Luego de las caídas que enfrentó la inversión privada en 2022 y 2023, el año pasado se alcanzó un recuperación de cerca de 2.4% y en 2025 se esperaría un crecimiento de alrededor de 4%, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para ello, el titular del MEF, José Arista, anunció un próximo shock regulatorio en este trimestre.
Según indicó el ministro de Economía, el shock implicará la reducción de la cantidad de trámites y permisos que usualmente se piden para el desarrollo de proyectos en el Perú, lo cual se determinaría en el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.
La iniciativa para impulsar la inversión privada combatiría la sobrerregulación para la consolidar la posición del Perú como un destino confiable para los inversionistas, siguiendo los principios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
LEA TAMBIÉN: IPE: “Hay que eliminar las barreras para la inversión en proyectos energéticos”
¿Hacia dónde debería apuntar el MEF?
Para el extitular del MEF y director de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, el Poder Ejecutivo debería centrarse en completar la implementación de los cambios legales ya aprobados en anteriormente como, por ejemplo, la ventanilla única digital del sector minero, o el silencio administrativo positivo.
Castilla señaló que, si bien la medida anunciada por el MEF puede ser positiva, hay problemas con el cumplimiento o aplicación de las normas.
“En los últimos años se le ha dado facultades legislativas justamente para agilizar y destrabar inversiones. Si quieren tener un efecto mucho más rápido, partiría en aquellas normas que dependen del Ejecutivo y no tienen que pensar en unas leyes de Congreso, que eso toma más tiempo. Tienen que ponerle acelerador a la implementación de cosas que han sido anunciadas en el pasado y que hasta ahora están a un ritmo muy lento”, sostuvo.
El economista añadió que muchas de las sobrerregulaciones y las trabas están en los municipios, a pesar de que existen lineamientos para estandarizar a las municipalidades con un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), pues estos son autónomos administrativamente.
Por su parte, Carlos Oliva, también exministro y expresidente del Consejo Fiscal, señaló que aunque existen herramientas para reducir la sobrerregulación -como el Consejo Nacional de Competitividad, las mesas ejecutivas, y el equipo especial de seguimiento de las inversiones- estas han estado perdiendo fuerza en los últimos años. Por ello, consideró que la clave está en recuperar estas unidades.
“Si realmente se quiere hacer algo importante para mejorar la competitividad de la economía, en este caso a través de la eliminación de la sobrerregulación, allí están las herramientas y el ministro lo que tendría que hacer es priorizarlas. Son herramientas que ya han probado que son eficaces y funcionan”, sostuvo.
Oliva recordó que, por ejemplo, con el Consejo Nacional de Competitividad se identificaron, junto con el sector privado, una serie de trabas que existen de manera transversal, es decir, que afectan a todas las actividades económicas.
“Por ejemplo, hay temas vinculados al mercado laboral, al comercio de bienes, a la infraestructura. Son todos temas transversales a toda la economía. En ese trabajo se identificaban los principales obstáculos para aumentar la competitividad de la economía reduciendo las regulaciones”, añadió.
No es solo una cuestión de regulación
Oliva consideró que un problema para impulsar la inversión privada no solamente parte de las regulaciones sino también de la confianza que puede haber en el entorno para invertir.
Por ello, señaló que “no basta con anunciar que va a hacer algo”, sino en que se precise las medidas que se tomarían. El exministro de Economía, Luis Valdivieso, coincidió en que la necesidad de una mayor claridad sobre las medidas que se aplicarían para enfrentar la sobrerregulación que tiene el país.
“No es una cuestión de un shock, un shock es una curita. Hay que ver de qué se tratan las medidas. Pueden decir lo que quieran del impacto de lo que van a presentar, pero esta es una situación en la cual los incentivos tienen que ser visibles y tangibles”, señaló Valdivieso.
Valdivieso también refirió que los incentivos a la inversión privada no solo vienen por el lado de las regulaciones. Para el economista, otros factores que inciden en el hecho de que se animen la inversión privada son el sistema judicial, que garantice un cumplimiento de las leyes, y la situación política, a puertas de las Elecciones Presidenciales del 2026.
En ese sentido, Castillo añadió que aunque este año tiene una ventana de oportunidad para generar más inversiones privadas, el entorno político electoral ralentizaría las decisiones empresariales de cara al 2026.
Para este año, indicó, se podría llegar a generar un crecimiento de hasta 5% inversión privada con las medidas de impulso, pero advirtió que no solo se trata de “eliminar el trámite”, sino de las cuestiones en el entorno.
“Las regulaciones son una cuestión, pero en un entorno donde la inseguridad es lo que prima, hay temor de invertir por las condiciones no se están dando. También hay vulneraciones a la seguridad jurídica por incumplimiento contractual, controversias que se acumulan. Mover la aguja de la inversión es posible, pero los temas que están impidiendo que crezca a más no tienen una solución inmediata”, añadió.
Ante esto, teniendo en cuenta que se tiene un compromiso de implementar una mejor calidad regulatoria con la OCDE, el ex titular del MEF consideró que probablemente podría verse un cambio o un proceso real de simplificación administrativa en el siguiente gobierno.
También te puede interesar:
1) Ministro de Economía: El reto del 2025 es consolidar el crecimiento económico
2) MEF: “Deberíamos desregular un poco más la economía peruana”
3) Inversión privada sumaría más de US$ 50 mil millones este año
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
