
El cambio de Gobierno podría poner en pausa una de las reformas más ambiciosas del Estado: la implementación del régimen del Servicio Civil. A más de una década de aprobada la Ley N.º 30057, solo una fracción de las entidades públicas ha culminado su tránsito, mientras otras permanecen en distintas fases del proceso.
En medio del relevo presidencial y los proyectos del Congreso de la República que buscan modificar o incluso derogar la norma, surge la duda: ¿cuántas entidades realmente han avanzado y qué tan cerca está el país de consolidar un servicio público meritocrático y homogéneo?
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Entidades en tránsito a Servir
En junio, el presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Steve Valdivieso Payva, informó a Gestión que, tras la aprobación del Decreto Legislativo N.º 1602, el proceso de tránsito al régimen del Servicio Civil había acelerado su ritmo dentro del Poder Ejecutivo.
A esa fecha, 33 entidades habían culminado la primera fase del proceso y contaban con sus Cuadros de Puestos de la Entidad (CPE) aprobados, lo que representaba más de 20,000 posiciones organizadas bajo el nuevo régimen. Además, 10 propuestas adicionales con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaban pendientes de aprobación final por parte de Servir.
Cuatro meses después, en octubre, Servir actualizó las cifras del tránsito al régimen del Servicio Civil y las compartió con Gestión.
Según la información oficial remitida a este diario, 534 entidades públicas han realizado acciones vinculadas al proceso desde 2014 y 45 de ellas han culminado la fase 1, es decir, cuentan con su CPE aprobado. En conjunto, estas entidades concentran más de 25,000 posiciones estructuradas bajo el nuevo régimen.
La institución precisó que ha emitido 160 opiniones técnicas favorables a propuestas de CPE y que 120 entidades adicionales continúan en evaluación ante el MEF.
Además, a junio de 2025, se registran 3,948 servidores públicos incorporados formalmente al régimen, en un proceso que —según Servir— se desarrolla de manera progresiva y depende de la capacidad operativa y presupuestal de cada institución.
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Revisión del reglamento de compensaciones
En junio, el presidente de Servir señaló a Gestión que la entidad trabajaba con el MEF en una propuesta para actualizar el reglamento de compensaciones, vigente desde hace más de una década.
En su comunicación reciente, la entidad confirmó que mantiene la coordinación con el ministerio y que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha conformado un grupo de trabajo multisectorial para analizar los ajustes normativos en materia de compensaciones.
El objetivo, precisó Servir, es garantizar sostenibilidad y flexibilidad en el régimen, facilitando el tránsito de los servidores públicos sin afectar sus condiciones económicas.
Cabe recordar que una de las principales barreras del régimen es que un servidor que migra desde los regímenes Decreto Legislativo N° 276 o 728 puede percibir una remuneración menor, lo que desincentiva el tránsito hacia Servir.
En su momento, se había comentado que entre las medidas evaluadas estaban, por ejemplo, el pago de la CTS al cese y no mensualmente, así como la revisión de escalas remunerativas para puestos con brechas salariales, a fin de reducir presiones presupuestales y atraer perfiles técnicos.

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¿Impacto en Servir por el cambio de Gobierno?
Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, explicó que, aunque la norma establece un periodo de cuatro años para la presidencia ejecutiva de Servir, en la práctica se trata de un cargo de confianza política.
“Salvo los primeros presidentes, donde se respetó la autonomía institucional, en los últimos años no se ha mantenido esa distancia. Es un puesto político, sujeto a las vicisitudes del momento”, sostuvo.
Indicó que, a diferencia de instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), cuya conducción es más estable, la jefatura de Servir no está blindada frente a los cambios de Gobierno, lo que la hace más expuesta a relevos o decisiones de carácter político.
Por ello, consideró que la continuidad de la reforma dependerá del perfil que asuma el nuevo Ejecutivo. “Habrá que ver si se mantiene un liderazgo técnico o si se opta por un nombramiento político. Eso marcará la dirección del Estado en materia de gestión pública”, añadió.
Toyama advirtió que el contexto legislativo también condiciona el futuro de la reforma, debido a los proyectos de ley que buscan modificar o derogar la Ley del Servicio Civil. A su juicio, el desafío para el nuevo Gobierno será preservar el enfoque técnico y meritocrático que Servir ha sostenido durante los últimos años.
“Hasta ahora no se aprecia una voluntad política clara de impulsar que más entidades pasen al régimen Servir. Lo importante sería mantener una línea técnica, más allá de los cambios de autoridades, para que la modernización del Estado no pierda continuidad”, comentó.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.