Ante la presencia de representantes de diversos gremios empresariales, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, dio a conocer el primer paquete del “shock desregulatorio”, considerando 402 medidas con la que se busca atender la baja productividad de la economía peruana y eliminar los costos de las sobrerregulaciones, que desalientan la inversión privada.
“Nos hemos dedicado a sobreregular y sobresancionar muchas actividades desde instituciones de fiscalización que no ayudan. Con estas iniciativas empezamos a destejer la sobrerregulación, lo que ayudará a acelerar el ritmo de crecimiento económico (...) nos califican como un país de baja productividad y alta carga regulatoria; a niveles de países como Zimbabue, Ecuador, Bolivia, Irán”, señaló Salardi.
Como fue adelantando Gestión, las líneas de acción se enmarcaron en la desregulación y mejora regulatoria, la simplificación de trámites y la gestión eficiente del Estado y calidad legislativa. Este shock se ejecuta mediante ocho tipos de intervenciones, siendo la principal la eliminación de barreras burocráticas (186).
Entre las principales también está la promoción de inversiones y la eliminación y/o optimización de procesos y trámites administrativos, aplicándose en diversos sectores económicos.
Un aspecto interesante de la presentación de este plan es que también se segmentó por fase y tipo de dispositivo: 213, principalmente orientados a la eliminación de barreras, ya fueron trabajados, mientras que otras están “en proceso” (82) y “por iniciar” (107). Cumplir con este plan también implicará coordinaciones con el Congreso: se precisan 48 acciones vía ley y dos decretos legislativos.
Una revisión realizada por Gestión halló que en la “matriz” de este primer paquete se destaca la derogación de dos decretos supremos que realizaron cambios en el 2022 para la tercerización de servicios, en materia de afiliación sindical, el fuero sindical, negociación colectiva y la huelga.
Estos decretos se enmarcaron en la entonces “Agenda 19” impulsada durante la gestión de Pedro Castillo y, según diversos gremios, la consecuencia era afectar el incremento del empleo por tornar más restrictiva la normativa laboral y desincentivado las contrataciones.
Cabe recordar que el tema de la tercerización laboral fue duramente cuestionado por el sector privado pues, se quería prohibirla para el núcleo de negocio. De hecho, el decreto supremo fue cuestionado por dos vías: la administrativa y la constitucional. Si bien había permanecido en stand by, los gremios empresariales habían insistido que era necesaria su derogación.
En el marco de este anuncio, también se dio como plazo máximo en julio para se concreten las acciones pendientes, aunque los retos también se posicionan en su permanente cumplimiento.
En respuesta a Gestión, Salardi señaló que el trabajo relacionado al “shock desregulatorio” recién empieza y demandará un retador y permanente esfuerzo para el sector público y privado. “El seguimiento será permanente”, sostuvo.
Detalló que el Indecopi será un actor importante que estará sobre la mesa de las coordinaciones y seguimiento a estas medidas. “Si es necesario fortalecer a la entidad o darle más recursos, vamos a hacerlo porque, sin duda, es una inversión para el país”, enfatizó.
Por ejemplo, consideró que la implementación del silencio administrativo positivo permitirá fortalecer los equipos técnicos y generará resultados beneficios. También valoró el rol que cumplirán las Mesas Ejecutivas, espacios de coordinación público-privado, para reportar sus avances.
¿Qué impresiones deja este “shock desregulatorio”?
Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), indicó que hay una significativa expectativa por el impacto de esta desregulación del marco normativo.
“Estas medidas son fundamentales porque son un paso previo a la formalización, que es el resultado final, generando más trabajo y más”, señaló.
Cuantitativamente, recordó que el MEF espera que este plan dinamice el crecimiento de la economía hasta en un punto porcentual adicional. Con esto, podría alcanzar el 4%, considerando que el consenso se ubica en alrededor del 3%.
También agregó que un reto que debe afrontar el Gobierno, en el plazo más breve, es una coordinación más directa con las municipalidades, donde se concentra, mayormente, la sobrerregulación.
“Corresponde al Gobierno sentarse a conversar con los municipios y trasladar que [mayores normativas] están frenando el desarrollo del país. Lo que no se puede hacer es inventar más pasos para un trámite”, apuntó.
A su turno, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), consideró que la medida es positiva porque atiende, en primera instancia, un escenario de exceso de trámites, pero posteriormente debe apuntarse a los factores que explican que se pase a una etapa regulatoria.
“Se está apuntando a caminos correctos con las balas que se tienen, contemplando además que son sectores motores de la economía y emplean un gran número de personas, como la minería, construcción y pesca”, sostuvo.
Sin embargo, Gallardo enfatizó que hay aspectos pendientes para que se concreten los resultados esperados, como dotar de mayores condiciones (recursos, personal y otros) a entidades claves en la regulación como el Indecopi.
También observó los incentivos que se plantearon para las municipalidades, toda vez que desregularicen sus sistemas y vinculado a mayores asignaciones presupuestarias. Este panorama evidencia un fracaso del proceso de descentralización, puesto que tener un sistema eficiente debe ser una obligación de las municipalidades.
“Cuando hay anuncios de acciones de eliminación de trámites, las entidades siempre reclaman que no se puede hacer porque son un componente de ingresos recaudados y que se afecta su presupuesto”, recordó.
En la presentación del shock, Salardi anunció que, después de julio, se lanzaría un segundo paquete de medidas desregulatorias. “La idea es avanzar por etapas hacia un apagón normativo, pero es una labor multisectorial que se debe explicar a todos los sectores, sobre el por qué algunas regulaciones entorpecen las inversiones”, puntualizó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
