Para el 68% de las empresas del sector industrial existen regulaciones, fiscalizaciones o acciones administrativas innecesarias o excesivas que afectan su nivel de productividad, reveló un reciente informe de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
¿Por dónde pasan, principalmente, estas acciones? Un 53% apuntó al enfoque sancionador de los fiscalizadores en lugar de tener fines de orientación. En segundo lugar, se mencionó mayormente los excesivos requisitos para tramitar permisos, certificados y similares (49%)
También apareció la discrecionalidad y falta de predictibilidad en el proceso de fiscalización (42%) y los requisitos sin criterio técnico para tramitar permisos, certificados y similares (41%).
En este escenario de observaciones también un 31% apuntó como un freno a su dinamismo las demoras en las devoluciones de impuestos con resoluciones aprobatorias y las imposiciones de multas desproporcionadas.
Asimismo, un 29% indicó a la interpretación inadecuada de la normativa que se aplica en contra de la empresa y un 28% argumentó que es muy extenso el plazo legal establecido para tramitar permisos, certificados y similares.
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El “Estudio sobre las regulaciones, fiscalizaciones o acciones administrativas en el sector industrial” también recogió cuáles son las principales instituciones a cargo de estas sobrerregulaciones.
De esta manera, el 46% de las empresas industriales afectados señaló a las acciones de las municipalidades distritales entre las que genera mayor nivel de afectación, seguida de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) (43%) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) (40%). En menor proporción apareció la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) con un 13% y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) con un 11%.
Puntualmente, en el caso de las municipalidades distritales, la mayoría de industriales (62%) señaló como problema los excesivos requisitos para tramitar permisos, certificaciones y similares y un 60%, el establecimiento de requisitos sin criterio técnico.
Sobre la Sunafil y la Sunat, la principal observación fue que el enfoque de los fiscalizadores es sancionador y no orientador con un 69% y 78% de empresarios, respectivamente. Respecto a la administración tributaria, un 53% mencionó como freno a su productividad las multas desproporcionadas respecto a la naturaleza de la falta cometida y un 47%, la discrecionalidad y falta de predictibilidad en el proceso de fiscalización.
Distribuidos por segmentos, se observó una mayor incidencia de afectación de estas sobrerregulaciones en el sector sustancias y productos químicos (80%). En tanto, el 76% de encuestados del sector textil y confecciones consideró percibir esta afectaciones y, en el caso de la industria metalmecánica, lo fue un 74%. Los industriales de productos de plástico y caucho también figuran con un 59%.
Detalles de la ficha técnica
La SNI detalló que su estudio fue realizado del 24 de febrero al 9 de marzo de 2025 a nivel nacional a 164 empresarios industriales de los sectores alimentos, productos pesqueros, bebidas, textil y confecciones, metalmecánica, productos de caucho, productos de plástico, sustancias y productos químicos, proveedores/comercializadores de la cadena de valor de la industria, madera y sus derivados, cueros y productos conexos, entre los principales.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
