El Perú está envejeciendo. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el 2015, los mayores de 65 años representaban el 6.5% de la población peruana, hoy la cifra bordea el 10%, pero al 2070 pueden equivaler a cerca de un tercio de la población.
Para muchos adultos mayores, dada la altísima tasa de informalidad laboral –por encima del 70% de la población económicamente activa (PEA)–, llegar a la edad de jubilación no significa dejar de trabajar, sino pasar a una etapa de mayor precariedad económica. Sin una pensión que cubra sus necesidades, la pobreza en la vejez se vuelve una realidad creciente.
La recientemente publicada Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) nos permite conocer cuán expuestos a la pobreza están los mayores de 65 años, cómo han ido las tendencias al respecto y qué tan cerca –o lejos– estamos como país de ofrecerles una vejez digna.
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Más años, más pobres
En el 2024, los adultos mayores en el Perú representaron el 10.16% de la población pobre, su mayor participación desde el 2019.
En esa línea, el porcentaje de mayores de 65 años pobres aumentó 7.1 puntos porcentuales respecto a hace cinco años. En términos absolutos, casi un millón de adultos mayores vivía en pobreza, 65.7% más que en el 2019.
Por su parte durante el mismo periodo, la pobreza extrema entre este grupo se triplicó: pasó de 70,000 a más de 200,000 personas.
Aunque los hogares con adultos mayores tienen un ingreso per cápita promedio relativamente mayor (S/ 1,148), es el grupo que menos ha mejorado su situación desde el 2019. Además, 6 de cada 10 adultos mayores son jefes de hogar, lo que refuerza su rol como sostenes económicos en lugar de como dependientes.
En consecuencia, esta pobreza no afecta únicamente a quienes la padecen de manera directa, sino también a quienes dependen de ellos.
Adultos mayores. Fuente: Videnza Instituto
Vejez sin jubilación
En el Perú, llegar a la vejez no garantiza el acceso a una pensión. Este bajo nivel se debe principalmente a nuestra alta informalidad, que deja a gran parte de la población sin acceso a una pensión formal.
Según la Enaho, en el 2024 solo el 27.4% de los adultos mayores reportó haber recibido una pensión en los últimos seis meses (sistema privado-AFP o público-ONP). Y aunque esta proporción ha crecido 42.4% desde el 2019, sigue siendo baja: apenas 3 de cada 10 adultos mayores acceden efectivamente a una pensión.
Peor aún, la proporción fuera del sistema previsional ha aumentado: mientras en el 2019 eran 6 de cada 10, en el 2024 ya eran 7 de cada 10. La mayoría están afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), aunque su participación ha caído de 27.6% a 23.8%.
Ante la ausencia de una pensión suficiente –o de cualquier pensión–, el trabajo se convierte en la principal fuente de ingreso. En el 2024, el 45.2% de los adultos mayores seguía trabajando, y el 1.6% estaba desocupado, pero buscaba empleo.
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Este último grupo, aunque pequeño, ha más que doblado su tamaño desde el 2019, pasando de 20,000 a 46,000 personas. Esto se traduce en que 1 de cada 2 adultos mayores sigue en el mercado laboral, muchas veces en condiciones de informalidad o sin protección.
A lo anterior se suma que más de 730,000 adultos mayores (22.5% del total) viven solos, la cifra más alta en cinco años. Esta tendencia refuerza la necesidad de contar con ingresos propios, pues una parte creciente de esta población carece de redes familiares de apoyo.
Adultos mayores. Fuente: Videnza Instituto
En este contexto, donde el número de pobres extremos se ha triplicado desde el 2019, Pensión 65 cumple un rol clave como mecanismo de apoyo para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), 824,000 adultos mayores fueron abonados por el programa en el 2024, lo que representa 47% más que hace cinco años. Esta cifra, la más alta en dicho periodo, evidencia el esfuerzo del programa por responder al crecimiento de la demanda social.
Sin embargo, según información del Instituto Peruano de Economía (IPE), existe un problema importante de filtración en el programa. Es decir, hay adultos mayores que reciben la subvención económica sin necesidad de encontrarse en situación de pobreza extrema.
En el Perú, envejecer sigue siendo un factor de riesgo económico. La pobreza en la vejez ha crecido; las pensiones, producto de la alta informalidad, no llegan a la mayoría; y casi la mitad de los adultos mayores sigue trabajando para sostenerse.
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Reformas pendientes
En septiembre del 2024, el Congreso de la República aprobó una reforma en el sistema de pensiones que, en el papel, busca garantizar una pensión universal para todos los adultos mayores, independientemente de su tipo de trabajo.
Cuán efectiva será esta reforma se verá en parte en los detalles que se den en su reglamento. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene hasta junio próximo para publicarlo.
Mientras tanto, en el Parlamento la preocupación por legislar en favor de un sistema que garantice una mejor calidad de vida a un grupo poblacional cada vez más significativo parece perder relevancia frente a medidas mucho más cortoplacistas y populistas.
En un contexto de alta informalidad laboral y acelerado envejecimiento poblacional se viene discutiendo un octavo retiro de los fondos privados de pensiones, ignorando que los siete retiros aprobados implicaron la salida de más de S/ 115,000 millones del sistema previsional. Aprobar este nuevo retiro significaría un retroceso más en la necesidad de mejorar la cobertura previsional.
“Urge que la reforma previsional funcione”
Por: Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director de Videnza. Fotos: Joel Alonzo
Una de las tareas más urgentes que la nueva gestión del MEF deberá encarar es publicar el reglamento de la reforma previsional aprobada el año pasado. Esto es clave porque la persistente precariedad que nos acompaña –donde 6 de cada 10 peruanos es pobre o vulnerable– afecta particularmente a nuestros adultos mayores.
Contar con una pensión mínima y un mejor sistema de salud pública ayudarán a blindarlos de caer en la pobreza. De lo contrario, estamos incubando un grave problema social que tenderá a exacerbarse de cara a las mayores presiones demográficas a futuro y la carencia de una red de protección social (más allá de Pensión 65 y la baja cobertura previsional que llega solo a los trabajadores formales).
Hacer efectiva la reforma (y que la población perciba sus beneficios) podría disuadir a los políticos oportunistas de seguir destruyendo el ahorro previsional nacional a través de retiros de los fondos de las AFP que no tienen justificación alguna. Urge un cabal entendimiento de lo que está en juego: el bienestar de los peruanos mayores de 65 años.
De lo contrario, la baja cobertura e insuficiencia de hoy significarán una elevadísima carga que, sin duda, enfrentarán las futuras generaciones de contribuyentes.
