Perú.
Según Erick García Portugal, exdirector general de hidrocarburos del Minem, la afectación a los camioneros nacionales se da porque no pueden competir con el bajo precio del diésel subsidiado del Ecuador, cuando hoy el consumo del combustible a los transportistas peruanos les representa entre el 40% y el 50% de sus costos operativos.
Empresarios piuranos: el problema persiste
Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, indicó a Gestión que el problema de combustibles que se enfrenta desde que Ecuador los subsidia persiste, generando consecuencias negativas para el Perú.
Por ejemplo, citó la afectación a la recaudación tributaria, a las empresas formales, y al dinamismo de la economía regional y nacional.
Esto es evidente -detalló el dirigente empresarial- al compararse los precios de combustibles en ambas economías, en Ecuador el precio promedio del diésel es de US$ 1.7 (S/ 6.5) mientras que en el Perú bordea los S/ 19.
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En el 2023, según la policía de Tumbes, se incautó más de 43 mil galones. Sin embargo, esta cifra representa menos del 5% de lo que realmente se transa y se vende en territorio peruano, aseveró el titular de la Cámara de Comercio y Producción de Piura.
Ese contrabando masivo de combustible, según refirió, significa que a diario se estaría dejando de recaudar cerca de S/ 2 millones por ventas informales e ilegales que superan los S/ 11 millones.
Además, Bereche indicó que la circulación de ese tipo de vehículos extranjeros se constituye en una práctica insegura que pone en riesgo la integridad de las personas debido a que no se puede garantizar el traslado ni la calidad del producto.
“Los esfuerzos por controlar el contrabando y la informalidad han sido insuficientes por lo que resulta prioritario que nuestras autoridades, Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) adopten medidas efectivas para avanzar en la lucha contra este ilícito negocio”, planteó.
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Grifos: es una amenaza al transporte de carga
La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (Agesp) coincidió en que el contrabando de combustible se ha convertido en una creciente amenaza para el transporte terrestre de carga.
Refirió que, según datos de la Asociación Nacional de Transporte Terrestre y de Carga (Anatec), diariamente ingresan al país entre 60,000 y 120,000 galones de combustibles por las fronteras con Ecuador y Bolivia.
Martín Ojeda, director de la Cámara de la Industria Internacional del Transporte (CIT), alertó sobre lo que considera una desnaturalización del libre comercio en el transporte de carga debido a la cantidad industrial de combustible que ingresa ilegalmente.
“Los conductores extranjeros modifican sus vehículos para eludir la necesidad de abastecerse de combustible en el Perú, lo que distorsiona los costos operativos, afecta los precios del flete y genera competencia desleal, poniendo en peligro el sustento de miles de transportistas nacionales”, aseveró Ojeda.
Observó que los tanques alterados son utilizados para trasladar combustible de contrabando que, además de ser de menor calidad, no están sujetos a los impuestos de ley, ocasionando una evasión fiscal contra el Estado peruano de alrededor de mil millones de dólares anuales.
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Desvío hacia la minería ilegal
El experto en hidrocarburos, Erick García Portugal, advirtió que en la anunciada modificación al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), consistente en ya no dar más plazo para incorporar a más informales en ese registro, entre otras medidas, no se ha considerado la trazabilidad en el consumo de combustibles.
Un problema que subsiste, explicó, es el desvío o contrabando interno de combustibles, desde grifos informales que en vez de destinarlo al consumo de automovilistas o transportistas regulares, lo ofrecen a mineros ilegales que lo utilizan para operar maquinaria dedicada a extraer minerales.
Citó que, por ejemplo en la zona de Mazuko, en la el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en la región Madre de Dios, se han detectado hasta 15 grifos informales y donde apenas circulan diez vehículos.
Indicó que desde el 2021 se estableció que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) debía hacer los controles volumétricos del combustible que se comercializa y el cierre de grifos que no vendan al parque automotor, aunque indicó que se desconoce de reportes de cuántos grifos se han suspendido.
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Osinergmin responde
Consultado sobre este tema, Osinergmin respondió a Gestión, que realiza diversas actividades de supervisión sobre el tema indicado en el marco de sus competencias, como son la fiscalización (al transporte de combustibles) en puestos de control de Complejo Interinstitucional Contra el Crimen (Coincri), Puente Inambari (Madre de Dios) y Unión Progreso (Ayacucho), en conjunto con la PNP y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
En los puestos de control antes mencionados Osinergmin indicó que verifica que los medios de transporte de combustibles cuenten con registro de hidrocarburos, con autorización a través del Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP), emita señal GPS y se encuentre en la ruta hacia el destino autorizado.
También, añadió, realiza labores de control volumétrico en establecimientos de venta al público de combustibles, y que el stock de combustibles almacenados guarde relación con el volumen de compras y las ventas a usuarios finales.
El regulador indicó que realiza supervisión al registro de inventarios de combustibles de forma que tengan adecuadamente registrados sus movimientos, además de realizar acciones de supervisión en establecimientos informales y al transportes de combustibles, así como operativos de comiso y supervisiones de oficio.
También suspenden a establecimientos en el Registro de Hidrocarburos cuando verifican causales de suspensión, además de realizar fiscalización por GPS y verificar la descarga de combustibles y si ésta cumple las obligaciones establecidas en el sistema SCOP.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.
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