
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará el próximo lunes 31 de marzo el primer paquete de medidas del denominado shock regulatorio, una iniciativa que busca reducir la carga burocrática e impulsar mejoras en la eficiencia administrativa.
En el marco de esta preparación, este miércoles 26 se llevó a cabo una reunión técnica entre el equipo del MEF y representantes de los principales gremios empresariales, entre ellos la Asociación de Exportadores (ADEX) y ComexPerú.
¿Qué abordará el “shock regulatorio”?
Diego Llosa, gerente central de exportaciones de ADEX, explicó que durante el encuentro se revisaron las medidas que están siendo evaluadas para su inclusión en el anuncio del lunes. Estas medidas han sido trabajadas en coordinación con los gremios, a partir de información y propuestas enviadas previamente por el sector privado.
Según indicó Llosa, el conjunto de medidas abarca temas vinculados a requisitos, pasos y procedimientos administrativos identificados como barreras burocráticas, así como disposiciones relacionadas con sectores productivos como pesca, minería y transporte. También se consideran aspectos de fiscalización, control, temas tributarios y de financiamiento.
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También en diálogo con Gestión, Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, incidió en que se abordarán desrregulaciones sobre modernización del Estado.
“Lo que nos presentaron es una matriz de medidas que se están trabajando y apuntando a que se den en diferentes horizontes. El primer paquete será este 31 de marzo y el segundo sería para el 28 de julio”, apuntó.
Dupuy precisó que las primeras que se abordarán son medidas sobre las que el MEF tiene facultades en su normativa y las puede modificar vía decreto supremo.
“No se entró a un nivel de detalle, pero nos parece positivo que, como primer ejercicio, se empiece por todo lo declarado como barrera burocrática, para que se modifique la norma y se deroguen [los artículos respectivos], a fin de que no vuelva a pasar”, precisó.
Continuando, Dupuy señaló que, dentro de siguientes paquetes de desrregulaciones, habrán medidas que requieran “algunas coordinaciones”, ya sea con el Congreso de la República u otros ministerios.
“Entiendo que ya tienen conversaciones con el Congreso, para ir facilitando el camino y, tal vez, pensar en una delegación de facultades”, indicó.
El vocero de ComexPerú, además, mencionó que se reactivarían mesas de trabajo entre los gremios empresariales y la Sunat.
“Lo primero a destacar es que se tiene un alto nivel de trabajo con el sector privado”, puntualizó.

En el caso de ADEX, Llosa señaló que se han presentado iniciativas en distintos sectores. En el sector textil y confecciones, la asociación propuso modificar el Decreto Supremo (Nº 140-2024), que reglamenta la Ley 31969, la cual impulsa la competitividad y el empleo en los sectores textil, confecciones, agrario, agroexportador, industrial y de riego.
“La propuesta de ADEX está centrada en el sector textil y confecciones. El reglamento establece que, para acceder a un crédito tributario por reinversión de utilidades, las empresas deben demostrar un incremento anual de producción. Sin embargo, hemos identificado que esto podría generar complicaciones si se vincula con insumos de alta volatilidad en su precio, como el algodón. Por ello, hemos planteado que el criterio se base en costos industriales, mano de obra y servicios”, precisó Llosa.
Asimismo, ADEX ha solicitado medidas para el sector acuícola, entre ellas un mecanismo de recuperación simplificada del IGV aplicado a las exportaciones. También se han presentado propuestas sectoriales adicionales relacionadas con los sectores agroexportador, forestal y químico, así como sugerencias de alcance transversal en el ámbito tributario.
Llosa explicó que algunas de estas propuestas podrían ser incluidas en el primer paquete del 31 de marzo, mientras que otras continuarían siendo evaluadas en las mesas ejecutivas técnicas del MEF para ser consideradas en fases posteriores.
El MEF trabaja actualmente con un total de 53 propuestas recibidas desde el sector privado: 20 relacionadas con desregulación, 13 con modernización del Estado, 11 vinculadas al desarrollo productivo y 9 orientadas al financiamiento e inversiones.
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