
En un momento en que el Congreso de la República discute proyectos de ley para limitar el rol del Servicio Civil (Servir) o derogar la Ley Servir, el Poder Ejecutivo publicó el proyecto de reglamento que crea la Plataforma Integrada para la Gestión Electrónica de Recursos Humanos (Pigerh).
Este sistema busca centralizar y transparentar la gestión de personal público, pero exige que más de 2,300 entidades del Estado adapten sus sistemas y capacidades tecnológicas.
¿Será posible implementar este modelo en todos los niveles de gobierno mientras se debate el futuro de la Ley Servir en el Congreso?

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¿Qué dice el proyecto de reglamento?
El reglamento establece la creación de la plataforma como un sistema obligatorio para todas las entidades y empresas públicas del Estado.
Esta plataforma busca centralizar la gestión del personal público a través de un legajo digital único para cada servidor civil, que contendrá información de identidad, formación académica, experiencia laboral, antecedentes y sanciones, acompañando al trabajador desde su incorporación hasta su salida.
En materia de procesos de selección, la plataforma deberá registrar las convocatorias, bases, resultados de evaluaciones y, como novedad, el audio y video de las entrevistas presenciales o virtuales, garantizando trazabilidad y transparencia.
Asimismo, almacenará documentos de gestión clave de las entidades como el Cuadro de Puestos, Presupuesto Analítico de Personal y Plan de Desarrollo de Personas, entre otros.
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El reglamento dispone que la plataforma interopere con otros sistemas del Estado, como los del Ministerio de Economía y Finanzas (Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público; Sistema Integrado de Administración Financiera), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (T-Registro; Planilla Mensual de Pagos), la Sunat, el Reniec, la Sunedu, el Poder Judicial y la Contraloría, entre otros.
De esta manera, se busca que la información de los servidores civiles pueda actualizarse en tiempo real mediante cruces automáticos de datos.
Se asigna a Servir la responsabilidad de diseñar, administrar y mantener la plataforma, emitir normas técnicas, capacitar a las oficinas de recursos humanos y aprobar un plan de implementación progresiva.
Las entidades deberán garantizar la veracidad de los datos que incorporen, proteger la confidencialidad de la información y adecuar sus sistemas tecnológicos para lograr la interoperabilidad.
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Articulación con la Ley Servir
Daniel Robles Ibazeta, socio de Robles Ibazeta Consultores, explicó que el proyecto de reglamento de la Ley N° 31742 “complementa el sistema de la Ley del Servicio Civil, ordenando la gestión de recursos humanos en planificación, evaluación de desempeño, compensaciones y resolución de controversias”.
Sin embargo, señaló que la aplicación de la Ley Servir ha enfrentado retrasos por la dispersión de regímenes laborales y la falta de un sistema efectivo de evaluación.
En la misma línea, Juan Valera, abogado laboralista, sostuvo que el reglamento “traduce en procesos tecnológicos los principios de meritocracia, transparencia y trazabilidad de la Ley del Servicio Civil”.
Advirtió que, si la norma fuera derogada por el Congreso, “quedaría sin base legal el sistema de legajo digital que el reglamento establece, porque se eliminan las disposiciones de mérito, evaluación y manejo de datos que habilitan su funcionamiento”.
Consolidación vs. cuestionamientos
Los abogados coincidieron en que el proyecto de reglamento refuerza el modelo de Servir en un momento de tensión política.
Mencionaron que la publicación refleja el choque entre la visión de profesionalización que impulsa el Poder Ejecutivo y la preservación de regímenes laborales que promueve el Congreso, lo que ha retrasado la implementación y fortalecido el uso del Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
Además, que mientras el Poder Ejecutivo dota a Servir de herramientas digitales, en el Parlamento varios proyectos buscan que las entidades transiten hacia regímenes distintos, como el Decreto Legislativo N° 728 (régimen privado). Esta dualidad, dijo, podría debilitar la arquitectura normativa que sostiene la plataforma.

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Riesgos de la centralización de datos
La creación del legajo digital único genera expectativas y preocupaciones. Robles destacó que permitirá fiscalizar mejor al personal y reducir contrataciones irregulares, aunque insistió en la necesidad de cautela para evitar exponer datos sensibles.
Valera coincidió en sus beneficios, pero alertó sobre los riesgos: un registro mal actualizado podría afectar el derecho de defensa en sanciones disciplinarias, y la automatización de filtros sin revisión humana abriría la puerta a discriminación.
Por ello consideró indispensable que Servir precise reglas sobre plazos de conservación y depuración de información.
En cuanto a la implementación, Robles Ibazeta remarcó que las diferencias entre entidades —incluso dentro de Lima— representan un obstáculo para la interoperabilidad y podrían reproducir los mismos retrasos que afronta la Ley Servir.
Valera coincidió en que los gobiernos subnacionales son los menos preparados para esta transición, y añadió que la plataforma exigirá altos estándares de ciberseguridad: desde encriptación de datos y autenticación multifactorial hasta auditorías periódicas y protocolos para reportar brechas. También alertó sobre el riesgo de que distintas entidades creen copias inseguras de la base de datos central.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.